La escuela concertada reivindica a Educació la educación gratuita de todo el sistema

Con motivo del 30º aniversario del decreto de la Generalitat que regula los conciertos educativos, y a la espera de que el Departament d'Educació desencalle el nuevo decreto, la Fundació Bofill ha apuntado a la escuela concertada como parte responsable de la segregación escolar. Sale al paso de esa crítica la secretaria general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), que reúne al 70% de las escuelas concertadas catalanas, Meritxell Ruiz, que asegura que el principal problema -"como apunta la Síndica de Greuges", subraya- es la no gratuidad de la educación.

"Como el Departament d'Educació paga solo una parte de lo que cuesta una plaza escolar, el resto lo tienen que pagar las familias; para evitar que haya familias que queden fuera de algunas escuelas por las cuotas, el Govern tendría que asegurar la gratuidad de todas las escuelas", afirma la 'exconsellera', quien insiste en que "el sistema educativo tendría que ser como el sanitario", comparación que también ha dicho en alguna ocasión el actual 'conseller' del ramo, Josep Gonzàlez-Cambray.

"Yo voy a un hospital concertado y me ofrecen el mismo servicio que si fuera público. El paciente no tiene por qué saber si el hospital que le trata es público o concertado. Si la escuela concertada recibiera suficiente dinero, la situación sería la misma, las escuelas no tendrían que cobrar y la cuota no sería una barrera", apunta Ruiz, que subraya que "la concertada religiosa tiene un componente muy social". 

Sobre el polémico incremento de la partida a la escuela concertada pactado en los nuevos prepuestos de la Generalitat, que se ha incrementado en un 40%, Ruiz responde que "solo con la inflación ya se lo comen". "No lo digo yo, lo dice la Síndica. El plan contra la segregación escolar señala que para cubrir el coste real de una plaza el presupuesto a la concertada se debería incrementar en un 300%. Ese 40% está todavía lejísimos", considera Ruiz.

El (no) ejemplo de la inclusiva

A ojos de la  secretaria general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, el nuevo decreto solo tiene un sentido si está acompañado de una mejora de la financiación para que no pase como con el decreto de la inclusiva. "El problema no está en el decreto, sino en la financiación. Lo que ha quedado obsoleta es la financiación", reitera.

Ruiz tira también de informes de la Síndica de Greuges para poner sobre la mesa otra cuestión: "La mayor parte de la segregación escolar se explica por las diferencias entre centros de la misma titularidad, es decir, entre públicos y públicos y entre concertados y concertados, no entre públicos y concertados".

"Lo vital para luchar contra la segregación escolar es un buen entendimiento en los municipios", zanja la 'exconsellera', también haciendo referencia a estudios de la Síndica.

El pacto

El pasado mes de enero la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, presentó en el Parlament un informe sobre el progreso del decreto 11/2021, del Pacto contra la segregación escolar en Catalunya (PSEC), en el que indicaba que de las 30 medidas recogidas en el plan, se han cumplido ocho; es decir un 26,6%. Las 22 restantes están "en proceso de cumplimiento", señala el resumen ejecutivo del informe, que celebra que se haya definido el modelo, pero recuerda que "quedan tres cuartas partes del trabajo por hacer".

La memoria económica del decreto indicaba que para el curso 21-22 la financiación para la escolarización de alumnado con necesidades educativas específicas debía ser de 31,1 millones de euros en el caso de los centros públicos, y de 17,5 millones de euros en el caso de los centros concertados; y la financiación adicional recibida por los centros concertados había sido de 12 millones de euros, un 31,4% menos de lo previsto.

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