¿Dónde tributaríamos?

¿A quién pagarán los impuestos los ciudadanos de una república catalana proclamada unilateralmente? El objetivo es que sea a la Agència Tributària de Catalunya (ATC), surgida del Estatut del 2006, y que ahora solo recauda los tributos propios de la Generalitat y los cedidos totalmente (sucesiones o ITP), unos 2.500 millones. Pero será difícil que así sea.

En el marco jurídico actual, solo unos cientos de particulares, empresas y ayuntamientos liquidan todos los tributos -incluidos el IRPF y el IVA, que corresponden a la agencia estatal (AEAT)- a la entidad catalana. Si pagan en plazo, la ATC, el embrión de la Hacienda propia, transfiere los fondos al Estado y todo se queda en un acto simbólico y reivindicativo.

Pero en el supuesto de una ruptura abrupta de relaciones, la normativa fiscal quedaría flotando entre dos marcos jurídicos, uno de un país reconocido internacionalmente, y otro creado por un Estado autoproclamado como tal.Apenas hay precedentes de una situación similar.

En todo caso, a ojos de la Agencia Tributaria estatal, ciudadanos y empresas serían insumisos y deudores si dejaran de liquidar los impuestos como el IRPF o sociedades. ¿Y el nuevo Estado les reclamaría lo que pagaran a España por obligación legal? Podría intentarlo, pero el propio Consell Assesor per a la Transició Nacional (CATN) admite en uno de sus informes que con una secesión sin acuerdo Catalunya requeriría 5.000 millones mensuales (incluyendo las pensiones) para cubrir sus nuevos gastos y ya se plantea obtener a través de bonos patrióticos lo que no conseguiría con impuestos.

Las empresas, además de seguridad jurídica homologable internacionalmente, «quieren pagar lo mínimo posible dentro de la ley y, en todo caso, no hacerlo dos veces», afirma un portavoz patronal. Eso significa que prefieren lo seguro legalmente a lo incierto. Ante el riesgo de sanciones que deberían pagar de su bolsillo, las empresas, como los ciudadanos, suelen liquidar los impuestos de forma que puedan evitarlas o ante la Administración que tiene la competencia sobre los mismos, aunque sea a regañadientes, dicen los asesores fiscales.

En cuanto a las responsabilidades, las normas españolas son claras para el contribuyente y la Administración incumplidora: pagar donde no corresponde no libera de la obligación, o sea, es igual que no pagar. El reglamento general de recaudación afirma que «los pagos realizados a órganos no competentes para recibirlos o a personas no autorizadas no liberan al deudor de su obligación de pago, sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden en que incurra el perceptor que admita indebidamente el pago». Eso se traduce en recargos y multas.

Años de negociaciones

Pero es que además están los convenios de doble imposición, que permiten que una compañía pueda deducirse en su país de origen lo pagado en los estados donde opera y que tienen convenio, alertan los asesores fiscales. España los tiene. Catalunya como Estado nacería sin estos acuerdos, que tardan años en negociarse y que son esenciales para atraer inversiones extranjeras.

La meta final del Ejecutivo catalán es recaudar todos los impuestos. Para tener una idea de la cifra, la AEAT recaudó en el 2014 en Catalunya unos 36.000 millones de euros. Además están los tributos propios y cedidos a la Generalitat.

Pero de los grandes tributos estatales solo se queda en el territorio una parte: El 50% del IRPF y el IVA o el 58% de los especiales. Primero a través de anticipos, y con liquidaciones dos años más tarde, que pueden obligar a las autonomías a devolver dinero si el Estado fue optimista en sus previsiones. El resto regresa a través de inversiones y gastos del Estado, plasmados en las balanzas fiscales, con un déficit para Catalunya que va del 7,7% del PIB en el 2011 al 3,75% en el 2012 con el nuevo método de Hacienda. En todo caso, es un desfase muy enquistado. Por ser una autonomía rica, según unos, o por exceso de solidaridad, según otros.

El CATN estima que, con la presión fiscal actual, el nuevo Estado dispondría de entre 40.000 y 50.000 millones anuales, el doble que en marco autonómico actual. Pero eso sería si todo el mundo se fiara ciegamente de las normas del nuevo Estado aún no reconocido internacionalmente y pagara solo a la ATC sin temor a no hacerlo a la Hacienda española. Puede que no sean mayoría quienes estén dispuestos a cargar con esa factura, avisan los expertos.