El proceso soberanista llega a los tribunales

Las causas judiciales derivadas del proceso soberanista se han instruido (o todavía están instruyéndose) de forma rápida. Los primeros dirigentes políticos catalanes que se sentarán en el banquillo serán el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la 'exconsellera' de Educació Irene Rigau. Será del 6 al 10 febrero en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El motivo: la presunta desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) al impulsar la consulta alternativa soberanista del 9 de noviembre del 2014. Es posible que las sesiones vayan precedidas de movilizaciones, igual que pasó cuando declararon los tres investigados. Las defensas han pedido que declare en la vista el actual presidente del Gobierno, Mariano RajoyMariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Durante este año también podría celebrarse en el Tribunal Supremo (TS) el juicio contra el diputado Francesc HomsFrancesc Homs por los mismos hechos.

Cuando el magistrado del TSJC José Francisco Valls, instructor de la causa, dictó la apertura de juicio oral por el 9-N9-N lo hizo por desobediencia grave y prevaricación y no atendió la petición de las acusaciones populares, que solicitaban que se les juzgase también por malversación, un delito que conlleva la pena de cárcel. La fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos publicos para Mas y 9 años para Ortega y Rigau.

La resolución del juez, que recoge la tesis de la fiscalía, señala que, tras la prohibición de la consulta alternativa, Mas, "amparado simplemente en su voluntad", se abstuvo de suspender oficialmente la convocatoria y se "concertó" con los otros dos investigados para continuar con los preparativos del 9-N.

Los acusados, incide el auto, "eran plenamente conscientes" de que "quebrantaban" las decisiones del Constitucional y "decidieron generar la apariencia de que las actuaciones administrativas públicas se paralizaban y el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando, en realidad, no era así".

Las defensas reclaman la absolución en base a que sí interrumpieron los preparativos de la consulta alternativa y que "en atención al derecho de participación y de libertad de expresión que tienen todos los ciudadanos de Catalunya", el Ejecutivo catalán puso a su disposición "cierta infraestructura material" que fue utilizada "en todo momento" por parte de las personas que se presentaron como voluntarias.

EL OTRO PROCESO

Ante la celeridad que ha tomado el proceso judicial abierto también en el TSJC contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell,presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por presunta desobediencia al Constitucional al haber permitido que se votaran, el 27 de junio, las conclusiones de la comisión del proceso constituyente, es posible que el juicio contra ella también se celebre este año. Todavía está en fase de investigación y no hay fecha fijada.

En la querella, la fiscalía imputa a la parlamentaria haber actuado "con total desprecio a la Constitución de 1978" y la acusa de comportarse "dinamitando el sistema de distribución de competencias establecidas en el modelo territorial del Estado". Sostiene que la actuación llevada a cabo demuestra la "intrínseca arbitrariedad" con que Forcadell, en un "ejercicio desviado" de sus funciones públicas, permitió la votación, a la vez que reseña que la actuación de la presidenta fue encaminada a "desvincular" a Catalunya del "sistema constitucional". Además, subraya que las conclusiones aprobadas tenían como "finalidad" abrir un proceso constituyente, "concretando un plan preciso para la secesión".

"UN ACTO POLÍTICO"

"Si en la calle se puede hablar de la independencia, ¿por qué no en el Parlament?". Así se expresó Forcadell ante la jueza del TSJC Maria Eugènia Alegret, que investiga la presunta desobediencia. La presidenta del Parlament, que se limitó a responder a las preguntas de su abogado, defendió que permitió votar las conclusiones porque era un "acto político", sin valor jurídico. Detalló que el debate sobre las conclusiones lo propusieron dos grupos parlamentarios (Junts pel Sí y la CUP) y, como marca el reglamento de la Cámara, ella no podía impedir la votación. "Actué correctamente y de acuerdo a la legalidad", explicó a la jueza. También se escudó en dos informes jurídicos que, a su entender, avalan la legalidad de esa decisión.