La ONU acusa a Interior de discriminar a un 'mosso' por su discapacidad

Lleva años luchando para que la Conselleria d'Interior le conceda el pase a la segunda actividad en un trabajo no policial. En el 2004, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) declaró su incapacidad permanente total para trabajar como agente de los Mossos d'Esquadra por una enfermedad psíquica. Como consecuencia de esta decisión, perdió su plaza en el cuerpo. En esos momento, no existía una regulación que le permitiera ser un técnico de soporte no policial, con tareas administrativas, en un puesto adaptado a sus necesidades, pero, en 2008, la situación legal cambió con una nueva normativa.

El expolicía solicitó su reincorporación a tareas no policiales y la 'conselleria' se lo denegó

Él solicitó entonces su reincorporación pero la Generalitat se la rechazó. Ahora, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU sostiene en un dictamen, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que a este expolicía se le ha discriminado por su discapacidad. Con este argumento, el exagente ha vuelto a llevar su caso ante la justicia y reclama de nuevo que se conceda la segunda actividad. La Fiscalía de Barcelona apoya que se tramite la demanda.

La ONU recomienda a la Generalitat que adopte las "medidas apropiadas para entablar un diálogo" con el expolicía

M. R. V. tiene 62 años y ejerció como 'mosso' hasta que le diagnosticaron un trastorno. Esta dolencia provocó que el INSS le diera la incapacidad. No pudo hacer nada para continuar como funcionario en el cuerpo. Al cabo de unos años, la Conselleria d'Interior le informó de la entrada en vigor del decreto que regula la situación de segunda actividad en la policía de la Generalitat. Pensó entonces que se le abría la puerta para pedir esa categoría y así poder realizar un trabajo de soporte técnico y de caracter administrativo. Por ello, solicitó en 2009 volver a trabajar.

El Estado "tiene la obligación de adoptar medidas para evitar que se produzcan vulneraciones similares en el futuro"

Sin embargo, la Unidad de Vigilancia de Salud emitió un informe en el que no consideraba "aconsejable" para el 'mosso' el ejercicio de tareas de soporte en el ámbito de la Direcció General de la Policía de la Generalitat por la "posibilidad de agravamiento de su estado", al coincidir en el centro de trabajo con personal policial. A raíz de este dictamen, Interior desestimó la petición. M. R. V. recurrió a la justicia e insistió en que existían plazas fuera de la Direcció General de la Policía que él podría ocupar. Sus intentos ante los jueces cayeron en saco roto.

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Al final, se dirigió al comité de la ONU, que le ha dado la razón y ha dictaminado que el Estado "ha incumplido sus obligaciones", a la vez que recomienda a la Administración, en este caso la catalana, que adopte las "medidas apropiadas para entablar un diálogo" con el expolicía "con el fin de evaluar las capacidades que podría tener en una segunda actividad u otras actividades complementarias", incluyendo "los eventuales ajustes razonables que puedan requerirse".

Evitar situaciones similares

La resolución va más allá: el Estado, incide, "tiene la obligación de adoptar medidas para evitar que se produzcan vulneraciones similares en el futuro". El comité de la ONU aconseja que se adapte el decreto que regula la segunda actividad en el cuerpo tanto a las recomendaciones de su dictamen como a los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para que los funcionarios que la soliciten sean "evaluados dentro de un proceso de diálogo".

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La ONU sostiene que se ha incumplido la convención. En concreto, estima que se ha vulnerado el artículo 27 que exige al Estado a reconocer el derecho de las personas con discapacidad a "conservar su empleo, en igualdad de condiciones con los demás", a adoptar medidas, "incluso legislativas", para prohibir la discriminación en la continuidad del trabajo y a "velar" por la realización de ajustes "razonables" en favor de las personas que adquieran la discapacidad durante su labor profesional.

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"El comité considera que, en el presente caso, la discriminación en relación con la continuidad en el empleo deriva de la desestimación de su solicitud de pase a la segunda actividad sin seriamente evaluar la aplicación de ajustes razonables" a través "de un proceso de diálogo", relata el dictamen.

Las calificaciones de la discapacidad realizadas por el INSS al 'mosso' y el informe médico realizado tras solicitar la reincorporación "no se enfocan" en el potencial que habría podido tener el expolicía en el desarrollo de la segunda actividad u otras labores complementarias, y que debían determinar "con mayor precisión los ajustes razonables a tomar en su caso", recalca la ONU.

El dictamen apunta también que el informe de la Unidad de Vigilancia de Salud utilizó "criterios subjetivos" al afirmar que no consideraba "aconsejable" el ejercicio de tareas de soporte, por la posibilidad de agravamiento de su estado de salud.

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