El debate sobre la municipalización de servicios y la tensión entre grupos marca la campaña de las municipales en Terrassa

Después de convertirse en la primera ciudad catalana de más de 20.000 habitantes en municipalizar el servicio de abastecimiento de agua potable, Terrassa afronta de cara a los próximos cuatro años retos como la mejora de la calidad del agua o la revisión de las tarifas. Ahora, las fuerzas políticas progresistas locales quieren ir más allá y abren la puerta a gestionar de forma directa servicios como los transportes o los comedores escolares.

El camino iniciado por Terrassa lo quieren seguir diversas poblaciones catalanas durante los próximos años. Es el caso de Girona, Salt y Sarrià de Ter, donde el mandato se ha cerrado con la gestión de la empresa mixta Agissa, llevada a los tribunales por supuestas irregularidades. La mayoría de partidos gerundenses se han comprometido a que el servicio sea 100% público cuando termine la concesión, en el año 2020.

Más municipalizaciones

De la misma manera que ya hizo el actual alcalde de Terrassa, Alfredo Vega (PSC), en una entrevista con EL PERIÓDICO en defensa del modelo de gestión directa del agua, el exalcalde y candidato de Tot per Terrassa, Jordi Ballart, ha afirmado a ACN que no se arrepiente de haber iniciado el camino hacia la municipalización del agua -que ha acabado poniendo en marcha el actual Gobierno- e incluso abre la puerta a analizar si es necesario internalizar más servicios como los transportes públicos. "Hay una competencia feroz de multinacionales del sector y estos tema puede acabar en los tribunales por muchos años si optamos por un nuevo concurso".

Xavi Matilla, cabeza de lista de Terrassa en Comú (TEC), dice que la formación se plantea "valorar la municipalización de todos los servicios que terminan su concesión en los próximos cuatro años". Considera que la gestión directa del agua era el primer paso para poner en marcha "una nueva forma de entender la ciudad".

Por su parte, Marc Medina (CUP) considera que el liderazgo de la Taula del Aigua fue clave para alcanzar esta municipalización y defiende que la mejor forma de prestar un servicio público es mediante una gestión directa: "La única forma para lograr una fiscalización real es esta ", apunta el cupaire, que añade que hay que internalizar el servicio de autobuses urbanos, el de comedores escolares, el de atención domiciliaria y el de limpieza de los edificios municipales.

Una decisión de carácter "ideológico"

Desde Ciutadans (Cs), el PP y Junts per Terrassa rechazan esta opción y critican que todo el tema del agua "se llevó a un terreno excesivamente ideológico". Javier González, cabeza de lista de Cs, relata que "no existía una demanda ciudadana ni una mala percepción del servicio" que desde su punto de vista "estaba bien gestionado" y tenía un precio "razonable".

Álex Rodríguez (PP) se muestra partidario de "no tocar lo que ya funciona" y dice que "el drama fue que el PSC se vio empujado por determinados sectores sociales y por las fuerzas políticas a hacer este cambio".

Por su parte, Miquel Samper, número dos de Junts per Terrassa, advierte que los sistemas de gestión "no son mejores debido a que los lleven empresas privadas o sean asumidos directamente por los ayuntamientos", y defiende que ambas opciones son buenas siempre y cuando haya "un control del servicio".

Samper asegura que la idea de municipalizar el agua en Terrassa se puso sobre la mesa "para que el PSC había dejado de lado el control de Mina". Ante la posibilidad de municipalizar más servicios, Samper alerta que "ahora no toca" y remarca que "el coste que implica tener estos servicios municipalizados no es menor".

La implantación del agua pública en Terrassa

El 10 de diciembre de 2018, Terrassa se convirtió en la primera gran ciudad catalana en municipalizar el servicio de abastecimiento de agua potable. Para hacerlo posible el gobierno local creó una Entidad Pública Empresarial Local (EPEL) llamada Taigua y constituyó el Observatori de l'Aigua, un órgano participativo donde hay representantes de los principales agentes sociales, políticos y empresariales de la población.

