La jueza deja a un paso de juicio al 'clan Jodorovich' por blanqueo

La jueza de Barcelona Miriam de la Rosa Palacios deja a un paso de juicio a siete miembros del 'clan Montero-Jodorovich', familia a la que la policía vincula históricamente con el tráfico de drogas y cuyas raíces están en la Zona Franca, por presuntos blanqueo de capitales y otros delitos, según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Los Mossos atribuyen a los acusados el lavado de 1,2 millones de euros a través de variopintos negocios, como la compraventa de vehículos y casas, la construcción de una máquina para extraer aceite de marihuana que se cultivaba en Malí, la explotación de bares en campos de fútbol de barriada y su participación en un restaurante dedicado al cantaor Camarón de la Isla.

La magistrada concluye así la investigación sobre los miembros de esta familia y, sobre todo, de Simón Montero Jodorovich, presidente de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (Fagic), y ha dado traslado al fiscal para que presente, si lo considera oportuno, su acusación. La togada archiva el caso para cuatro personas, entre ellas Juli César Barcena San José, excónsul honorario de Croacia en Barcelona, al que exculpa totalmente porque no cometió delito alguno. En cambio, mantiene la imputación de otros dos excónsules: el de Malí, José Luis López; y el de Albania, Josep María Calmet.

La resolución sostiene que Simón Montero "incorporó" al "tráfico legal" bienes obtenidos en la comisión de delitos contra la salud pública (tráfico de drogas) previos, a fin de "disfrutar jurídicamente" de ellos sin ser sancionado, a la vez que colaboró con otros investigados y miembros de su familia para que llevaran a cabo la misma acción. Para ello, precisa la jueza, "creó un entramado de sociedades, operaciones mercantiles y contratos que no se ajustan a la realidad y que perseguían dificultar una posible investigación" sobre el origen de sus bienes. Los mismo dice de otros miembros del 'clan Jodorovich'.

Cuentas, empresas y dinero

La magistrada subraya el "significativo número" de cuentas corrientes y empresas que emplean este clan y las operaciones que realizan de "manera reiterada", en "muchas" ocasiones entre ellas y "sin seguir una lógica mercantil aparente". Incide en los "cuantiosos importes en efectivo" detectados y que algunas de las compañías investigadas no tienen ninguna actividad y están administradas por "meros" testaferros.

Esta operativa, según la jueza, "dificulta seguir el trazado" del dinero que se mueve de unas a otras personas o entre las empresas. El "entramado" es tal que hay sociedades que poseen, a su vez, otras mercantiles e, incluso, se conceden préstamos, intervienen en negocios inmobiliarios sospechosos y se atribuyen ingresos que no existen, sino que son "inyecciones de dinero negro".

Además, recalca, se han constatado operaciones en la que se oculta a la persona que realmente interviene en la contratación, como la compra de una embarcación o en el negocio de la máquina para extraer aceite de marihuana que nunca funcionó y se localizó en Avilés (Asturias). Para la instructora, esta actuación puede calificarse de "opacidad" y está dirigida a obstaculizar la detección de la titularidad del patrimonio. Su auto resalta que "la lógica apunta" a que lo que se pretendía con esa máquina era "conseguir sustancia estupefaciente de manera rápida y eficiente para su posterior distribución", aunque ese aspecto debe dilucidarse en el juicio.

Los décimos de lotería

Para la jueza, resulta "poco creíble" que a lo largo de los años los Montero-Jodorovich adquieran "numerosos bienes" siempre aprovechando una oportunidad por un precio inferior al mercado o al publicitado. Lo mismo concluye del hecho que a uno de los investigados, Amadeo Montero, le tocaran hasta 13 números de lotería en dos sorteos, cuando los décimos se vendieron en localidades alejadas entre ellas y de series y fracciones no consecutivas.

Por último, el auto argumenta la "anormalidad" de las operaciones y la "razonable inferencia de las procedencias ilícitas de dinero que se movía por razón de su cuantía", las cautelas que se empleaban y la "forma en la que se realizaban las entregas de fondos". A partir de estos indicios, la magistrada considera que los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de blanqueo de capitales, fraude a Hacienda, falsedad documental, contra la salud pública y tráfico de armas (a unos investigados se les halló una escopeta, una pistola y cartuchos) .

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