El Gobierno da marcha atrás y no reclamará las ayudas a Volkswagen

El caos generado por el Volkswagengate vive cada día un nuevo episodio para estupor de los consumidores españoles que todavía desconocen a día de hoy si los coches Seat, Volkswagen, Audi o Skoda que conducen están equipados con un motor diésel trucado para disimular la contaminación. Después de que el pasado martes el Ministerio de Industria confirmara su intención de reclamar a la marca la devolución de las ayudas públicas del plan PIVE, que van a cargo de los Presupuestos del Estado, ayer el titular de esta cartera, José Manuel Soria, se retractó tras una reunión de los ministros de Industria de la Unión Europea (UE) en Luxemburgo .

El ministro español, que ayer se reunió con el vicepresidente mundial de Volkswagen, aclaró que que el fraude de los motores trucados afecta a las emisiones de óxido de nitrógeno (conocido popularmente como carbonilla) y no a las de dióxido de carbono (CO2) por lo que la medida podría no tener finalmente ningún impacto en las ayudas a los vehículos eficientes concedidas en el marco del plan PIVE porque servía para premiar solo las bajas emisiones de CO2. Es decir, que pese al fraude, la multinacional podría librarse de tener que devolver hasta 1.000 euros por vehículo.

El grupo Volkswagen ha vendido en España 683.626 vehículos de sus marcas equipados con motores diésel EA 189 UE 5, trucados para que en los tests de emisiones diesen resultados inferiores a sus emisiones reales. De la cifra total comercializada en España, 257.479 eran de la marca Volkswagen, 221,783 de Seat, 147.095 de Audi, 37.082 de Skoda y otros 20.187 son vehículos comerciales de Volkswagen. Seat informó ayer que en Portugal hay 23.000 coches de la marca con motores manipulados, que se suman a los 53.761 de Volkswagen, a los 31.839 de Audi y a los 8.800 de Skoda.

AYUDAS POLÉMICAS/ Fuentes del grupo Volkswagen aclararon ayer que la devolución de las ayudas del plan PIVE presenta problemas jurídicos por dos motivos. En primer lugar, porque va dirigida a un tipo de emisiones concretas, que son las de CO2. En segundo lugar, porque los 1.000 euros por vehículo no se dieron a las empresas del consorcio alemán, si no que estos importes  se descontaron directamente al comprador en el concesionario.

Esta tesis fue suscrita ayer por Soria, quien afirmó que siguen estudiando jurídicamente la posible devolución, pero que el destinatario eran los compradores, no la fábrica. «Si se les han dado no vamos a plantear nunca la devolución de las ayudas porque han sido compradores de buena fe», añadió.

RESPUESTA EUROPEA/ Según el Gobierno español, Europa debe ahora dar soluciones europeas y adoptar medidas armonizadas porque se trata de un problema global. «No espero que haya medidas nacionales porque es un problema europeo», advirtió Soria desde Luxemburgo.

Pero la respuesta de Europa ayer fue tibia. La reunión de los 28 ministros de Competitividad e Industria de la Unión Europea se saldó sin ningún tirón de orejas ni a Alemania ni a Volkswagen. La comisaria responsable de Industria y Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, insistió en que Bruselas no cuenta aún con la información necesaria para establecer una «visión de conjunto» del caso. Por ello, pidió a todos los Estados miembros que investiguen el alcance de la manipulación en su territorio, siguiendo el ejemplo de Francia, Italia y Alemania.

Pese a ser preguntada varias veces en una rueda de prensa, la comisaria eludió dar cifras del número de casos en la UE y no quiso aclarar si hay más fabricantes implicados en el fraude. «Para recuperar toda la credibilidad hay que estar seguros de lo que pasa en el sector europeo. No tengo pruebas de que haya otros fabricantes implicados», zanjó.

En cualquier caso, los ministros han querido enviar la señal de que van a hacer todo los posible para agilizar la negociación y entrada en vigor de las nuevas normas europeas, que incluyen test en condiciones reales de carretera. Bruselas confía en que la presión social por el escándalo que afecta a Volkswagen sirva para acelerar dichas normas, cuya última fase estaba siendo «frenada» por algunos Estados miembros, incluido Alemania, en las negociaciones a Veintiocho. Bruselas espera contar con la información completa de la incidencia de la manipulación en todos los Estados miembros en la próxima reunión de ministros de Competitividad, prevista para finales de noviembre.

INVESTIGACIÓN / Todo apunta a que la crisis de Volkswagen va para largo. Ayer el consorcio alemán pronosticó que las investigaciones de la manipulación de motores diésel durarán varios meses y canceló la junta general extraordinaria de accionistas prevista para el 9 de noviembre. «No será realista proporcionar respuestas bien fundadas que cumplan las expectativas de los accionistas para esa fecha», informaron ayer fuentes del grupo.

Al menos 11 millones de vehículos del grupo en todo el mundo se fabricaron con un software que manipula a la baja los datos sobre gases contaminantes, un engaño que admitió VW después de que las autoridades estadounidenses lo hicieran público el pasado 18 de septiembre.