Un informe legitima que el Ejército intervenga en caso de una secesión unilateral de Catalunya

Un estudio del Instituto de Estudios Económicos (IEE) elaborado por el catedrático de análisis económico de la UAB, Clemente Polo, legitima el recurso al Ejército en caso de una secesión unilateral de Catalunya. Las consecuencias serían la ilegalización de los partidos que apoyasen la eventual independencia, la entrada en prisión de sus líderes y la clausura del Parlament.

El documento, incluido en la segunda parte del último análisis del IEE sobre la "cuestión catalana", se titula 'Panorámica del argumentario economicista a favor de la independencia de Catalunya: mitos y realidad', y lo han presentado este jueves su autor y Ángel de la Fuente, nuevo director de Fedea, en el Círculo Ecuestre.

En su escrito, Polo sostiene que es "más probable" que el Govern y el Parlament acaben por declarar la independencia unilateralmente que sostener que el Gobierno español aceptaría la secesión. Añade que, "abortada la secesión, encarcelados sus líderes e ilegalizados los partidos políticos que la apoyaron, se abriría un período transitorio durante el cual el Estatut quedaría en suspenso y las competencias transferidas volverían a manos del Gobierno".

Rajoy, como Linconln

"¿Por qué considero que es este último el escenario más probable? No solo porque Rajoy, como Lincoln en 1861, juró solemnemente guardar y hacer guardar la Constitución y ha reiterado ese compromiso en multitud de ocasiones, sino porque existen poderosas razones económicas y sociales para que el Estado adopte las medidas necesarias para impedir la secesión de Catalunya", apunta Polo.

Según argumenta, la Carta Magna española, al igual que la de EEUU, prevé la intervención de las Fuerzas Armadas para garantizar la integridad territorial, y añade: "En caso de insurrección armada, el Gobierno español tendría que adoptar las medidas necesarias para suprimir el levantamiento, como ya ocurrió en la Segunda República". Asimismo, subraya que "la legalidad internacional avala por tanto al Estado español para adoptar las medidas necesarias que garanticen su integridad territorial".

El autor sostiene que si Catalunya tiene una renta per cápita "muy superior" a la media española es porque "desde al menos el primer tercio del siglo XIX hasta 1992" se ha beneficiado de los aranceles y otras barreras establecidas en España, un proteccionismo que "les permitía vender en España sus productos a precios superiores a los que habrían pagado el resto de los españoles en caso de haberlos importado de Alemania, del Reino Unido o de Francia".