La batalla judicial contra el catalán en las aulas planea sobre el nuevo curso escolar

Este miércoles, 6 de septiembre empieza un nuevo curso escolar en Catalunya con la mirada puesta, un año más, en el Tribunal Constitucional (TC). El alto tribunal admitió a trámite en septiembre del año pasado los recursos presentados por 50 diputados del PP y de Cs contra el decreto ley de mayo del mismo año que fija los criterios para la elaboración de los proyectos lingüísticos de los centros educativos catalanes (norma que buscaba esquivar la obligación de impartir un 25% de materias en castellano). Recursos sobre los que todavía no se ha pronunciado, aunque las últimas resoluciones judiciales de este mes de julio sobre denuncias concretas no llaman al optimismo.

El TSJC tildaba este verano la norma catalana sobre las lenguas en el colegio de "inconstitucional" y señalaba que "la inmersión lingüística en las escuelas catalanas solo podría aplicarse si hubiera la opción de dos regímenes lingüísticos, pero no en un sistema único como el catalán". "Si es inconstitucional o no debe decirlo en TC, no el TSJC", respondía el 'president' Pere Aragonès, quien señaló que el TSJC "se extralimita en sus funciones" y aseguró que el Govern no modificará su política lingüística.

Las tres sentencias del TSJC afectaban solo a los grupos-clase de los tres niños cuyas familias denunciaron, obligándolos a impartir una asignatura troncal más en castellano, pero el argumentario de la sentencia hace temer lo peor.

"Una absoluta vergüenza"

La ‘consellera’ de Educació, Anna Simó, consideró en julio, tras filtrarse el contenido de las sentencias del TSJC "una absoluta vergüenza" que el Departament d'Educació se enterara del "avance de las sentencias" por la prensa -y en plena campaña electoral de las elecciones generales-, algo que consideró "una irregularidad". Y anunció "dos acciones inmediatas". Por un lado, iniciar el recurso para el Tribunal Supremo (TS), y, por el otro, empezar los trámites para desplegar el título 2 de la Ley Catalana d'Educació (LEC) sobre usos lingüísticos "para proteger a los centros".

A la semana siguiente, el 17 de julio, Simó presentaba el Plan de Fomento de la Lengua Catalana 2023-2028, "ante el retroceso del uso de catalán en las escuelas". Un nuevo plan que recoge un decálogo de medidas, entre las que destacan la creación de una plataforma de contenidos audiovisuales educativos en catalán impulsada por el Departament d'Educació y 3Cat -medida que Simó ha considerado "estratégica" o el (reivindicado) incremento de los recursos de acogida del alumnado recién llegado a Catalunya a partir del año 2024.

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Ese mismo día salía a exposición pública -finaliza el próximo día 15 de septiembre- el Decreto del régimen lingüístico del sistema educativo. Un decreto -el que despliega el título 2 de la LEC, aprobada en 2009- que busca arropar a las direcciones de los centros dejando claro que el responsable del Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) de cada escuela es el Departament, no la dirección [algo importante frente a hipotéticas futuras demandas], y que los PLC no se pueden cambiar con el curso ya empezado (avanzándose también a posibles futuras sentencias).

En el horizonte de este primer trimestre, la visita anunciada para los días 18, 19 y 20 de un grupo de diputados del Parlamento Europeo a Catalunya a petición de la Asamblea para Una Escuela Bilingüe para comprobar in situ el impacto del modelo de inmersión lingüística en el alumnado castellanohablante. "Tendremos abiertas las puertas del Departament y de cualquier centro", ha señalado ya la 'consellera' Simó. "Tendrán toda la información y más para contrarrestar la información que les den organizaciones como la Asamblea para Una Escuela Bilingüe", ha remachado.