El PSOE defiende la constitucionalidad de la amnistía y pide al PP acatar lo que dictamine el TC

El PSOE ha optado por un perfil bajo en el debate de las enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía, presentadas por PP y Vox. Ambas proposiciones han sido rechazadas por la mayoría absoluta de PSOE (121), Sumar (26), ERC (7), Junts (7), EH Bildu (6), PNV (5), Podemos (5) y BNG (1), aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no participó en la votación por llamamiento. El parlamentario Artemi Rallo fue el encargado de fijar posición por parte del PSOE, después de que los socialistas rechazasen intervenir en el turno de réplica, defendiendo principalmente la constitucionalidad de la norma. Sus ataques se centraron en el PP y esquivaron en todo momento cualquier referencia a Junts, tras las duras negociaciones para la convalidación de los tres primeros decretos del Gobierno.

“Deslealtad constitucional es no renovar el CGPJ”, arremetió Rallo. El diputado socialista volvió a incidir en los argumentos que viene utilizando su partido de mejorar la convivencia en Cataluña. “Hoy el pacto no solo es necesidad, es virtud”, añadió para reprochar a los populares su incapacidad para llegar a acuerdos con otros grupos. “No saber leer esta realidad les deja fuera de la realidad y de la política útil”, reprochó.

Rallo conminó al PP a acatar lo que sentencia el Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad o no de la polémica norma. “Acatarán o seguirán en rebeldía desobedeciendo al constitucional”, dijo dirigiéndose a un Alberto Núñez Feijóo ausente en este momento del debate. Los socialistas reprocharon también la iniciativa del PP de incluir en su texto de la enmienda a la totalidad la ilegalización de partidos que convoquen un referéndum.

Enmiendas parciales

La ley de amnistía pasará ahora a la comisión de Justicia, donde se debatirían las enmiendas parciales en caso de presentarse. Los grupos parlamentarios tienen hasta el 16 de enero para presentar enmiendas parciales a la ley. El Ejecutivo sí se abre a negociar cambios en la ley con sus socios, pero cierra la puerta a tocar la exposición de motivos o introducir modificaciones sustanciales en su articulado. Fuentes de Moncloa reconocían la pasada semana que el mensaje transmitido a sus socios es que para pactar cambios solo aceptarán retoques técnicos. Todo ello, siempre que tengan el consenso de todos los grupos para mantener los 178 votos con los que fue admitida a trámite.

Conscientes de la competición entre ERC y Junts por capitalizar la ley destacando su sello, como se demostró en las negociaciones de investidura, el PSOE quiere poner líneas rojas. Acotar la motivación de cualquier enmienda a redundar en su seguridad jurídica, sin introducir nuevos aspectos. Se opone así, por ejemplo, a que se anulen las resoluciones judiciales condenatorias o se incluya algún tipo de reparación en el caso de los líderes de organizaciones civiles. Los socialistas confían en aprobar la ley antes de finales de enero para que siga su trámite en el Senado.