Con la independencia, ¿se podría pagar el paro?

En el caso de que Catalunya accediera a la independencia de forma no pactada, ¿quién pagaría cada mes la prestación a los desempleados? ¿Cómo se gestionaría el sistema catalán de protección por desempleo? Son preguntas de gran importancia ante un reto político, económico y social de primer orden que en el 2014 supuso una factura de casi 4.000 millones de euros en prestaciones abonadas a unas 350.000 personas. Con una declaración unilateral de independencia (DUI)declaración unilateral de independencia , el pago de la prestación se vería seriamente comprometido, especialmente si el Inem corta el grifo. El escenario de una DUI se produciría, además, en un momento especialmente delicado ya que la tasa de paro se encuentra en niveles muy elevados, de alrededor del 20% de la población activa en Catalunya tras años de crisis.

Además, el sistema podría encarecerse debido a la incertidumbre que podría generar el proceso. Así lo considera el profesor de Economía de la UB y experto en mercado laboral Joan Antoni Alujas, quien considera que existe el riesgo de que «una caída del PIB y la destrucción de puestos de trabajo como consecuencia de los efectos económicos, al menos a corto plazo, de la independencia» incremente el coste en prestaciones de paro para Catalunya.

La gestión de las prestaciones de paro es una competencia del Estado español ante la necesidad de mantener la caja única del subsidio de desempleo y de las pensiones para mantener el Estado del bienestar. Actualmente rige un modelo mixto competencial y de gestión en las 70 oficinas del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

Los miles de parados que acuden a diario a una de esas oficinas pasan primero por la ventanilla de los técnicos de la Generalitat que configuran su perfil de demandante de empleo y, a continuación, por la mesa del personal a las órdenes del Servicio Público de Empleo (Sepe) dependiente del ministerio que tramita la orden de pago de la prestación de desempleo. Es decir, que un parado catalán necesita el sello de la Generalitat para cobrar, pero le paga el Gobierno central.

En el supuesto de que Catalunya realizara una DUI no queda claro cómo se ingresarían las cotizaciones de las empresas en las arcas de la Generalitat, cuando todos los sistemas actualmente llevan a tributar directamente a las arcas del Estado, según explican los expertos consultados.

Al no realizarse una negociación con el Gobierno central, las empresas seguirían manteniendo el mismo sistema que rige actualmente y resulta poco probable que la caja única del Estado dejara de ingresar las cotizaciones por desempleo de los trabajadores ante una insumisión individual o colectiva.

En el caso hipotético de que el Govern lograra ingresar estas cotizaciones, el sistema social catalán tendría que asumir los abultados agujeros generados desde que comenzó la crisis, advierte Francesc Castellana, presidente de la fundación Utopía y exdirector del SOC. «Si no hay acuerdo, el nuevo sistema de desempleo catalán tendría que asumir el déficit con una economía potente o recortando el gasto», explica Castellana. Los ingresos por cotizaciones en materia de seguro de desempleo están, según Castellana, en una horquilla de 3.500 a 3.800 millones que no cubrirían el gasto de 4.000 millones.

El escenario hoy por hoy improbable del pacto lleva al Consell Assessor per a la Transició Nacional de la Generalitat a prever que las prestaciones por desempleo se integren en la nueva Agència Catalana de Seguretat Social, junto con las pensiones. La agencia, cuya constitución está prevista en los presupuestos de la Generalitat del 2015 con una partida de 700.000 euros, debería tener una plantilla de 4.000 empleados, con un gasto en personal de 130 millones, y una red de 200 oficinas, incluyendo las del SOC.

SUPERÁVIT, SEGÚN EL GOVERN

«En la primera etapa de la constitución del nuevo Estado -indica el libro blanco-, la actividad del Gobierno en esta materia se tendría que regir por el principio de continuidad. A medio y a largo plazo se tendrían que ir introduciendo las mejoras exigidas por los estándares internacionales y europeos». Un reciente estudio de la Conselleria d'Economia de la Generalitat destacaba que Catalunya es una contribuyente neta a la Seguridad Social, incluyendo pensiones y prestaciones de paro, con un saldo positivo de 24.774 millones entre 1995 y el 2010.