EFECTOS DEL PROCESO DE INDEPENDENCIA
El Gobierno reduce al mínimo los trámites para cambiar de domicilio social
Los traslados solo deberán pasar por la junta de accionistas si los estatutos sociales establecen que no puede hacerlo el consejo de administración
Agustí Sala
Redactor jefe de Economía
Además de El Periódico, trabajé de 1989 a 1990 en La Economía 16, como responsable de Economía en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; en la sección de Economía de TVE Catalunya de 1987 a 1989, en Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 y en el Diari Menorca, de 1983 a 1985 y Radio 80-Menorca. Además la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), tengo un posgrado en dirección general (PDG) 2011-2012y un curso de Márketing Digital y Redes Sociales por la EAE Business School
Agustí Sala / Barcelona
Aún más fácil y rápido. El Gobierno ha aprobado un decreto para reducir al mínimo los trámites para el cambio de domicilio social de las empresas. Con la entrada en vigor de la norma, las compañías no tendrán ni siquiera que someter a su junta de accionistas ese tipo de decisiones, aunque así lo establezcan sus estatutos sociales.
La norma establece que "solo si existe una declaración expresa en contrario por parte de los estatutos de la sociedad, no será el consejo de administración el competente para aprobarlo". La medida facilita los trámites a compañías como CaixaBank o a Gas Natural.
La reforma de la ley de sociedades de capital del 2015 facilitó ya este tipo de modificaciones al establecer que el traslado de domicilio social dentro de España podía acordarse solo con el visto bueno del consejo de administración. La única limitación era que los estatutos sociales lo condicionaran a la ratificación por la junta de accionistas.
El Ejecutivo central afirma que "la extraordinaria y urgente necesidad de la medida viene justificada por la exigencia de garantizar la plena vigencia del principio de libertad de empresa así como de respetar la prohibición de adoptar medidas que obstaculicen la libertad de establecimiento de los operadores económicos, ambos preceptos recogidos en la Constitución". A su vez responde "a la demanda de amplios sectores empresariales ante las dificultades surgidas para el normal desarrollo de su actividad en una parte del territorio nacional".
Presiones del Gobierno
Estos cambios normativos han sido criticados por el Govern. El 'vicepresident' Oriol Junqueras, durante una entrevista en Catalunya Ràdio ha considerado que el decreto del Ejecutivo central demuestra las presiones a las que están sometiendo a muchas empresas.
Además del Banc Sabadell, que ya ha decidido trasladar el domicilio social a Alicante, CaixaBank ha acordado lo propio y ubicarlo en Valencia. Otras compañías como Gas Natural, la aseguradora Catalana Occident o Freixenet se reservan la posiblidad, la igual que Codorniu. Otras empresas como la biotecnológica Oryzon o la textil Dogi ya han decidido cambiar su sede social.
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