La fiscalía abre 254 diligencias para hacer el seguimiento del covid en residencias de Barcelona

Durante la primera ola de la pandemia del coronavirus y con los fallecimientos en las residencias de ancianos disparados, las fiscalías catalanas y la del resto del Estado abrieron decenas de diligencias civiles para hacer un control de la situación, tanto de los residentes como de sus empleados. A la vez, se incoaron procedimientos de investigación para averiguar si los hechos denunciados por particulares podrían ser constitutivos de delito, aunque casi todos estos casos están archivados por el servicio especializado penal que lo tramitó. La Fiscalía de Barcelona ha dado ahora un paso más en el seguimiento del covid y ha iniciado de oficio 254 diligencias civiles que permitirán tener una radiografía actual y pasada de los efectos la pandemia en centros de la tercera edad, así como del cumplimiento de los planes de contingencia y los protocolos fijados por la Administración.

La sección civil y coordinación en materia de discapacidad y tutelas de la fiscalía, cuya delegada de Catalunya es María José Núñez Tomás y compuesta por seis miembros, ha puesto en marcha estas diligencias civiles respecto a residencias de la ciudad de Barcelona, aunque no se descarta en un futuro extender esa supervisión a otros territorios. El objetivo de la fiscalía es ejercer labores de tutela de colectivos vulnerables y, en concreto, hacer un seguimiento no solo de los mayores que viven en estos centros, sino también de su personal y del material con el que cuentan.

La fiscalía está remitiendo oficios a los 254 geriátricos. Con la mayoría de ingresados ya vacunados contra el covid (93% de internos y 77,5% de los empleados), se pretende recoger datos muy diversos, desde el listado de residentes y la circunstancia de cada uno de ellos, hasta los protocolos de actuación a raíz del coronavirus, los ingresos hospitalarios motivados por la dolencia, el número de contagiados y de fallecidos y las pruebas PCR que se han practicado. El ministerio público pide, además, el plan de organización de cada centro (donde se especifica la plantilla), si hay suficientes equipos de protección y los protocolos utilizados para las visitas de familiares.

El mapa de la pandemia y la vacunación

El cuestionario es amplio y los geriátricos han empezado a contestar. La fiscalía también ha requerido a la Generalitat información sobre su interventor desde el inicio de la pandemia para completar ese mapa del covid en estos centros.

La actuación de la fiscalía va dirigida a realizar una supervisión de las medidas que se han adoptado para evitar los contagios en las residencias, centrando su actividad únicamente en aspecto de protección de los mayores, sin perjuicio que si de descubre una conducta que se derivada una responsabilidad de los gestores y directores de los centros se remita el caso al servicio penal. De esta manera, se podrá tener al detalle lo que ha pasado en las residencias desde que se decretó el estado de alarma, en marzo del año pasado, y los planes que se han puesto en marcha a lo largo de un año. Cuando la situación de la pandemia lo permita, los fiscales volverán a realizar visitas presenciales. En los últimos meses el contacto ha sido a través de escritos y por teléfono.

La Fiscalía General del Estado ha emitido instrucciones sobre el control de las residencias. Una de ellas se remonta a 1990 y fue redactada a raíz de la “precaria” situación de algunos geriátricos repartidos por toda España. Esta norma interna atribuía a los fiscales la posibilidad de visitar cuando lo consideraran oportuno y “con natural prudencia” los geriátricos y examinar directamente los expedientes de los internos, así como a solicitar a la Administración información sobre las deficiencias detectadas por sus técnicos averiguaran. En el caso de que los fiscales descubrieran alguna irregularidad las tenían que comunicar a las autoridades para que las corrigiera cuando no fueran constitutivas de infracción penas. Desde entonces, se han redactado otros acuerdos aplicables en el ámbito civil respecto a personas con discapacidad.

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