El frenazo hipotecario del Supremo

No es una anécdota que el viernes los simuladores ‘on line’ de los bancos se colapsaran después de que el Tribunal Supremo (TS) anunciara en un comunicado que detenía la aplicación de la sentencia que, cambiando la doctrina en vigor, establecía que son los bancos los que tienen que pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) en la firma de las hipotecas, y no los clientes. La decisión del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, de dejar en suspenso las consecuencias del fallo porque suponen "un giro radical en el criterio jurisprudencial hasta ahora sustentado y habida cuenta su enorme repercusión económica y social” ha creado una situación de indefinición jurídica, ya que hasta que se pronuncie el pleno de la Sala Tercera las próximas semanas, ¿quién pagará los impuestos en las hipotecas que se firmen en España?

La sentencia del jueves causó una caída de la banca en la Bolsa. En sentido contrario, el frenazo del viernes se vio acompañado de una subida de las acciones de los bancos, que ya estaban buscando la fórmula de trasladar el aumento de costes a las condiciones de las nuevas hipotecas. Las (enormes) consecuencias del fallo se centraban en las hipotecas ya firmadas, pero como en todo cambio de doctrina impulsado por el TS, el sector ya se adaptaba a su aplicación. Eso sí, ya se auguraba una avalancha de demandas de clientes para reclamar el tributo, que grava la firma ante notario de las escrituras públicas y su inscripción en el registro, cedido a las autonomías y que oscila entre el 0,5% y el 1,5%, según la comunidad autónoma.

Ahora, todo queda en el aire. Expertos jurídicos sostienen que un cambio doctrinal de este calado es costumbre enviarlo directamente al pleno de la Sala Tercera, y no quedar circunscrito a los seis magistrados que forman la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso. En cualquier caso, las cuestiones internas del TS no explican ni justifican la inseguridad jurídicas creados primero con el fallo y después con la rectificación. Al margen de los perjuicios que a la banca y a los clientes pueda crear esta situación de ‘impasse’, el prestigio y la credibilidad del TS quedan dañados en un momento delicado para el tribunal. Cabe solicitar a los magistrados una pronta resolución que respete los derechos de los implicados.