El fiscal denuncia a la Generalitat por dar trato de favor a la cementera de Montcada

El fiscal de Medio Ambiente Toni Pelegrín ha presentado una denuncia en un juzgado de Barcelona en la que acusa a la Generalitat de ignorar a la justicia y dar un trato de favor a la cementera de Montcada i Reixac al concederle las autorizaciones ambientales. La acusación pública sostiene que el Ejecutivo catalán otorgó las licencias en base a permisos que desde 2015 habían sido declarado nulos por el Tribunal Supremo en varias sentencias.

En noviembre del 2022, los magistrados del alto tribunal ordenaron el "cierre, clausura y precinto" de las instalaciones, una actuación que todavía no se ha llevado a cabo.

"Estamos satisfechos con el escrito del fiscal: demuestra que hay indicios de delito y significa que vamos por buen camino", explica Albert Calduch, abogado especializado en Medio Ambiente que vehicula las querellas de los vecinos desde 2007.

Se acusa a un exalto cargo de la Generalitat de un delito contra el medio ambiente por autorizar licencias contrarias a la normativa de contaminación

La denuncia de la fiscalía, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, va dirigida contra Emili Dragone Vives, el entonces jefe de servicios de prevención de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Está acusado de cooperador necesario en un delito contra el medio ambiente, al presuntamente haber autorizado licencias ambientales contrarias a la normativa de actividades contaminantes.

Más licencias

Calduch califica de grave el hecho de que la Generalitat no solo no cumpliera con la orden de cerrar la fábrica sino que concediera un nuevo permiso: "Creemos que hay mala fe. Si no, no se explican las autorizaciones que dio la secretaría de Medi Ambient del momento".

De entrada, la fiscalía solicita a la Conselleria d'Acció Climàtica la aportación del expediente administrativo completo de la última autorización ambiental otorgada a partir de 2021 y propone la declaración como testigos de exaltos cargos del departamento.

"Creemos que hay mala fe. Si no, no se explican las autorizaciones que dio la secretaría de Medi Ambient"

— Albert Calduch, abogado

La cementera, gestionada por la empresa LafargeHolcim España, sigue produciendo cemento y actuando también como incineradora, lo que, según la denuncia de la asociación de vecinos del barrio de Can Sant Joan, provoca la emisión de polvo y partículas que complican su día a día.

El escrito de la fiscalía llega después de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) anulara en varias ocasiones, desde 2013 a 2019, la autorización ambiental de la Generalitat. ¿Y por qué se anuló? Porque la declaración de impacto ambiental (DIA) no fue publicitada para que los afectados pudieran formular alegaciones sobre su contenido.

Fuentes de la 'conselleria' destacan que los permisos se declararon nulos por cuestión de forma y no porque la HolcimLafarge contaminara más de lo permitido.

Sin embargo, el abogado de los vecinos está convencido de que las sentencias no van más lejos porque, al existir este error de forma, ya se da la razón a los denunciantes: "No hay ninguna duda de que Lafarge contamina. Todo el mundo en Montcada tiene que lavar su coche constantemente y quitar el polvo de los tejados cada semana". "Si se pide una declaración de impacto ambiental es por algún motivo", zanja.

Culebrón judicial

Según la fiscalía, a pesar de que el funcionario conocía la resolución de nulidad, propuso, "sin más", la publicación del permiso en del 'Diari Oficial de la Generalitat' ('DOGC'), en lugar de iniciar un nuevo procedimiento.

La fiscalía considera que el alto cargo era consciente de que se daría un permiso ambiental "totalmente obsoleto"

El Govern de aquel momento, distinto al actual, concedió en noviembre de 2015 una nueva autorización a la cementera. El alto cargo, incide la acusación pública, "era consciente de que se acabaría otorgando una autorización ambiental totalmente obsoleta".

Además, según el fiscal, en ese periodo de tiempo la empresa había experimentado modificaciones en su actividad y se habían dictado leyes, reglamentos y disposiciones que no se tuvieron en cuenta. A su entender, la declaración de impacto ambiental "no se ajustaba a las normas ambientales" ya vigentes cuando se concedió la nueva licencia.

El culebrón judicial continuó. En el 2019, el TSJC apreció "flagrantes" incumplimientos, "conocidos en todo momento por el denunciado", relata la fiscalía, y volvió a declarar nula la autorización ambiental de noviembre de 2015 concedida por la Generalitat, una decisión también confirmada por el Supremo.

Repetidas nulidades

Entonces, Emili Dragone, apunta la acusación, promovió la renovación del permiso para ajustarlo a la directiva de la Comisión Europea. Esta renovación fue declarada también nula tanto por el alto tribunal catalán como por el Supremo.

"Lo normal sería cumplir la sentencia. Es decir, no dar más permisos y cerrar la cementera y la incineradora. Pero lo que ha hecho la Generalitat es continuar dando permisos sin sentido", afirma el abogado de los vecinos. Los próximos pasos, asegura, serán presionar para que se cierre LafargeHolcim y, además, comprobar si, como considera la fiscalía, hay un delito por parte de la Administración.

Desde el actual Govern justifican que los permisos se concedieron cuando la decisión del Supremo todavía no era firme y aún no se habían denegado las alegaciones de la empresa y la Generalitat.

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