Crisis sanitaria

La Fiscalía de Barcelona archiva la mayoría de casos penales por el covid en las residencias

De la cuarentena de diligencias abiertas en la primera ola de la pandemia solo quedan activas ocho denuncias

Entre los motivos se encuentran a falta de indicios delictivos o que un juez ya está investigando el asuntos

El ministerio público continúa controlando el cumplimiento de los planes de la Generalitat en cada centro

Un grupo de ancianos en una residencia de Barcelona

Un grupo de ancianos en una residencia de Barcelona / Ricard Cugat

J. G. Albalat

J. G. Albalat

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Durante la primera oleada de la pandemia del coronavirus, las fiscalías de toda España empezaron a abrir decenas de investigaciones por los contagios en las residencias y la falta de equipamiento de protección (EPI) para el personal de las mismas. La mayoría no han llegado a buen puerto ante la dificultad de probar la negligencia. En Barcelona se incoaron una cuarentena de procesos por la vía penal. De este total, 31 han sido archivadas y solo ocho se están todavía tramitando. Por ahora, la fiscalía barcelonesa no ha presentado ninguna querella o denuncia en los juzgados fruto de sus pesquisas, según fuentes de esta institución. Sin embargo, continúa ejerciendo el control del cumplimiento en otro tipo de actuaciones de los planes de actuación y los protocolos fijados por la Generalitat en cada centro. 

Los archivos decretados por la Fiscalía de Barcelona son por motivos variados, pero el más significativo es la inexistencia de indicios delictivos. Pero también hay otros argumentos, como la falta de competencia territorial (debería haberse presentado en otra fiscalía), que un juez ya esté investigando (el ministerio público tiene la obligación de cesar su investigación si lo está haciendo ya un juzgado) o la derivación del asunto a la vía civil para hacer un seguimiento del centro. Las fuentes jurídicas consultas alegan que algunas denuncias que en su día se presentaron por supuesta mala gestión de las residencias durante los primeros meses de pandemia eran generalistas y no aportaban los datos suficientes para que una investigación penal tirara adelante.

Una de las denuncias archivadas aglutinaba a una decena de residencias, algunas de ellas dependientes de la Generalitat, del área metropolitana. La fiscalía la ha derivado a la vía civil para controlar la actuación en estos geriátricos. Al entender del colectivo de familiares que presentó la denuncia se estaba vulnerando los derechos de salud y la atención sanitaria de los residentes durante la pandemia. Con el escrito se adjuntaba documentación recogida por personas que habían perdido algún familiar en esos centros, así como historiales clínicos y testimonios de parientes y trabajadores del centro.

Vigilancia de la gestión

La fiscalía de Barcelona, al igual que las del resto de España, llegó a abrir en esa primera ola otro tipo de actuaciones no penales, sino también civiles. En concreto las diligencias dirigidas a proteger los derechos de las personas vulnerables, en estos supuestos de los ancianos que residen en los geriátricos. En estos momentos, hay una veintena de asuntos de este tipo todavía vigentes.

En estas actuaciones civiles se está controlando el cumplimiento de los planes de actuación y protocolos establecidos por la Generalitat para cada residencia, más o menos estrictos dependiendo del grado de afectación sanitaria. También se tiene especial cuidado la vigilancia de las medidas de personal de refuerzo, el tratamiento y el aislamiento de los residentes contagiados, el traslado a los hospitales de los enfermos y la relación de los internos con sus familiares, según fuentes de la fiscalía.

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