Adiós al término 'disminuido": El sector de la discapacidad aplaude la reforma de la Constitución pero pide "impulsar" otros derechos

Hace 45 años, fue un éxito sin precedentes que una Constitución dedicara un artículo exclusivo a las personas con discapacidad. Muchos textos constitucionales en el mundo no mencionan a este colectivo y el español sí. Pero hace casi 20 años el movimiento cívico de la discapacidad comenzó a advertir de que el artículo 49 se había quedado "obsoleto" al incluir el término 'disminuido' para referirse al colectivo, una "terminología hiriente y ofensiva", que se ha quedado tan anticuada como otros términos despectivos usados en el pasado.

El colectivo pide a los partidos un debate profundo sobre sus derechos y revisar políticas que han quedado anticuadas

Sin embargo, la reforma de la Constitución se retrasaba y retrasaba, pese a que en el 2018 el Gobierno solicitó a la Mesa de la Comisión de la Discapacidad un nuevo texto y el encargo fue recibido por el sector con entusiasmo. Sin embargo, en 2019 se convocaron elecciones, el proyecto decayó y no se concluyó a lo largo de la pasada legislatura. Por eso, que poco después de la investidura de Pedro Sánchez, PSOE y PP hayan sido capaces de dejar atrás sus ingentes diferencias, para aprobar ahora la reforma que sustituya "disminuidos" por "personas con discapacidad", ha sido recibido por el sector con alegría, aplauso y emoción.

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Se ha hecho "historia social", dijo Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que agrupa a las principales organizaciones y ha sido el principal impulsor del cambio, el martes cuando se tomó en consideración la reforma que, previsiblemente, será aprobada por el Congreso de los Diputados este jueves para su paso al Senado. Y la Cámara alta dará luz verde definitiva al cambio constitucional el miércoles de la semana próxima.

"Es un gran avance. El lenguaje es importante porque construye la realidad y cambia percepciones"

Maria Cabré

— Fundación Aura

El cambio en la terminología pudiera parecer menor, pero no lo es. "Es un gran avance", señala Maria Cabré, de la Fundación Aura, especializada en la inserción de personas con discapacidad en Catalunya. "El lenguaje es importante porque construye una visión, construye percepciones y refleja una manera de entender la realidad. Al cambiar el término, cambia la percepción y eso dignifica a la persona. Las personas con discapacidad, especialmente las nuevas generaciones, podrán construir su realidad de manera diferente", destaca emocionada Cabré.

Elemento de cohesión

El colectivo también ha valorado que los partidos hayan sido capaces de ponerse de acuerdo. "Ayuda en un momento de tensión política continuada. Hay cuestiones que son del acervo común, que no dependen de ideologías, de ideas, que son siempre respetables, siempre que estén en el marco del respeto y de los derechos humanos. La discapacidad es un elemento de cohesión para la sociedad", considera Pérez Bueno, quien precisa que el cambio del artículo no solo favorece al colectivo, sino que contribuye a que España sea un país "más digno, más cómodo y a que todas las personas nos sintamos mejor con nuestra Carta Magna".

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Aun así, el presidente de CERMI avisa de que el cambio de un artículo "no va a resolver la vida de las personas con discapacidad y la de sus familias", que a diario se encuentran con infinidad de restricciones, barreras y discriminaciones, pero sí va a ayudar a que se sienten las bases para que "el proceso irreversible de inclusión, participación y plenitud se produzca más rápido".

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En la misma línea, Cabré pide aprovechar este espíritu para realizar un debate sobre los derechos de las personas con discapacidad. "Estamos felices de que los partidos hayan hecho esta reflexión, pero pedimos que revisen políticas que han quedado muy anticuadas, como por ejemplo la ley general de la discapacidad, la antigua Lismi, que regula las políticas de inserción y ocupación del colectivo. Esta ley merece una revisión profunda", reivindica la directora de Aura.

Las discriminaciones

Cabe recordar que el desempleo entre personas con discapacidad fue del 21,4% en 2022, frente al 12,8% en personas sin discapacidad. Y no solo sufren barreras en el empleo, también en el acceso a la educación, a la vivienda y otros servicios, así como físicas y discriminatorias.

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Ante ello, Carmen Laucirica, presidenta de Plena Inclusión, confederación que representa a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, reclama que la reforma de la Constitución sirva de "impulso" para avanzar en el desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad. "La Constitución asume un lenguaje inclusivo que debe ir acompañado de más políticas públicas en apoyo de las personas con discapacidad intelectual y sus familias", añade.

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"Son dos planos paralelos", matiza Mercé Batlle, presidenta de Comitè Català de Representats de Persones amb Discapacitat (COCARMI). En su opinión, la reforma de la Constitución supone un "avance" que llega "tarde pero al fin llega" y que supondrá que a nivel terminológico se adapten también reglamentos y documentos que aún usan términos obsoletos.

Pero, por otro lado, hay que "avanzar" en los apoyos que reciben las personas con discapacidad para que estén plenamente integradas y se eliminen barreras. "Las demandas de las asociaciones con discapacidad se tienen que atender independientemente del nombre que se emplee para referirse a las personas", reivindica.