Violencia de género

La violencia institucional desde dentro: "Las víctimas conviven con su agresor porque no hay recursos"

Trabajadoras de los Servicios de Intervención Especializada relatan las situaciones con las que se encuentran a diario

Nace en Barcelona el primer observatorio de Europa que estudiará el maltrato machista que ejerce la Administración

Víctima de violencia machista

Víctima de violencia machista / Jordi Cotrina

Elisenda Colell

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Algunas trabajadoras de la Administración que atienden y acompañan a las víctimas de violencia machista, los Servicios de Intervención Especializada (SIE) de la Generalitat en Catalunya, explican de forma anónima a EL PERIÓDICO cómo la respuesta que dan jueces, Mossos, médicos, servicios sociales generan aún más sufrimiento en las víctimas, lejos de aliviarlo. Según su versión, hay mujeres a quienes esta falta de recursos o la respuesta insuficiente les expone a mucha más violencia y peligro tras de dar el paso y denunciar. "Dependemos de un sistema mal construido que no depende de nosotras... es una rueda injusta", se queja una de ellas. "Las trabajadoras también somos víctimas de estas violencias institucionales, es frustrante", añade otra.

"No podemos atender a las mujeres con la celeridad que necesitan", sostiene una trabajadora social de un SIE en Catalunya. La lista de espera para recibir atención psicológica a la hora de afrontar su situación de violencia oscila entre un mes o un año, en función de la zona, según estas empleadas. "Y cuando tratamos de suplirlo es a cuesta de nuestra salud, de haacer más horas y de cargarnos más trabajo: las ratios de atención son totalmente desproporcionadas", añade otra servidora pública.

"No podemos atender a las mujeres con la celeridad que necesitan"

"Es violencia institucional porque las mujeres necesitan una atención urgente en el momento en que requieren nuestra presencia. Hay un momento clave en el que hacen un clic y allí es donde hay que poner todos los medios", insiste esta empleada. El hecho de no ser atendidas las obliga a seguir con su maltratador, a buscar apoyo en amistades o familia y a asumir que la Administración ni está ni se la espera. "Desconfían de nosotras, y es un tema de falta de personal evidente de nuestro servicio", añade otra empleada del área metropolitana.

En casa con el maltratador

Pero el agravio de las administraciones va más allá, segun estas especialistas. "La mayoría de mujeres que yo atiendo siguen en casa con su maltratador: se les insta a que salgan de casa pero no hay vivienda social o prestaciones para que puedan hacerlo. Las obligamos a aguantar en el domicilio porque no tienen donde ir", dice una trabajadora social de un cntro que atiende más población rural. La del área metropolitana matiza que en su caso son solo un 15% en esta situación.

Pero allí también hay muchas dificultades relacionadas con las nulas políticas de vivienda. "Los Servicios Sociales de mi ayuntamiento directamente no dan ayudas a las mujeres que atiendo, como mucho las derivan a un comedor social o un ropero, no hay ni una ayuda para el alquiler", insiste esta trabajadora social que señala que la violencia economica de sus maltratadores las deja indefensas para salir de casa. Lamentan que las casas de acogida para los casos más graves también maltratan las mujeres. "¿Por qué tienen que ir a estas casas y abandonar su entorno, amistades,- la escuela o el entorno de los niños? Obligarlas a irse también es violencia institucional", señalan.

Justicia misógina

Una de estas trabajadores califica al estamento judicial y policial de "misóginos". Lo hace al hablar especificamente de su juzgado de referencia, que tumba la gran mayoría de peticiones de órdenes de protección. "El problema empieza ya en los Mossos, que no se las creen o les dicen que lo que quieren denunciar no es delito, que no hay suficientes elementos. ¿Quién son ellos para decir si pueden o no denunciar?", sostiene una de ellas, que pide más formación de género y trauma en los agentes policiales. "Hay jueces que no protegen ni a las mujeres ni a los niños. Las largas esperas de la justicia no ayudan y las travas en el proceso penal tampoco", añade una psicóloga de este servicio.

"Vemos a diario como los Mossos, tras una denuncia, sitúan el riego como nulo, notifican al agresor pero no va ni al calabozo, y ella, al volver a casa, sufre una paliza. No hace tanto una mujer fue apuñalada en este contexto", lamenta otra empleada de un SIE. "Las orientan con cosas que no tienen ni idea", añade la psicóloga de los servicios especializados.

Apuntan que la indefensión de las mujeres es especialmente grave cuando hay denuncias cruzadas del agresor. "Hay muchos jueces que las culpan de la situación en la que viven por no haber salido de la relación", cuenta otra empleada, que también señala el poco tiempo que destinan los jueces para evaluar la situación de las víctimas. Tampoco los sanitarios salen bien parados. "Seguimos viendo médicos que a la hora de hacer los informes forenses las cuestionan o les hacen culpables de lo que les ha pasado".

Los hijos como doble discriminación

La situación con los menores, sostienen estas especialistas en trauma y violencia machista, es especialmente grave. "Desde los juzgados hasta la escuela... muchas administraciones obligan a los encuentros con el padre maltratador, que utiliza a los niños para seguir ejerciendo violencia. No entienden que el padre no se debe acercar a los niños", señala una de ellas.

Aseguran que hay jueces, o trabajadores sociales, que utilizan a los niños para presionar a las mujeres. "Si no consiguen salir de la casa de su agresor, les retiran las custodias de los menores o les amenazan con hacerlo. Es un sinsentido, búsquenles un lugar para vivir a ellas", reclama. "Hay muchas quejas relacionadas con la maternidad, comentarios machistas, patriarcales y racistas de la administración de la forma como criar. Como madres, las juzgan mucho", añde la psicóloga.

Estas empleadas también admiten que su servicio, que depende de la conselleria de feminismes, también ejerce esta violencia. Especialmente, dicen, en relación a la pecariedad laboral, que las sitúa a ellas como principales víctimas y, por ende, a las usuarias. Los SIE son un servicio público externalizado, donde las trabajadoras no superan los 1.300 euros al mes. "Hay mucha rotación, todo el mundo se quiere ir: una mujer puede tener tres o cuatro psicólogas distintas en un año. ¿Cómo quieres que se cree un vínculo de confianza?", lamenta una de ellas. "Ver todo esto y no poder hacer nada... es muy frustrante, sientes mucha rabia. Sientes que apenas hay reparación, sólo acompañamos la frustración de las mujeres", resume una de ellas.

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