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Listas de espera en la salud mental: más de 1.600 pacientes buscan residencia en Catalunya

La falta de residencias públicas impulsa a las familias a pedir créditos para pagar centros privados o condena a los afectados a vivir en la calle

Los servicios de detección en menores alertan de un incremento de casos de patología dual, los más complejos y que requieren más apoyo

Problemas de salud mental

Problemas de salud mental / David Castro

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Elisenda Colell
Elisenda Colell

Redactora

Especialista en pobreza, migraciones, dependencia, infancia vulnerable, feminismos y LGTBI

Escribe desde Barcelona

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La infrafinanciación en la salud mental no tan solo afecta al colapso para poder tener una visita para ir al psiquiatra o psicólogo público. También hay listas de espera en residencias especializadas públicas. La Generalitat no detalla cuántos meses, o años, pueden llegar a esperar las personas que necesitan ingresar en ellas, pero sí les consta que hay 1.628 pacientes que esperan una plaza pública para poder tener un sitio donde vivir. Las 2.145 plazas actuales están llenas.

Estos pacientes son personas diagnosticadas con algún trastorno -en los casos más complejos también hay algún tipo de adicción- que, además de recibir tratamiento, necesitan un techo, ya sea porque la situación en casa de sus familiares es insostenible, o porque no hay casa ni familia a la que recurrir. Un problema que lleva a muchas familias a un sinvivir eterno. Las que pueden se llegan a endeudar para pagar residencias privadas. Los expertos, además, señalan que ya hay menores con muchas de estas problemáticas que no tienen un servicio asistencial público de estas características al que recurrir.

Es un problema relativamente nuevo, pero emergente, y que amenaza con dispararse en los próximos años. La falta de recursos para la salud mental no tan solo atañe a la Conselleria de Salut, a los centros ambulatorios o a las unidades psiquiátricas. También es una responsabilidad de la Conselleria de Drets Socials. En el caso de las residencias, vuelven a ser el 'patito feo' de la red pública. En Catalunya hay 71.179 plazas públicas en residencias, la gran mayoría gestionada por empresas o fundaciones sociales. El 90% de ellas son para personas de la tercera edad. El 4,5% para personas con discapacidad y cerca del 3% son para las personas con diagnósticos de salud mental.

La cárcel, la calle o el cementerio

"No podía estar en casa, mis padres eran ya mayores y no podían sostener la situación, pero estuvimos muchos años sufriendo pensando en que habría un sitio para ella en una residencia que no llegaba", cuenta a este diario la hermana de una joven diagnosticada con esquizofrenia que esperaba una de estas plazas. La chica murió sin llegar a entrar en el centro. Una realidad para nada infrecuente.

"Siempre lo decimos en la asociación: hoy por hoy el futuro de nuestros hijos pasa por la cárcel, la calle o el cementerio. No hay recursos para ellos", sostiene Xaro Díaz, presidenta de la Asociación de Familiares de Afectados por Trastornos de conducta (AFATRAC). Esta entidad, nacida en mayo de 2016, la forman familiares, habitualmente madres, de jóvenes con problemas de conducta y, en muchos casos, afectados por la patología dual: aparte de tener un diagnóstico psiquiátrico también consumen algún tipo de droga.

"Los casos de alta complejidad van en aumento en Catalunya. Nosotros tenemos constancia de que ya hay 6.000 casos como los nuestros", cuenta Díaz. En la entidad ya son 350 familias que tienen prácticamente el mismo problema. "No tenemos recursos asistenciales par nuestros hijos. En muchos casos la situación en casa es insostenible y terminan tirados por la calle. Cuando tienen un brote, sí son ingresados en el hospital psiquiátrico y acceden a los recursos ambulatorios. Pero después les dan el alta ¿y qué? No hay un sitio donde puedan ir, no hay recursos ni habitacionales ni laborales para ellos", se queja Díaz.

Endeudados

En los últimos tres años, seis hijos de padres de Afactac han fallecido. "Muchos mueren en la calle. Otros en casa, pero a consecuencia que haber vivido en la calle, no tratar sus enfermedades, no alimentarse bien... Ahora ya hay dos familias que me cuentan que sus hijos serán los siguientes en morir. Salen de la cárcel o de los hospitales y tenemos miedo de que se suiciden", sigue Díaz, que lamenta que muchas familias terminan agarrándose al último clavo ardiendo. "Ante la falta de plazas en centros públicos, muchas familias acaban pagando centros privados que valen 3.000 4.000 euros al mes. Esto no lo aguanta ninguna nómina... lo hacen con préstamos", sigue.

El aumento entre menores

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Pero no son los únicos que deben recurrir a los centros privados. En el caso de los menores de edad, es prácticamente el único recurso existente. "Estamos observando un incremento muy importante, gravísimo, de menores con patología dual", cuenta Gemma García responsable del centro SPOTT, de la Diputación de Barcelona. Este centro fue pionero en la atención de personas drogodependientes en Catalunya y España, y ahora se centra en los menores. Entre el 70 y 75% de sus pacientes, además de tener una adicción, ya sea a las pantallas o a la marihuana, también presentan un trastorno de salud mental. "Esto provoca más urgencias psiquiátricas, mayor ideación de conductas suicidas y, en algunos casos, conductas violentas. Porque el consumo o las adicciones desestabiliza el trastorno previo y hace que éste incremente", señala García.

El problema es que en el caso de los menores, apenas hay centros residenciales donde puedan vivir. Un hecho que García ve como un terrible error. "Es cierto que hay que mantenerlos en casa siempre que sea posible. Pero hay casos en que requieren ingresos en centros terapéuticos. Para menores, no los hay. Sólo tenemos los hospitales psiquiátricos, donde al cabo de unos días les dan el alta, o la red para drogas que está pensado para adultos. Es súper necesario poder detectar lo antes posible y abordar los casos con recursos especializados. Si no, se van a cronificar y habrá una evolución más grave y por lo tanto un pronóstico peor", subraya García. El suyo es de los pocos recursos públicos que hace seguimiento, no solo a los chicos, también a sus padres. Son precisamente estas familias las que no se pueden permitir ingresar a sus hijos en centros residenciales privados. "Si trabajáramos más preventivamente, si detectáramos más en las escuelas... no acabaríamos así", lamenta.