Una deuda millonaria de la Generalitat pone al límite la atención a la infancia

Las entidades sociales que gestionan centros públicos de menores tutelados están al límite. Hace tres meses que no cobran por el servicio que prestan a la Generalitat, según afirma La Confederació, la patronal del tercer sector y reconoce la Generalitat. La situación se agrava en los centros de acogida de menores extranjeros de emergencia, donde los impagos datan desde el año pasado. A falta de datos confirmados por Afers Socials, la deuda se podría situar alrededor de los 25 millones de euros, según ha podido calcular esta redacción a partir de información oficial. 

Desde enero, ningún centro de menores tutelados puede emitir facturas a la Generalitat por el servicio que presta. El motivo es que, para garantizar el servicio, Afers Socials ideó un nuevo sistema de pago. La idea es acreditar a las entidades, entregarles una especie de 'sello de calidad', que les permite una financiación mucho más estable y dejar de acudir a servicios de libre concurrencia donde las empresas con ánimo de lucro que pueden bajar el precio y prestar el mismo servicio. Este nuevo sistema, según fuentes de Afers Socials, debe permitir "procedimientos más ágiles". Según el tercer sector, ya se aplica en las entidades que trabajan con dependientes.

El problema es que "ha habido retrasos". Lo confirma la 'conselleria', que habla de una "situación coyuntural que se debe resolver en las próximas semanas" aunque no da cifras de los impagos. Según La Confederació, los únicos afectados de estos retrasos son las entidades que prestan servicio a la Direcció General de Atenció a la Infancia i l'Adol·lescència (DGAIA). La entidades ya no pueden emitir facturas de pago como hacían antes, pero tampoco cobran de otra forma alternativa porque el sistema de las acreditaciones aún no se ha implantado. De hecho, la única administración que va pagando las facturas es el Consorcio de Barcelona, donde el ayuntamiento de la capital catalana tiene una presencia del 40%.

Los más vulnerables

Esta deuda podría situarse en los 25 millones de euros. Fuentes de La Confederació confirman que los servicios afectados son los centros de acogida, los residenciales (CRAE y CREI), los pisos tutelados de inserción de hasta 21 años, los centros y recursos terapéuticos para menores, pensados para niños tutelados con drogadicciones o discapacidad, y también los servicios de atención y apoyo laboral. Es decir, servicios que atienden niños y adolescentes vulnerables que no tienen a nadie más que les dé un apoyo.

En total, según la estadística oficial a fecha de febrero, y restando la ciudad de Barcelona y los centros de gestión propia de la Generalitat (nueve según una respuesta parlamentaria del 5 de abril), los equipamientos de la DGAIA que gestionan las entidades sociales suman un total de 318 centros y 3.674 plazas. El precio de cada niño a cargo difiere de entre los 136 euros al día hasta los 106 euros, teniendo en cuenta el tamaño de cada centro. Si calculamos el precio más alto, la deuda solo de los meses de enero y febrero ascendería a los 29,9 millones de euros. Por la horquilla a precio más bajo, la suma llegaría a los 23,3 millones. Y es que, según la ley, la Generalitat debe pagar los servicios que consorcia con terceros un mes más tarde.

Deudas de 2018 por los menores migrantes

El problema se agrava con las plazas y los centros de emergencia abiertos con relativa prisa para acoger la llegada de adolescentes migrantes sin ningún adulto que se haga cargo de ellos. "Acumulamos facturas impagadas desde el mes de octubre", explica el responsable de la Cooperativa Actua, Miquel Àngel Carreto, a este diario en referencia a los tres centros para la acogida y integración de estos menores que dirige a petición del Govern. En cambio, en los seis CRAE y los cinco pisos que gestiona esta cooperativa, los impagos se producen desde enero, cuando tenía que aplicarse este nuevo modelo de financiación. Fuera de la capital, hay 2.723 plazas para los niños migrantes. A cada mes impagado, la deuda se podría situar entre los 370.328 y los 288.638 euros.

La Generalitat reconoce la deuda del 2018 con los centros de los menores migrantes. "No estan incluidos en la cartera de servicios sociales y ha habido que adaptarlos", explican fuentes de Afers Socials. La Confederació teme que el 40% de estos centros, que no están acreditados, no puedan cobrar. El Govern lo niega, "estamos trabajando para agilizar al máximo la tramitación de los expedientes y que puedan emitir las facturas". 

Créditos con los bancos

Hasta ahora, la mayoría de entidades sociales han tenido que pedir créditos a los bancos para poder pagar el sueldo de los educadores, la comida y las actividades de los chicos. "Estamos intentando que no se note en la atención, aunque por ejemplo las obras de adecuación de los espacios los estamos posponiendo", asegura Carreto. Otras entidades sociales se plantean pagar los sueldos a plazos si no cobran a finales de abril. 

El problema de fondo es que las entidades del tercer sector están, literalmente, "perdiendo dinero", para gestionar un servicio público. Los intereses de los créditos los tendrán que pagar igualmente, fuera de la aportación de la administración. En el otro lado está el precio establecido por menor a cargo. Hace semanas, en rueda de prensa, La Confederació ya manifestó que hace 10 años el Govern les paga lo mismo por la gestión de los servicios, aunque el precio de la vida ha crecido de forma considerable. Y los servicios de atención a la infancia son uno de ellos.

Tras este desolador panorama, la realidad se empeña en hacer las cosas aún más difíciles. Desde el 1 de enero hasta el 15 de marzo, la Generalitat tuteló 529 menores migrantes. Superior a los 418 de los que se hizo cargo los tres primeros meses del 2018. Se espera que este año lleguen 5.500 menores. El tercer sector se pone las manos a la cabeza. "Si no cobramos, no podremos abrir centros", explican algunas fuentes del sistema de protección. Y sospechan que ya haya empresas privadas que se estén frotando las manos. "A diferencia de nosotros, ellos se podrán endeudar y abrir todo lo que haga falta". Si se confirman estas sospechas, la atención a los más vulnerables se habrá convertido en un negocio. Precisamente, lo que la Generalitat quería evitar con el nuevo sistema de las acreditaciones sociales.