14 jul 2020

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en toda españa

Convocada una huelga de alquileres a partir de abril por la crisis del coronavirus

Más de 200 asociaciones de inquilinos reclaman al Gobierno que suspenda las rentas inmobiliarias por la gran afectación que está provocando la pandemia en las familias

Carles Cols

Manifestación contra la burbuja del alquiler celebrada en abril.

Manifestación contra la burbuja del alquiler celebrada en abril. / ROBERT RAMOS

Los sindicatos de inquilinos de España y un abanico de otras entidades, hasta sumar 200 plataformas distintas, proponen consumar este 1 de abril, día de pago de recibos, la primera huelga de alquileres de España desde 1930. Es, admiten desde el Sindicat de Llogaters, uno de los impulsores con más músculo de esta iniciativa, un primer aviso. A la espera de que el Gobierno anunciara alguna medida en esta materia, se les ha echado el fin de mes encima. El impacto de la huelga en abril puede, por lo tanto, que no sea abrumador, así lo admiten, entre otras razones porque habrá quien tenga reservas aún para encarar esta mensualidad entrante y porque la convocatoria llega en el último suspiro de marzo, pero advierten ya de que, salvo que el Ejecutivo central tome la iniciativa (se prevé que los haga este último día de mes) , dedicarán abril a impulsar una contundente huelga de alquileres en toda España cara al 1 de mayo, tanto de residentes como de comercios. El argumento principal de los sindicatos de inquilinos es claro y directo: qué sentido tiene parar la economía productiva, de la que dependen los puestos de trabajo y, a la par, no tomar medidas contra la economía rentista.

Las huelgas de alquileres son una rareza, pero hay antecedentes. En julio de 1930, la CNT consiguió que unos 45.000 inquilinos no pagarán los alquileres en Barcelona, mal endémico de la ciudad desde hacía años. En agosto, los impagos por huelga fueron ya 100.000. Pero el antecedente más equiparable al actual es, tal vez, el de la primera huelga de alquileres acreditada como tal, que ocurrió en Glasgow en 1915 y que fue impulsada, sobre todo, por las mujeres de la ciudad. Sus maridos habían sido enviados a la primera guerra mundial y, así, los ingresos familiares se habían cortado de raíz.

Documentos de adhesión

La diferencia, ahora, son las redes sociales. Las plataformas convocantes han creado una página web (suspensiónalquileres.org) en la que reivindican esta huelga como imprescindible para defender a quienes por culpa del covid-19 se han quedado sin ingresos, informan de las consecuencias del impago (los arrendadores no pueden denunciarlo mientras dure el estado de alarma, pero sí cuando se ponga fin al confinamiento si el Gobierno no acuerda alguna medida paliativa) y, para aquellos que decidan pasar a la acción, facilitan un documento tipo que los inquilinos deben presentar a los dueños de los pisos, en el que se explican los motivos de su decisión, y suministran otro formulario para que lo envíen al Ministerio de Vivienda.

La idea de convocar una huelga de alquileres ha estado latente desde que en mayo del 2017 se fundó en Barcelona el Sindicat de Llogaters. La razón, entonces, era la conocida, que los precios eran desproporcionadamente altos en comparación con los salarios. Desde entonces, la amenaza de la huelga ha servido como mucho para desatascar alguna negociación colectiva de alquileres con algún propietario, algo realmente novedoso, pero la opción de realizar un impago general en señal de protesta parecía siempre una meta inalcanzable. Hasta ahora. En cierto modo, lo que las plataformas pretenden es convertir los impagos inevitables, que los habrá por falta de dinero en muchas familias y comerciantes, en una huelga.

División en el Gobierno

En el seno del Gobierno hay un pulso de pareceres sobre esta cuestión. El principal miedo es que una acción osada desencadene a corto o medio plazo un alud de demandas judiciales. La letra pequeña de los contratos de arrendamiento no abre la posibilidad, según analizan estos días los colegios de abogados, a que la crisis sanitaria pueda ser aceptada como un motivo de revisión de las cláusulas acordadas el día de la firma. Hay otro argumento que el sector más conservador del Gobierno pone sobre la mesa. Sostiene que de los alquileres son el sustento de muchas familias porque, de forma generalizada, los arrendadores lo son de un único piso. Es así, dicen, en un 85% de los casos. Esa afirmación responde al conjunto de España, que en esta materia no es ni mucho menos homogénea.

En el caso de Barcelona, por ejemplo, justo antes de que estallara la actual pandemia, el Observatori Metropolità de l’Habitatge mostró la última radiografía inmobiliaria de Barcelona. Además de señalar que el precio medio de los alquileres firmados durante el último trimestre del 2019 fue de 1.005 euros, reveló que un 24,3% de los pisos en alquiler en la ciudad están en manos de empresas y, más llamativo aún, subrayó que un 9,8% de los pisos de alquiler, o sea, 75.767 viviendas, son propiedad de tan solo 1.087 dueños. Cada uno de ellos, por lo tanto, tiene de media 70 pisos.

No actuar en defensa de los inquilinos ante estas cifras, explica una portavoz del Sindicat de Llogaters, sería repetir el error que se cometió al encarar la crisis económica del 2008, cuyo poso principal fue que se extremaran las diferencias de renta en España.