Albiol pone en marcha en Badalona la primera concejalía contra ocupaciones ilegales

La campaña de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo (28M) fue el clímax de la retórica antiocupación en las grandes ciudades catalanas. El epicentro del discurso radicó en las 'okupaciones' de la Bonanova, en Barcelona, donde la empresa de desahucios extrajudiciales Desokupa, secundada por Vox, Ciudadanos o Valents, hizo campaña contra Colau.

Pero el discurso político contra las ocupaciones, cuyo 'ranking' estatal lidera Catalunya pese a que registran este 2023 un descenso de casi el 12% en el contexto de España, no se agotó en Barcelona: los alcaldes de otras grandes ciudades de la región metropolitana como Badalona, Mataró, Sabadell o Santa Coloma de Gramenet también pusieron la cuestión en el foco.

"Manual 'paso a paso' frente a okupaciones": Albiol fía su mayoría absoluta al discurso antiocupación

El ejemplo paradigmático fue el de Xavier Garcia Albiol (PP), nuevo alcalde de Badalona. Ni 48 horas tardó este lunes el popular en hacer público el cartapacio de su nuevo gobierno municipal, que pone en marcha la concejalía contra ocupaciones ilegales que llevaba como promesa electoral estrella el 28M. Según fuentes municipales del Ayuntamiento de Badalona, se trata de un área pionera por ser "la primera concejalía contra ocupaciones de Catalunya y España".

Oficialmente denominada Área de Políticas contra las Ocupaciones Ilegales, tendrá asignado en exclusiva a un concejal propio, Daniel Aguilera (PP), y "se irá dotando progresivamente de personal", ratifican fuentes municipales de Badalona.

Albiol pregonó su implementación sobre todo en los barrios periféricos de Badalona, su histórico bastión (en el barrio de Pomar, por ejemplo, Albiol capitalizó el 70,13% del voto el 28M), incluso repartiendo un "manual 'paso a paso' frente a okupaciones" que el PP de Santa Coloma, precisamente liderado por un exconcejal de Albiol, replicó en campaña.

Está previsto, en la línea de lo que anunció el alcalde en campaña, que esta nueva concejalía cuente con una dotación presupuestaria de unos cinco millones de euros y con una Oficina de Atención específica, además de una nueva ordenanza municipal que desarrolle normativamente las políticas contra las ocupaciones ilegales.

Unidades policiales antiocupación

La nueva concejalía antiocupaciones de Badalona no es la única medida local de la cuarta ciudad más poblada de Catalunya que va en ese sentido. El Gobierno municipal anterior al de Albiol, conformado por PSC, ERC, Comuns y Junts, ya puso en marcha -precisamente para contraprogramar la precampaña del popular- una unidad policial antiocupación específica llamada 'Unidad Domus', que cuenta con un teléfono exclusivo para vecinos implicados en conflictos en torno a ocupaciones.

También Santa Coloma de Gramenet activó una unidad específica de su Policía local, la USIR (Unidad de Apoyo e Intervención Rápida). En este caso no está prevista en exclusiva para combatir las ocupaciones, pero es una de sus principales áreas de acción.

La estadística policial que maneja el Ministerio de Interior no distingue si las ocupaciones lo fueron por la vía del allanamiento de morada o por la de la usurpación de vivienda, que son dos figuras penales diferentes. No se hace esa distinción porque estas cifras se refieren a actuaciones policiales, y el delito se acaba determinando cuando lo ve el juez.

Según datos de la Fiscalía General del Estado, ahora bien, el 99,15% de estos casos son usurpaciones del derecho de uso del inmueble, o sea, la ocupación de una vivienda deshabitada sin el permiso de sus propietarios. El allanamiento, penetrar en una vivienda habitada, representa un exiguo 0,85% de la casuística.

Más allá de los datos, otros importantes alcaldes catalanes han secundado a Albiol en la lucha contra las ocupaciones. Es el caso de David Bote (PSC) o Marta Farrés (PSC), que acaban de revalidar las alcaldías de Mataró y Sabadell, quienes trasladaron hasta el Congreso de los Diputados para alzar la voz del mundo local contra las ocupaciones. Concretamente como voz de los municipios de la asociación Arc Metropolità (además de Sabadell y Mataró, Martorell, Vilafranca del Penedès, Terrassa, Rubí, Vilanova i la Geltrú, Granollers y Mollet del Vallès), en representación de los cuales pidieron el impulso de 'desalojos rápidos' de pisos ocupados en 48 horas.

La nueva ley catalana contra ocupaciones ilegales, ahora bien, habilita a los consistorios a impulsar desocupaciones en un plazo de 30 días en viviendas de grandes tenedores -más de 10 propiedades- ocupadas por inquilinos que generen conflictos en caso de que la propiedad no inicie acciones judiciales en dicho plazo. 

Los casos de Badalona, Mataró y Sabadell son paradigmáticos porque, pese a la caída de los registros estatales, los datos del 2022 las situaban como las grandes ciudades a más distancia de la media catalana de ocupaciones. Según datos de los Mossos d'Esquadra, el caso más extremo es Badalona, con 1.169,1 casos por cada 100.000 habitantes, más del doble que los 448,1 de Catalunya. En el caso de Mataró, existen más de 760 pisos ocupados por cada 100.000 habitantes, un 69% más que la media catalana.