La escuela concertada escolariza a la mitad de alumnado extranjero que la pública

La Fundació Bofill ha presentado este miércoles un informe sobre la situación de la educación concertada en Catalunya coincidiendo con el 30º aniversario de la aprobación, en el lejano 1993, del todavía vigente decreto de conciertos educativos. Un decreto que desde el 'think tank' educativo consideran obsoleto, y cuya actualización ven imprescindible para combatir la segregación escolar. "Es necesario que el Departament de Educació apruebe un nuevo decreto para garantizar la programación integrada de la oferta educativa de todos los centros financiados con fondos públicos. No hacerlo comportará que el ajuste del número de plazas necesario para evitar la segregación se aplique solo a la red pública, que se debilitará", resumen desde la la fundación. La 'conselleria' lleva tiempo trabajando en un nuevo decreto que regula los centros concertados, pero de momento no hay avances relevantes.

En el informe presentado por la Fundació Bofill con el objetivo de apremiar a Educació para que se ponga las pilas con el asunto, la entidad pone sobre la mesa numerosos datos para la reflexión. El primero: el sector concertado escolariza la mitad del alumnado extranjero (11%) que la escuela pública (20%); "una diferencia de composición entre redes que se da en todos los municipios de más de 10.000 habitantes con centros concertados", destacan.

En cuanto a la matrícula viva -los alumnos que se incorporan a la red fuera del periodo de preinscripción, a lo largo de todo el curso-, según los datos aportados por la Fundació Bofill, el 71% de los centros concertados recibe menos matrícula viva que la media de sus municipios, una tendencia de asignación desde la Administración que, a ojos de los investigadores de la Bofill, hace crecer la desigualdad entre centros.

La brecha de composición social entre titularidades es multicausal -prosigue esta completa fotografía del sistema educativo catalán-, pero se explica "principalmente por la ausencia de una normativa clara que obligue a la corresponsabilidad de la red concertada y la voluntariedad a la hora de participar en determinadas medida de reequilibrio de la composición social", señalan convencidos de la necesidad de actualizar el decreto.

La Fundació Bofill critica que el 71% de los centros concertados recibe menos matrícula viva que la media de sus municipios

"La red concertada es desigual internamente en cuanto a la composición y corresponsabilidad, fruto de la desregulación normativa y la falta de control sobre el cumplimiento de las responsabilidades", prosiguen desde la Bofill, cuyos investigadores consideran también que, más allá de los impactos sobre la distribución equilibrada del alumnado entre redes de titularidad, la discrepancia normativa comporta una brecha significativa entre los centros privados-concertados en cuanto a su composición.

Oferta y demanda

La radiografía señala también que el número de grupos y plazas concertadas en Catalunya "excede con creces su demanda social". "En la preinscripción 22-23, 3.011 plazas concertadas quedaron vacantes en Infantil 3, un 17% de las plazas ofertadas inicialmente en los municipios de más de 10.000 habitantes", exponen. Este exceso de oferta, prosiguen los autores del informe, se debe a la resistencia de una parte de la red concertada a reducir los ratios en la preinscripción, tal y como había pedido el Departament, un mantenimiento de grupos en activo que no responde a necesidades de escolarización. Es decir, en I-3, la 'conselleria' ha fijado para la pública una ratio de 20 alumnos por aula, inicio de su plan global de reducción de ratios en todas las etapas educativas. Este límite no es obligado cumplimiento para la concertada. Esta bajada de ratios llega también forzada por el descenso de la natalidad, que está reduciendo progresivamente las cifras de población infantil.

Otra de las denuncias de la Bofill es que el Departament ha incrementado la financiación de la escuela concertada para la escolarización del alumnado con necesidades especiales (NESE) en 12 millones de euros para el 2023, pero sin ligarlo a medidas de equilibrio social, como la regulación de las cuotas o el ajuste de la oferta. "Este incremento solo tiene sentido si los recursos sirven de manera efectiva para eliminar las barreras de acceso y combatir las desigualdades de los centros. Sin avanzar hacia cambios estructurales en el modelo de financiación, prever mecanismos de control sobre los efectos de estas dotaciones sobre la segregación y garantizar que se cumplan de manera efectiva el acceso a las actividades y la permanencia a lo largo de los años de alumnado, las subvenciones no serán eficaces", concluyen.

La directora de la Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya (Affac), Lidón Gasull, coincide con la Bofill en que el principal problema de la segregación escolar es la sobreoferta de plazas en la concertada. Lo que no comparte es la necesidad de actualizar el decreto para revertir la situación. "Con el marco jurídico actual ya se podrían eliminar conciertos, y no se hace", plantea Gasull, quien teme que un nuevo decrete signifique "más dinero para la concertada y perpetuar la doble red".