Desesperación vecinal un mes después del derrumbe mortal en Badalona: "Voy a base de diazepam"

Este miércoles 6 de marzo se cumple un mes del derrumbe parcial del número 9 de la calle Canigó, en el barrio del Raval de Badalona. El colapso empezó en la cubierta y afectó a la zona de los comedores y habitaciones adyacentes del inmueble, que cedieron, planta por planta, desde el ático y hasta los bajos. El resultado inmediato, tres personas fallecidas. 

La mayoría de la docena de vecinos con los que ha podido hablar EL PERIÓDICO recuerdan el momento del derrumbe de la misma manera: como "un gran trueno" al que siguió algo que parecía "un terremoto". La ansiedad es la tónica general entre los vecinos durante este último mes, así como el uso de tranquilizantes, referido por varios vecinos: "Voy a base de diazepam, unos dos o tres al día, espero poder ir bajando", comenta un afectado. Otros, explican las visitas al psicólogo que ha facilitado el Ayuntamiento: "Es la primera vez que hablo con uno".

Hasta el momento, seis bloques han sido evacuados y alrededor de unas 120 familias se han quedado fuera de sus casas. El Ayuntamiento informa, contando a las del sexto desalojo de este miércoles, de que 10 familias se encuentran alojadas en pensiones de Badalona y de Santa Coloma de Gramenet. La Generalitat ha facilitado, por ahora, nueve pisos para alojar a los desalojados: "Cinco se adjudicarán este jueves día 6 y los cuatro restantes durante la primera quincena de marzo, ya que actualmente se están reformando", explica a este medio el tercer teniente de Alcaldía, Daniel Gracia.

Sara Blanco vivía en el número 7 y sintió el derumbe como si fuese en su propio edificio, "como un temblor que hizo vibrar toda la casa". Juan Recarey, superviviente del número 9, tiene grabado como "el suelo se movía bajo los pies". "El barrio está muy triste y preocupado y cada día que pasa es un revivir del derrumbe", sostiene Aida Camps, trabajadora de la peluquería Cris & Joan, situada en la misma calle Canigó, uno de los pocos establecimientos comerciales en esta zona, eminentemente residencial. Ese martes 6 de febrero la estampa de la calle Canigó mutó de manera drástica: "Esta calle antes era muy transitada y ahora solo ves policías, periodistas y vecinos con maletas cargando lo que pueden", describe Camps.

Al día siguiente, fuentes municipales explicaban que prácticamente ningún vecino de los dos bloques contiguos (el 7 y el 11) había dormido en su casa. Sara Blanco, sin embargo, aguantó dos noches. No en vano, el 14 de febrero, ocho días después, su bloque era el primero en ser evacuado: "Llevaba dos días sin dormir en casa porque tenía mucho miedo". A Sara el desalojo le pilló en casa, duchándose. Apenas le dio tiempo para agarrar el bolso, el móvil y la tableta. Esta vecina describía entonces como "traumática" su situación: "Hace que uno se replantee la poca importancia que tienen en la vida las cosas materiales".

Seis días más tarde, el 20 de febrero, se producía la segunda evacuación, del número 11. Una de las vecinas desalojadas era Yaiza Entrena, residente en los bajos de la finca: "Cuando he visto las luces azules a través de la ventana he pensado 'esto es serio'". Yaiza, como es habitual, solo pudo agarrar lo justo. Aún así, se mostraba optimista, con confianza en que la situación se normalizaría y podría volver pronto a casa. 

"Yo vivía aquí"

Más compleja se vislumbraba la situación de Ariadna Miranda, desalojada también del número 11. Con tres hijos (de 7 y 5 años los mayores y apenas unos meses la más pequeña), y un familiar de visita: "Desde el día del derrumbe estaba durmiendo fatal, con el corazón a mil cada vez que oía un ruido". La conversación con ella terminó aquel día de manera súbita, cuando una trabajadora del Ayuntamiento de Badalona la requirió para acabar de gestionar su estadía, y la de su familia, en el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB): "Nos dicen que tendremos que ir a un albergue en Barcelona, pero después no sé qué haremos".

