Los detractores del plan para regular la prostitución alertan a Colau del efecto llamada

El efecto llamada. Esa puede ser la consecuencia imprevista del cambio de rumbo que la alcaldesa Ada Colau quiere impulsar en materia de prostitución y que se sustenta en dos pilares, la supresión de la política de multas disuasorias y la creación de locales en los que ese intercambio de sexo por dinero se pueda ejercer en condiciones de seguridad. Es la advertencia, al menos, de los dos grupos de la oposición que en el pasado ocuparon la alcaldía, el PSC y CDC. Según el socialista Jaume Collboni y la convergente Francina Vila, Barcelona debería mirar al norte antes de dar un paso en falso, tomar como referente a Suecia, un modelo prohibicionista, y no a Holanda, donde la estrategia de la tolerancia ha tenido consecuencias estadísticas muy reveladoras. “En Ámsterdam solo un 1,5% de las prostitutas son holandesas”, subraya Vila. Es decir, se ha consumado allí el efecto llamada. Es una meca, para prostitutas y, también, para proxenetas.

“Yo era partidario de legalizar la prostitución”, reconoce Collboni. “Ya no. Me sacaron de mi error algunas de mis compañeras de partido”, añade. El PSC, efectivamente, ha navegado sin un norte claro durante años. Fue la socialista Montserrat Tura, en su etapa como ‘consellera’ de Interior, la que con más firmeza trató de regular la prostitucón, además en términos no muy distintos a los que ahora propone Colau. El plan murió en un cajón, no por culpa de la oposición política en el Parlament, sino porque provocó un debate interno en el propio partido socialista del que, en cierto modo, procede la posición que ahora defiende Collboni.

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EL TIRÓN DE LA FIRA

“El problema de regular la prostitución es que se termina por dar alas a aquello que se quiere combatir”, sostiene el concejal. Considera, pues, que la buena intención es desaconsejable, y más en Barcelona, porque con su tirón turístico, unas medidas como las que propone Colau podrían etiquetar internacionalmente la ciudad como una nueva Ámsterdam. Eso, en cualquier caso, poco o mucho ya sucede. La prueba es que las grandes citas de La Fira, como el Mobile World Congress, conllevan un desembarco de prostitutas procedentes de otras latitudes, algo que se supone que saben buena parte de los congresistas.

Desde el punto de vista político, la situación es realmente singular. Colau negocia un acuerdo de estabilidad con Collboni y, cuando más inminente parece un pacto, alcaldesas metropolitanas, varias de ellas socialistas, firman de forma conjunta un manifiesto en contra de la regulación que estudia llevar adelante Barcelona en materia de prostitución. El jefe de filas de los socialistas en la capital puntualiza, sin embargo, que esto no será un obstáculo para el acuerdo, si es que llega a formalizarse. “Cada cual mantendrá su posición, aunque sea discrepante”. Es más, cara al próximo pleno municipal del 1 de abril, el PSC propondrá, probablemente sin éxito por falta de apoyo, que se dé curso a una declaración institucional para que Barcelona se adhiera a la red de ciudades libres de tráfico de mujeres y niños destinados a la prostitución. Es obvio que el actual equipo de gobierno no está a favor de ese tráfico, pero en la defensa de esa declaración intitucional el PSC afirma, además, que cualquier permisividad o tolerancia es un paso atrás en las políticas de igualdad.

EL PRECEDENTE DE LOS MANTEROS

La postura de Convergència es casi totalmente coincidente con la del PSC, salvo en un aspecto. Los convergentes modificaron las ordenanzas durante el anterior mandato, con Xavier Trias como alcalde, para que la Guardia Urbana pudiera multar tanto a las prostitutas como a los clientes. Los socialistas creen que con multar a los clientes bastaría, que las mujeres son el eslabón débil de la cadena. Sin embargo, según la concejala Vila (por cierto, una más de las firmas del manifiesto de las alcaldesas metropolitanas) realizar esa concesión es un error. Entiende que las sanciones a las prostitutas de la calle no pondrán fin al problema. A menudo son multas que no terminan de cobrarse, admite. Pero cree que así se envía un claro mensaje, visto que “un 80% o más de las prostitutas de la ciudad son extranjeras, tal y como concluyó una radiografía que encargó el anterior equipo de gobierno”. Evidentemente, lo que CDC y PSC plantean no es que la prostitución autóctona sea mejor que la extranjera. Lo que plantean no es un debate cualitativo, sino cuantitativo. El efecto llamada suele ser a menudo incontrolable. El caso de los manteros sería un referente a tener en cuenta. 

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El de la prostitución, en definitiva, es el guadiana de los debates municipales y, además, con una característica muy peculiar, que hace aflorar choques de pareceres en el seno de los partidos políticos. Montse Benedí, concejala de Esquerra, reconoce que personalmente se alinea en el frente abolicionista, pero incluso así considera acertada la decisión de ERC de “regular la prostitución para aquellos casos de mujeres que la ejercen libremente”. El partido de Benedí, como BC y la CUP, votó a favor de la moción presentada por Ciutadans que ha dado pie a los cambios normativos que plantea Colau. Recuerda la republicana, pero, que esta no es una competencia municipal. Un ayuntamiento como el de Barcelona puede mejorar la red de servicios sociales que atienden las necesidades de las prostitutas o, mejor aún, ayudar a aquellas que buscan una reinserción laboral distinta, pero son la Generalitat y el Gobierno central las administraciones realmente competentes en esta materia. Y, como puntualiza Collboni, los prostíbulos son legales en Catalunya porque así lo aprobó CiU.