ANTE UNA POSIBLE DUI
CaixaBank hace efectivo el traslado de su sede a València
El consejo del banco confirma su decisión una vez publicado en el BOE el decreto que facilita los cambios de domicilio social
Agustí Sala
Redactor jefe de Economía
Además de El Periódico, trabajé de 1989 a 1990 en La Economía 16, como responsable de Economía en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; en la sección de Economía de TVE Catalunya de 1987 a 1989, en Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 y en el Diari Menorca, de 1983 a 1985 y Radio 80-Menorca. Además la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), tengo un posgrado en dirección general (PDG) 2011-2012y un curso de Márketing Digital y Redes Sociales por la EAE Business School
Agustí Sala / Barcelona
El consejo de administración de CaixaBank ha hecho efectiva este sábado la decisión tomada ayer por su consejo de administación de trasladar la sede social a València.
La ratificación se ha producido después de que el boletín oficial del Estado (BOE) haya publicado el real decreto ley que facilita aún más el cambio de sede de las compañíascambio de sede de las compañías.
El primer banco de Catalunya no es el primero que opta por esta medida para evitar las inseguridades jurídicas de una posible declaración unilaeral de independencia (DUI) en Catalunya. Anteriormente lo hizo el Banc SabadellBanc Sabadell, que ha fijado su domicilio social en Alicante. Otras muchas empresas, como Gas Natural, ha tomado esa decisiónGas Natural.
El consejo de administración del banco ha decidido "por unanimidad" trasladar la sede a la calle Pintor Sorolla, 2-4, de València, que es la sede actual del Banco de Valencia, entidad absorbida por CaixaBank durante la crisis financiera. A su vez se da nueva redacción a los estatutos sociales del banco para adaptarlos a la reforma aprobada poir el Gobierno en la ley de sociedades de capital.
La entidad financiera, la primera de Catalunya, fundamenta su decisión en la "la protección de sus clientes, accionistas y empleados, y con el objetivo de salvaguardar plenamente la seguridad jurídica y regulatoria consustancial al ejercicio de su actividad".
También lo enmarca en "la actual situación política y social en Catalunya".
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