Objetivo: que vivir en un geriátrico sea igual que vivir en casa

La popularidad de las residencias de ancianos ha caído en picado debido a la pandemia, dado que la crisis sanitaria ha sacado a la luz la escasez de personal y de medios materiales y sanitarios con la que cuentan muchos de estos centros. Esta situación, junto al deseo de muchos ancianos de ser atendidos en sus propias casas o la falta de recursos para poder pagar los geriátricos con mejores servicios, ha provocado que el Gobierno central se oriente por fomentar la atención domicilia de los dependientes, una apuesta que casa con el Plan de Servicios Sociales 2020-2024 aprobado por la Generalitat.

De hecho, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes una inversión de 731 millones de euros, procedentes de los fondos europeos, que se destinarán, según la terminología usada por el Ministerio de Derechos Sociales, "a transformar la economía de los cuidados y a apostar por la accesibilidad universal".

"¿Yo, en una residencia? No, por favor"

Según ha argumentado la ministra Ione Belarra, en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete, la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto que "el modelo residencial no atiende adecuadamente las necesidades y deseos" de los dependientes y que "las mujeres vuelven a hacerse cargo de la mayor parte de los cuidados".

Ante estos dos "aprendizajes", el Gobierno "ha pisado el acelerador de los fondos europeos", con el impulso de una "financiación ambiciosa" que va a permitir a España "parecerse más a Europa, donde la inversión en cuidados está muy por encima de la media española". El plan permitirá, además, crear empleo de calidad en un sector "precarizado y feminizado" y en la llamada España vaciada, que es donde viven muchos de los ancianos, según a destacado Belarra.

Residencias más pequeñas

En concreto, el grueso de los fondos, 482 millones, irá destinado a fomentar la atención domiciliaria cuando sea posible y a que los centros residenciales creen entornos similares a los domésticos. La idea es que se abran residencias más pequeñas, con personal estable, por tanto "lo contrario a lo que hay ahora", según la ministra.

Por otro lado, 216 millones se destinarán a reformar el modelo de atención a la infancia, los centros residenciales y la modernización tecnológica de los servicios sociales. Por último, 31 millones se invertirán en eliminar barreras para las personas con diversidad funcional, en su relación con las administraciones, en espacios físicos, el transporte público y mejorando los canales de comunicación. El reparto de los fondos, que tendrán carácter finalista, se concretará con las comunidades en un próximo Consejo Interterritorial.

Las listas de espera

Esta inversión se completará con el plan de choque en dependencia aprobado por el Gobierno, las autonomías y los agentes sociales y que contempla una inversión de 3.600 millones de euros en tres años. Los primeros 600 millones, que ya se han incorporado a los presupuestos de este año, permitirán ya revertir los recortes que el PP aplicó a partir del 2012 y que los sucesivos ejecutivos hasta ahora no han recuperado. Según los cálculos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el primer montante podría reducir un 20% las abultadas listas de espera, donde hay más de 230.000 personas a la espera de recibir una prestación y otras casi 150.000 que aguardan a ser valoradas.