El plan de choque para dependencia permitirá reducir un 20% las listas de espera en 2021

La pandemia ha puesto de manifiesto que las residencias de ancianos adolecen de falta de personal e instalaciones adecuadas y que el sistema de dependencia, aprobado en 2006 y con 1,1 millones de beneficiados, tiene problemas de funcionamiento que se arrastran desde hace años, pero que la crisis sanitaria ha agudizado.

De hecho, en el primer azote del virus, la saturación sanitaria provocó que en las autonomías con más casos se negara la asistencia a los residentes enfermos de covid. Una nefasta gestión que despertó un aluvión de críticas, querellas en los tribunales y que obligó a gobierno y autonomías a buscar una solución, que se ha traducido en el llamado plan de choque en dependencia.

Una estrategia a tres años, en cuyo diseño han participado también los agentes sociales, y que tiene tres objetivos prioritarios: mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en residencias y hogares, con el fin también de ofrecer más calidad en la atención; introducir avances en los servicios y prestaciones y reducir las largas listas de espera.

600 millones

Para ello, el plan prevé una inversión del Gobierno central de 600 millones este año, lo que supone revertir los recortes que el PP aplicó a partir del 2012 y que los sucesivos ejecutivos no han recuperado hasta ahora. El porcentaje de financiación al sistema de la administración central pasará, por tanto, del 19,9% al 26,5%, lejos aún del 50% que marca la ley, según advierte la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales (AEDYGSS).

Si bien, para 2022 y 2023 se prevén nuevos aumentos, acumulativos, de magnitud similar, con un aumento total de la inversión de 3.600 millones de euros en los tres años, a lo que habría que añadir el montante procedente del Plan de Recuperación europeo.

Con todo ello, “la absoluta prioridad debería ser reducir las listas de espera y los tiempos de tramitación”, según demanda la asociación.

El laberinto

Y es que en la actualidad hay más de 230.000 personas dependientes a la espera de recibir una prestación, a las que habría que sumar otras casi 150.00 que aguardan a ser valoradas, dado que el tiempo medio de tramitación de un expediente es de 432 días. Esto significa que cada nueve minutos muere una persona en “en el laberinto burocrático de la ley”, según la AEDYGSS.

Para la reducción de las listas de espera, el Ministerio de Derechos Sociales ahora capitaneado por Ione Belarra está firmando acuerdos bilaterales con las comunidades, en busca de acordar medidas concretas en cada territorio y simplificar los procedimientos administrativos. El ministerio no ha ofrecido datos de la reducción que prevé con la inversión este año, pero según la citada patronal de los gerentes los 600 millones permitirán la atención de 66.305 nuevos beneficiarios, reduciendo así en un 20% el listado en 2021.  

La teleasistencia

Asimismo, el plan de choque contempla que en el 2022 todas las personas con grado reconocido de dependencia, que vivan en su domicilio, tengan acceso al servicio de teleasistencia, que pasará a considerarse un derecho subjetivo. Además, en este ejercicio se regulará la figura del asistente personal y se revisarán los copagos.

Por otro lado, el Plan Corresponsables promovido por Igualdad prevé crear una red estatal de cuidadores, tanto para familias con menores a cargo como dependientes. Si bien, de momento es una “política semilla” en la que solo se han invertido 200 millones. Quizá por ello, Pablo Iglesias, ahora candidato a presidir la Comunidad de Madrid, ha propuesto recientemente aprobar una ley de cuidados que “arrebate la gestión de las residencias a los fondos buitre”. Si bien no ha concretado su propuesta, más allá de apostar porque los mayores reciban ayuda sobre todo en sus casas, lo que además fomentaría el empleo. 

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