Rechazo a los porcentajes

Las claves del decreto del Govern sobre el catalán en las aulas

  • La Generalitat validará los proyectos lingüísticos de cada centro para evitarles represalias legales

Alumnos de infantil en una escuela de Catalunya.

Alumnos de infantil en una escuela de Catalunya. / ACN

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Júlia Regué
Júlia Regué

Periodista

Especialista en información del Parlament de Catalunya, siguiendo la actualidad política catalana

Escribe desde Barcelona

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El Consell Executiu, reunido de forma extraordinaria, aprobó el lunes el decreto ley que pretende blindar el catalán en las aulas como respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga a ejecutar el 25% de clases en castellano antes de este martes. El Govern de Pere Aragonès puso en marcha esta vía después de que la nueva ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales esté paralizada a la espera de que el Consell Garanties Estatutàries se pronuncie sobre su constitucionalidad a petición de Vox, Cs y PP. El objetivo sigue siendo una respuesta doble: de un lado, la ley vía Parlament, y, de otro, el decreto del Executiu. Estas son las claves del texto legal que ya ha entrado en vigor:

El contenido del decreto

El decreto ley deja claro el rechazo a los porcentajes de catalán y castellano en las aulas y establece que el Departament d'Educació validará los proyectos lingüísticos de todos los centros educativos de Catalunya -en un máximo de 30 días-, eximiendo así a las direcciones de las escuelas e institutos de posibles responsabilidades legales.

El objeto del decreto es "fijar los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos y de los centros educativos privados sostenidos con fondos públicos, a efectos de establecer los aspectos relativos en la organización de la enseñanza y el uso de las lenguas oficiales en cada centro".

El artículo 2 establece que el fin es que los alumnos logren "el dominio oral y escrito del catalán y el castellano al final de la enseñanza obligatoria" con evaluaciones periódicas cada dos años como máximo, que los proyectos lingüísticos deben acomodarse "al análisis del entorno sociolingüístico de los centros, del entorno general y de los objetivos de normalización lingüística" y queda por escrito "la inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas".

Los apoyos

El Govern ha cerrado ya el plácet de los 'comuns' para que este decreto ley sea convalidado en el hemiciclo catalán. Y es que con la CUP fuera de la ecuación sobre el catalán en las aulas, y el PSC en contra de explicitar el rechazo a los porcentajes en las escuelas porque "desafía a los tribunales", sólo los morados se contemplaron como aliados en el Parlament para aprobar el texto.

Los anticapitalistas consideran que no se ha negociado lo suficiente con la comunidad educativa y que tanto la ley como el decreto "consagra la segregación escolar" por razón de lengua porque cada centro educativo decidirá el uso atendiendo a su realidad sociolingüística. La propuesta cupera es que el catalán sea la "única" lengua vehicular y que haya un único proyecto lingüístico en todas las escuelas e institutos de Catalunya.

Recursos al Constitucional

PP y Vox ya han anunciado que llevarán el decreto al Tribunal Constitucional. Ambos grupos pueden hacerlo ya que tienen más de 50 diputados en el Congreso de los Diputados (los populares tienen 88 y la extrema derecha, 52). De hecho, los dos partidos también presentarán un recurso de inconstitucionalidad sobre la nueva ley que se prevé aprobar en el Parlament cuando pase el filtro del Consell de Garanties Estatutàries. Vox, además, se querellará por desobediencia contra los miembros del ejecutivo catalán que consideren "responsables" de este hecho, además de solicitar en el Congreso de los Diputados la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía catalana. Ciudadanos y PP, por su parte, han llevado al 'conseller' Josep Gonzàlez-Cambray a la fiscalía del TSJC para que estudie si ha incurrido en algún delito previsto en el Código Penal. Los tres partidos, además, recurrirán al Consell de Garanties Estatutàries para que estudie la idoneidad del decreto, aunque ya esté en vigor.

La ley sobre el catalán

El decreto estará acompañado de la nueva ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la educación no universitaria que fue pactada por el PSC, ERC, Junts y 'comuns'. Esta propuesta, que el hemiciclo avaló tramitarla por la vía rápida, está a la espera de recibir el plácet del Consell de Garanties Estatutàries, órgano que analiza la constitucionalidad de los textos. A este organismo acudieron Vox, Cs y PPC el pasado jueves para dilatar su aprobación en el Parlament -prevista inicialmente para el pasado viernes- por lo que no ha llegado a tiempo para que sea vigente antes del 31 de mayo, cuando finalizó el plazo dado por el TSJC para ejecutar su fallo. De todas formas, con el decreto vigente, se informará al tribunal de la tramitación de esta ley que será aprobada con mayoría suficiente (78% de los parlamentarios) en el pleno.