Tres días después, Ariadna Miranda se pone en contacto con este medio para explicar cuál es su situación. Cuando se informaron de cómo era el albergue social al que les enviaban, decidieron que no pasarían ninguna noche allí: "Duermo con mis hijos en un sofá en casa de mi abuela; y mi marido en el coche porque no nos han ofrecido un alojamiento decente", se lamenta Miranda. En el piso donde se siguen alojando conviven nueve personas. Ariadna trabaja desde casa, por lo que necesita un sitio con, al menos, conexión wifi: "Yo no pido un alquiler, pido que me realojen hasta que podamos volver; el Ayuntamiento debería tener un albergue suyo para estos casos". 

Muchos de los días en que no ha habido evacuaciones, vecinos de las fincas desalojadas han tenido que desplazarse hasta la calle Canigó para recoger pertenencias. Es el caso de Sara Blanco, que ya habla de la vivienda que alquila en pasado: "Yo vivía aquí, pero estoy buscando un lugar para mudarme, no puedo seguir con esta inseguridad". Sara se despide preguntando a este periodista si conoce algún piso en alquiler por Badalona o alrededores "a mil euros o menos". Por el momento, tres semanas después del desalojo, no ha encontrado nada.

Una semana menos tardó la familia de Andrés (nombre ficticio) para decidir que se marchaban. Mala suerte, ya que habían planeado vender su vivienda, en uno de los bloques afectados, aunque no evacuados, de la calle Canigó: "Ya estábamos buscando tasador". Eso sí, tienen la suerte de tener un familiar que vive a dos calles. Andrés actúa "de manera preventiva" desde el 21 de febrero, llevándose pertenencias a cada rato: "Paso de que un día la Urbana me diga que tengo que sacar mis cosas en 20 minutos, no se puede".

Raquel Membreño se había desplazado a la zona el miércoles 21 para recoger sus cosas del 3° 4ª del número 7, y se encontró con el dispositivo que evacuó a los vecinos del número 5: "Cada día he de llevar a mis hijas a la escuela en Badalona desde el barrio de la Trinitat Vella". Allí les acoge una amiga, Milka Bueno, que le ha acompañado para poder cargar más enseres: "Esta gente necesita soluciones, no una palmadita en la espalda", denuncia. El piso de Raquel es de los más afectados, y está apuntalado desde que se ordenó su evacuación. Para esta vecina, mudarse no es una opción a la vista: "Con esos precios es imposible". A su lado se encuentra Julia Silva, su compañera de piso hasta el momento de la evacuación. A ella le acoge un familiar, pero la casa se hace muy pequeña porque viven cuatro personas más, además del perro: "Este mes no lo pagaremos, ¿no?", se preguntaba Julia, sin recibir respuesta.

Pagar la reforma para poder volver a casa

Una inquietud une a los que se hospedan en pensiones y a los que pasan los días en casas de amigos y familiares: ¿cómo afrontar las futuras rehabilitaciones, necesarias para poder volver a casa? "Nos hemos reunido con el Consorci Metropolità de l'Habitatge para trabajar en una línea de subvenciones y financiación ofrecida por el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), pero no descartamos encontrar otras vías ―explica el concejal Gracia―. De igual manera, la Generalitat debería valorar ayudas econónimicas extraordinarias, tal como hizo en el Turó de la Peira".

Este mismo miércoles, el AMB ha anunciado una ayuda de 600.000 euros (400.000 para los afectados por el desalojo del número 9-11 de la calle Pirineus de Santa Coloma de Gramenet) para cubrir los gastos de atención a las personas en situación de emergencia social producida por el derrumbe o desalojo.

Aun la predisposición que muestra el consistorio, muchos vecinos desconfían, y temen que tendrán que abonar ellos el coste total de las rehabilitaciones. David Enri, propietario de una vivienda en el nº7 de la calle Canigó, tira de analogía para describir sus sensaciones: "Nos dicen que nos tiremos a la piscina, pero no nos aseguran si hay agua o no".

Las previsiones del consistorio barajan que el proyecto de reparación tendrá un coste de 5.000 euros por comunidad, lo que equivaldría a 250 euros por piso, según publicó el concejal Gracia en la red social X. Sin embargo, ese no sería el coste total. El 16 de febrero, los vecinos del número 7 recibían el presupuesto de un estudio de arquitectura independiente, en que se lee que el coste aproximado por vivienda del refuerzo de la estructura de la finca asciende, en el peor de los escenarios, a unos 23.500 euros, sin contar con la licencia de obras (que podría sumar unos 16.000 euros más).

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