18 sep 2020

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Los Mossos investigan por blanqueo a tres cónsules honorarios de Barcelona

Los agentes rastrean la conexión de diplomáticos de Albania, Malí y Croacia con el clan de los Jodorovich

Los negocios bajo sospecha van desde las inversiones industriales hasta la compraventa de fincas de lujo

J. G. Albalat

Los Mossos registran un local en la Zona Franca, el pasado 18 de septiembre, durante la operación contra el ’clan Jodorovich’.

Los Mossos registran un local en la Zona Franca, el pasado 18 de septiembre, durante la operación contra el ’clan Jodorovich’.

Los Mossos d’Esquadra están investigando la posible conexión de los cónsules honorarios de Albania, Malí y Croacia en Barcelona con una presunta trama de blanqueo de capitales de miembros de la familia Jodorovich, un clan que ha sido objeto de numerosas operaciones policiales en el pasado, casi siempre relacionadas con el tráfico de drogas. Los negocios que supuestamente les unen son diversos: desde la fabricación en Avilés (Asturias) de una máquina diseñada para procesar cáñamo y transformarlo en aceite  hasta operaciones inmobiliarias, pasando por otras inversiones, según los informes policiales a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Las pesquisas se han extendido a Andorra, país al que se han solicitado datos de cuentas bancarias de 12 personas y 26 empresas vinculadas a la red.

El 18 de septiembre, la policía de la Generalitat desplegó un dispositivo en la Zona Franca, que incluyó registros y la detención de cuatro personas, entre ellas Simón Montero Jodorovich, presidente de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (FAGI). Los otros arrestados son familiares cercanos a él y miembros del clan de los Mulatos. La jueza de Barcelona que instruye el caso, Miriam de la Rosa, dejó a todos ellos en libertad provisional.

En la relación policial de investigados figuran otras 14 personas, entre los que se encuentran el cónsul honorario de Malí en Barcelona, José Luis López Fernández; su homólogo de Croacia, Juli Bárcena San José, y el de Albania (antes de Canadá), José María Calmet Iglesias, un economista y empresario manresano que fue vicepresidente de la Diputación de Barcelona y hombre de confianza de Lluís Prenafeta, exsecretario general de Presidència con Jordi Pujol, además de consejero delegado de la petrolera Petrocat. La jueza está a la espera de los resultados de las pesquisas para decidir si les toma declaración.

«Persona dinámica»

Los Mossos d’Esquadra consideran que Montero Jodorovich, al que definen como una «persona dinámica y alto representante del pueblo gitano en Catalunya», supuestamente ha creado «estructuras societarias» que le han permitido aflorar parte de «las riquezas económicas», a su entender, de origen ilegal, a la vez que se ha acercado al «lobi del cuerpo consular de Barcelona». La policía precisa que Montero Jodorovich ha participado «estrechamente» en  negocios  con  López Fernández, cónsul de Malí y secretario del cuerpo consular, a la vez que destaca la relación con Bárcena San José, representante de Croacia y vocal de dicho organismo.

Al diplomático honorario de Albania, Calmet Iglesias, los agentes lo implican en una operación de compraventa de una finca de lujo situada en la localidad de Seva (Osona). «No hay ninguna irregularidad. Estoy muy tranquilo. Cuando la jueza me cite a declarar, lo aclararé», ha afirmado con rotundidad a este diario. Tanto López Fernández como Bárcena San José no han sido localizados.  Tampoco ha sido posible recoger la versión de Montero Jodorovich.

La policía señala en sus informes que, a medida que avanzaba la investigación (sobre todo por las intervenciones telefónicas a los miembros de la trama), empezaron a aparecer estructuras societarias compartidas entre Montero Jodorovich y el cónsul de Malí, López Fernández. Se sospecha que, en un primer momento,  uno de los proyectos comunes era la comercialización de una bebida energética, pero después se apunta a la construcción de una máquina ideada para producir aceite de cáñamo.

Los investigadores sostienen que desde cuentas corrientes en Malí se hicieron transferencias a la sociedad que fabricó el aparato o se produjeron entregas de dinero en efectivo. Pero la policía cree que el «verdadero negocio» que se trataba de gestar «es el cultivo de plantaciones de marihuana en Malí para elaborar el aceite».

«Enormes cautelas»

Los Mossos destacan la «opacidad» de la operación y las «enormes cautelas» adoptadas en las comunicaciones interceptadas entre los dos socios, «lo cual es un claro indicador de una posible ilicitud de los asuntos tratados». Apuntan que este aceite con alto contenido de THC (tetrahidrocannabinol) se usa para elaborar las «lágrimas de fénix», una forma de consumo de marihuana extendida en EEUU y Canadá e ilegal en España.  

Los agentes insisten en la «extrema opacidad de la diplomacia honoraria, donde no se aprecia transparencia alguna con el pretexto de la defensa de la razón de Estado». Estos cargos, muchas veces ostentados por empresarios o expolíticos y que no se cobran del país al que se representa, otorgan a quienes los ejercen «prestigio, privilegios y relaciones sociales, por no hablar de la codiciada valija diplomática, inviolable y que cruza fronteras al margen de ningún control». Algunas fuentes aseguran que estas valijas solo las tienen las embajadas de cada Estado. La policía se queja también de la falta de control respecto a los cónsules honorarios. «El Gobierno español no tiene ninguna posibilidad de inmiscuirse en sus asuntos, más allá de retirarles el visto bueno, una medida muy agresiva a nivel diplomático», inciden los agentes en sus informes.

¿Qué es un cónsul honorario?

El cónsul honorario no suele ser nacional del país para el cuál actúa, sino que tiene la nacionalidad del territorio de residencia o, incluso, de un tercer Estado. Son normalmente personas de prestigio o conocidas ampliamente en la comunidad donde viven, profesionales o empresarios. 

Por oposición al cónsul de carrera, únicamente es competente para ejercer un número limitado y secundario de funciones. Un excónsul de un país africano detalla a este diario que quienes ostentan este cargo no tienen capacidad política y entre sus tareas está la asistencia a ciudadanos del país al que representan o el impulso de la economía, la solidaridad y la cultura entre ambos estados, así como otros trámites meramente burocráticos. Estos diplomáticos que no son de carrera se rigen por la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963. 

El Ministerio de Exteriores del país que pretende contar con representación en una ciudad es el que propone a su homólogo español, a través de la embajada de referencia, el nombre de la persona que se ha elegido para ejercer como cónsul honorario. Tras ello, el Ministerio de Exteriores español encarga al de Interior un informe policial sobre el candidato. Si no hay ningún problema, España da el plácet. El Rey, como jefe del Estado, reconoce al cónsul como tal y le autoriza a ejercer sus funciones. En Barcelona hay una alta concertación de cónsules honorarios.