Trabajadores de centros de menores estallan en una protesta frente a la DGAiA

Cerca de 500 personas, todas ellas trabajadoras de centros de menores tutelados de la Generalitat, han participado este martes en una concentración frente a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAiA) y han cortado la avenida del Paral·lel durante varias horas. El motivo de la protesta, convocada por la Plataforma Sector Social en Lluita, son las "precarias" condiciones laborales de los empleados del sector, algo que los nuevos presupuestos de la Generalitat no prevén mejorar. 

"La DGAIA nos desampara" o "basta de precarización", rezaban algunas de las pancartas que se han visto en la protesta de un sector que ya no puede más. "El trabajo que realizamos es una de las pocas vías de protección que les quedan a estos jóvenes", han expuesto en un manifiesto los miembros de la plataforma, que han criticado que están "absolutamente abandonados por la Generalitat". "Queremos unas condiciones laborales dignas que, sin lugar a dudas, ahora mismo no tenemos", han subrayado. 

Retrasos en los pagos

A lo largo del 2019, la Generalitat acumuló importantes retrasos en los pagos a los centros de menores que dirigen distintas entidades sociales. Unas demoras que siguen produciéndose. "Aún no hemos podido emitir las facturas del mes de enero", han explicado algunas entidades prestadoras de estos servicios presentes a la protesta. Y, como consecuencia directa, algunos trabajadores no han podido llegar a final de mes. "Muchos nos hemos quedado en números rojos, no teníamos dinero para pagar la gasolina", han relatado miembros de la plataforma que no han querido identificarse. 

En estos momentos, hay diferencias de hasta 800 euros mensuales entre los sueldos de los trabajadores de los centros tutelados de titularidad pública, que son cerca del 10% del total, y los centros de gestión delegada, que pese a ser centros públicos los gestionan entidades privadas con unos salarios notablemente inferiores.

"Pedimos la equiparación salarial, y que se nos reconozca como un sector público igual que los maestros", han reivindicado los trabajadores de estos últimos centros. En estos momentos la negociación para mejorar el convenio colectivo de acción social está estancada porque los precios que paga la Generalitat a las entidades sociales siguen congelados desde hace 10 años. Por tanto, las mejoras económicas son, de momento, inviables. Por el momento, el dinero que la Generalitat aporta a los centros de menores tutelados sigue siendo el mismo que en el 2010. Pero el IPC ha subido un 16%. "Hemos perdido un 30% de poder adquisitivo", han clamado los trabajadores.

Más protestas

Los educadores agrupados en esta plataforma están dispuestos a mantener las espadas en alto. No son los únicos. La Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (FEDAIA) anunció este lunes "un programa de movilizaciones y acciones de protesta" por su "desacuerdo" con los presupuestos. "El sector está en una situación límite tanto por las personas atendidas como los trabajadores", criticaron. 

Otra de las entidades que se ha sumado a la protesta de este martes es el Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC). "El malestar es brutal, hay encargos imposibles con infradotación presupuestaria y condiciones laborales pésimas", lamentaba Lluís Vila, uno de los miembros de la junta del CEESC presente en la protesta. 

A la una del mediodía estaba previsto que la secretaria de Infància se reuniera con los promotores de la concentración. "Tenemos voluntad de mejora", han explicado fuentes de la Generalitat, haciendo referencia a diversos encuentros previstos para inciar "un proceso de reflexión del sistema". Sin embargo, las nuevas cuentas del Govern no reflejan esta situación. En el 2019 se invirtieron 369,4 millones de euros en la DGAIA, mientras que este 2020 el gasto previsto es de 305,8. Una reducción del 17% en los fondos.

Fuentes de la 'conselleria' desvían el malestar de los trabajadores hacia las entidades. "Nosotros no pagamos a los profesionales", afirman, y alentan a "denunciar" a las entidades si no se cumplen sus condiciones.