"Hemos construido un modelo que nos aporta muchas cosas que antes no teníamos y que es necesario para gestionar un bien tan esencial como este", comenta a ACN el alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, que afirma que la mayoría del pleno consideró que "el agua tenía que estar en manos públicas" porque era la mejor forma "de lograr un mayor control del servicio".

El equipo de Taigua ya ha comenzado a trabajar en un plan director de inversiones para poder establecer cuáles deben ser las prioridades en los próximos años. "Tendremos que decidir si queremos implementar medidas para mejorar el sabor del agua, ganar eficiencia para evitar pérdidas o definir qué políticas sociales y medioambientales queremos promover", apunta el alcalde.

Destaca que el Observatori también deberá opinar sobre algunas de estas cuestiones como por ejemplo una posible revisión de las tarifas, que están congeladas desde 2014. "Podría pasar que para implementar mejoras hubiera de incrementar la tarifa", indica.

Marc Cadevall, director del Àrea de Territori i Sostenibilitat del Ayuntamiento de Terrassa, añade que en los próximos meses también se hará una renovación tecnológica. Asimismo afirma que la gestión directa permitirá un ahorro anual de más de un millón de euros, ya que ofrece más margen en ámbitos como el personal y los sueldos de la estructura directiva, los beneficios de empresa o la contratación pública de las obras.

Litigio abierto

En cuanto a la relación con la antigua concesionaria, Cadevall define el traspaso del servicio como "tranquilo" aunque hay seis contenciosos pendientes de resolverse referentes a los acuerdos del pleno que permitieron crear la nueva empresa pública Taigua y definir cuáles eran los bienes que la compañía tendría que devolver al Ayuntamiento.

Con todo, explica que el consistorio y Mina llegaron a un pacto que contemplaba la utilización de las mismas oficinas, el alquiler del sistema informático o la explotación por parte de Taigua de una serie de pozos que Mina tiene en Terrassa a cambio de proporcionar a la empresa la cantidad de agua necesaria para abastecer Matadepera y Ullastrell.

De hecho, el pasado mes de marzo el juez dio la razón a la compañía en uno de estos contenciosos, al considerar que la parte de la red correspondiente al centro de la ciudad es propiedad de Mina. El gobierno local ha recurrido la sentencia.

Un camino complejo

Una de las principales consecuencias del paso a la gestión directa fue la dimisión del exalcalde socialista, Jordi Ballart, que asegura que el "acoso" que recibió por defender esta opción fue uno de los motivos que en noviembre de 2017 lo llevaron a renunciar.

"Al día siguiente de anunciar públicamente mi posicionamiento, intereses ocultos alrededor del agua en connivencia con algunos sectores del PSC comenzaron un fuerte acoso hacia mi persona", apunta a ACN Ballart, que afirma que vio claro que "la municipalización era la única garantía de que las decisiones sobre este bien se tomarían en la ciudad".

Ballart explica que la clave del éxito del proceso que se ha vivido en Terrassa ha sido el apoyo recibido -20 de 27 concejales del pleno votaron a favor-.

La disputa entre Ballart y el PSC de cara a las municipales

En el contexto de la campaña de las municipales del próximo 26-M, la tensión entre el exalcalde Ballart y su anterior formación sigue patente. El pasado martes 20 de mayo, el alcaldable por Tot per Terrassa anunció en un comunicado que paralizaba su campaña por “juego sucio del PSC y medios cómplices”.

Más allá del comunicado, Tot per Terrassa anunció haber presentado una denuncia ante los Mossos d’Esquadra y solicitar una reunión con el grupo local del PSC para hablar “sobre la campaña de difamación contra Jordi Ballart”.

Los socialistas no tardaron en pronunciarse al respecto y lamentaron las "acusaciones directas" de Ballart y exigieron al alcaldable de Tot per Terrassa "claridad y concreción", ya que, afirman desde el PSC a ACN, el comunicado de Ballart no expone "argumentos, sino insinuaciones".

En otro comunicado, el PSC afirma que no comprende por qué Ballart decide suspender sus actos de campaña y declina, "a tres cuartos de hora de iniciarlo", su asistencia a un debate electoral. El partido entiende que los debates son "los mejores espacios" para dirigirse a la ciudadanía y, si es necesario, denunciar situaciones injustas.

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