La Generalitat denuncia ante la Audiencia Nacional el sistema de límites de los alquileres del Estado

El Govern de la Generalitat ha interpuesto este miércoles un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que fija un sistema estatal de referencia de precios de alquiler de vivienda y que sirve para regular el tope máximo que deben pagar los inquilinos. Este contencioso se presenta después de que el pasado 5 de abril la Conselleria de Territori enviara un requerimiento previo al ministerio para que subsanara dicha resolución. Lo que pide la Generalitat es la combinación del sistema estatal y el índice catalán, tal y como ya se había acordado en las negociaciones previas. Un mes después y sin que el ministerio haya dado respuesta, Territori ha elevado la cuestión a la Audiencia Nacional para que se pronuncie al respecto, tal y como marca la normativa reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

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La consellera Ester Capella ha recordado, en una comparecencia ante los medios de comunicación, que la normativa actual obliga al Estado a aplicar el índice por ámbitos territoriales; a tener en cuenta los sistemas de índices que pudieran existir previamente en las comunidades autónomas -como es el caso de Catalunya- y a velar por la coordinación en la aplicación de ambos sistemas. Lejos de eso, la resolución del ministerio, publicada en el BOE el 15 de marzo de este año, solo contempla la creación de un único sistema estatal de índices. Este indicador debe ser el instrumento que determine el alquiler máximo que los propietarios de pisos podrán pedir a sus inquilinos y, por tanto, la herramienta básica para contener las subidas de precios del mercado de alquiler.

"Por ámbitos territoriales"

El propio texto de la resolución determina que la aprobación del sistema estatal de índices debe realizarse "por ámbitos territoriales". Sin embargo, no incluye ninguna aplicación territorial ni tiene en cuenta los índices de referencia que ya pudieran existir en alguna comunidad autónoma ni ningún mecanismo de colaboración entre los distintos índices. Esta ausencia comporta una vulneración de toda la normativa estatal vigente. "El índice catalán da respuesta las necesidades reales de Catalunya, y además cumple perfectamente la ley española de vivienda", ha subrayado Capella.

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"Al final el estado incumple sus propias leyes, no solo porque invade competencias de la Generalitat, sino porque la propia normativa lo dice y así estaba pactado", ha lamentado la consellera. "Lo inaudito es que a nuestro requerimiento previo, nos enviaron una carta diciendo que para ellos la prioridad es la vivienda de uso turístico, un asunto en el que Catalunya ha hecho también los deberes y ya va por delante", ha agregado la titular de Territori.

La Generalitat no reclama medidas cautelares en su recurso, "porque Catalunya sí quiere que se aplique una contención de rentas". Y mientras tanto, el departamento trabaja en la memoria sobre las zonas de mercado tensionado, "no tarden en aprobarlas y lo hagan de modo inmediato como se comprometieron a hacer".

El modelo pactado -y que no ha quedado recogido en la resolución publicada en el BOE- establecía que cuando el índice catalán se sitúe dentro del rango establecido por el estatal (entre el inferior y el superior), el límite del precio del alquiler será siempre el que determine el índice autonómico. En cambio, cuando el índice catalán se sitúe fuera del rango fijado por el estatal, se aplicará el rango superior o inferior estatal en función del valor que esté más cercano al índice autonómico.

El ministerio defiende su modelo

La principal objeción del Ministerio de Vivienda a la petición que le hace la Generalitat es que "los sistemas autonómicos no pueden servir para regular aspectos básicos de competencias exclusivas del Estado", como son, a su entender, los precios de los alquileres. "Además -agregó el departamento que dirige Isabel Rodríguez en respuesta a Capella- "de esta manera, se da seguridad jurídica al sistema y se evitan recursos por competencia que podrían impedir su aplicación siendo con ello perjudicados muchos ciudadanos que continuarían sufriendo precios abusivos en sus alquileres".