Ley del aborto
Los ginecólogos piden que el consentimiento sea verbal para cesáreas y fórceps en partos complicados
La ley del aborto obliga a recabar permiso de la parturienta antes de cualquier práctica invasiva, aunque corra peligro la vida de la madre o el bebé
La norma aboga por disminuir las cesáreas, los partos instrumentales, dar formación y respetar a las madres si no quieren dar el pecho
Patricia Martín
Periodista
Escribo en la sección de Sociedad, normalmente sobre temas sanitarios, de mujeres, violencia machista, infancia o consumo; aunque también he trabajado en otras secciones de El Periódico, como Política o Tribunales. Mi trayectoria profesional comenzó en medios locales, incluida una emisora regional de la 'Cadena Ser', y trabajé también para 'El País' y 'Cinco Días'.
Una de las principales novedades introducidas en la reforma de la ley del aborto aprobada el martes en el Consejo de Ministros, para su remisión a las Cortes, es que para evitar situaciones de violencia obstétrica y promover los derechos reproductivos se exija "de forma preceptiva el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres en los tratamientos invasivos durante la atención al parto". En el texto legal aprobado en mayo se exceptuaba este requisito en las "situaciones en las cuales la vida de la madre o el bebé esté en riesgo", pero el Ejecutivo ha eliminado ahora esta excepción en coherencia con la ley de la autonomía del paciente y para respetar aún más la voluntad de la mujer, en línea con las peticiones de diversas entidades sociales.
Pero, ¿cómo se recaba un consentimiento por escrito en una situación donde la vida de la madre o el bebé corre peligro y hay que actuar en minutos para realizar una cesárea de urgencia, usar los fórceps o realizar una episiotomía? Los médicos consideran que, en estas situaciones, se debería pedir el consentimiento informado de forma verbal y después incorporarlo a la historia clínica. Es la opinión del presidente de la Organización Médica Colegial, Tomás Cobo, y del presidente de la Sociedad Española de Ginecología, Txantón Martínez-Astorquiza.
El texto aprobado por el Ejecutivo no especifica si el consentimiento será verbal o escrito pero se remite a la ley del paciente, que fija que "toda actuación, en el ámbito de la sanidad, requiere el consentimiento de los pacientes", que debe efectuarse después de que el enfermo "reciba una información adecuada". En su artículo 4, dicha ley señala que el consentimiento será verbal, "por regla general", y escrito ante una "intervención quirúrgica y procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores".
La urgencia
Los partos instrumentales, las cesáreas o los fórceps son técnicas invasivas y, por tanto, según dicha ley, se debería recabar la conformidad por escrito. Pero, ante la premura con la que hay que actuar cuando los partos se complican y hay en riesgo vidas, los médicos consideran que en la ley del aborto se debería especificar que, en dichas situaciones de urgencia, sea verbal. "El consentimiento a quien más protege es a los médicos y además [en un quirófano] hay testigos, por eso ante una hemorragia o un sufrimiento fetal lo correcto sería que el consentimiento fuera verbal", reflexiona Martínez-Astorquiza. Debido a la reclamación de los sanitarios, este aspecto podría aclararse, vía enmienda, en las Cortes.
Más allá de los partos complicados, el consentimiento es una práctica habitual en los paritorios o consultas de ginecología. Por ejemplo, se suelen recabar antes de una cesárea programada o de la colocación de un DIU. Donde no se suele pedir por escrito es cuando se realiza un tacto vaginal, "porque en la relación médico-paciente se sobreentiende que si vas a examinar a la paciente, esta te da su permiso para realizar un tacto".
Las cifras
El motivo de requerir el consentimiento durante los partos responde a los requerimientos internacionales, dado que España supera los estándares en número de cesáreas y partos instrumentales, pese a que hace años Sanidad ya dio instrucciones para que disminuyan ambas prácticas. El último informe oficial indica que el uso de fórceps, amniotomías (romper la bolsa amniótica para acelerar el parto) y episiotomías en el periodo 2010-2018 cayó, pero los partos inducidos experimentaron un incremento “llamativo”, según el estudio, hasta en el 34% de los casos en los hospitales públicos pese a que el estándar recomendado por la ONU es de 10%. Y las cesáreas tienen lugar en el 36% de los alumbramientos en los hospitales privados y en el 21% de los públicos (datos del 2018), porcentajes que han permanecido estables en la última década, pese a que la recomendación internacional es de un máximo del 15%.
Teniendo en cuenta esta situación y la demanda de cada vez más mujeres que alzan la voz ante situaciones en los partos que consideran injustificadas, la ley del aborto, sin mencionar el término violencia obstétrica, que causa rechazo en el ámbito médico, propone varias medidas, como "disminuir el intervencionismo, evitando prácticas innecesarias" en consultas y paritorios; promover la formación adecuada en los servicios de ginecología y obstetricia y aprobar un protocolo común de actuaciones.
Asimismo, "garantiza la no separación innecesaria del recién nacido con su madre" y "el respeto a la decisión sobre la forma de alimentación", para tratar de acabar con la presión que sienten las mujeres para que, sí o sí, den lactancia materna.
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