Querella contra los Jesuitas por no denunciar la pederastia del colegio Sant Ignasi

Los abusos sexuales cometidos en el pasado por sacerdotes del colegio Sant Ignasi de Sarrià y silenciados por la orden de los Jesuitas, dueños del centro, salieron a la luz en marzo del 2019 con la entrevista de EL PERIÓDICO a Jordi y Oriol de la Mata. En las semanas posteriores, y tal como intuían los dos hermanos, aparecieron nuevas víctimas: un total de siete hombres y mujeres –alumnos y alumnas en los años 70 y 80– que fueron acosados por cuatro profesores religiosos: el fallecido Lluís To (tres denuncias pero con más de una decena de acusaciones), Pere Sala (dos denuncias), Antoni Roigé (una denuncia) y Josep Antoni Garí una denuncia).

Todas las denuncias recayeron en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y, como ha ocurrido en la inmensa mayoría de abusos perpetrados en recintos religiosos, han topado con el muro de la prescripción. Según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, la mitad de esas demandas han sido archivadas porque atañen a delitos prescritos y el resto correrán la misma suerte en breve. Sin embargo, podría existir una grieta para que la justicia por una vez investigue la gestión de la pederastia por parte de las organizaciones religiosas.

Los hermanos Jordi y Oriol de la Mata han presentado una querella contra los que fueron rector y jefe de estudios, dos profesores, un auxiliar y -como responsables civiles subsidiarios- contra el colegio Sant Ignasi, la Compañía de Jesús, la Fundación Jesuïtes Educación. El escrito ya sido recibido por un juzgado de instrucción de Barcelona que, de momento, ha pedido a los querellantes que ratifiquen la acusación: por un delito de omisión de perseguir actos delictivos.

Mireia Balaguer, abogada particular, defiende en su escrito que, aunque los abusos sexuales sucedieran hace años y hayan prescrito, quienes sabían que ocurrieron seguían teniendo la obligación de comunicarlo a los autoridades sin importar el tiempo transcurrido. "Ese deber, el de denunciar, no se extingue", explica la letrada. 

La institución lo sabía

La querella se sostiene sobre dos indicios. El primero es el relato de uno de los querellantes, Jordi de la Mata, que en su denuncia policial explica que él informó personalmente a varios profesores del colegio sobre lo ocurrido y que la reacción de estos fue la de censurar, incluso con algún manotazo, esa revelación. El segundo es una grabación telefónica -adjuntada como prueba- que de la Mata efectuó de una conversación un directivo de los Jesuitas. Durante esta, el directivo jesuita reconoció a de la Mata que la organización tenía constancia desde hacía mucho tiempo de la pederastia de Pere Sala, el profesor que abusó gravemente tanto de él como de su hermano durante años, y que incluso por este motivo fue apartado temporalmente de la enseñanza lectiva. 

Los Jesuitas de Catalunya abrieron en diciembre del 2018 una comisión interna para escarbar en su pasado. Lo hicieron dentro de un contexto social de rechazo a los abusos sexuales por parte de religiosos, dos meses antes de la cumbre en el Vaticano y tres meses antes de que este diario publicara la historia de los hermanos De la Mata. Hasta entonces, y a pesar de todo lo que sabían, no investigaron nada ni se dirigieron a los Mossos d'Esquadra para trasladar los casos que habían llegado hasta ellos. En eso se basa esta querella, a la que le espera un futuro incierto. 

Dificultades jurídicas

De entrada, el juez que analice la querella y que debe admitirla o rechazarla deberá valorar si, como sostiene la abogada de los hermanos De la Mata, el delito de omisión de perseguir acciones delictivas no prescribe, como sí sucede con los abusos sexuales. La letrada detalla en el escrito que este tipo de delito es de carácter "permanente". Por tanto, solicita que se investiguen "aquellas conductas" que consistieron en "omitir auxilio" y no poner "en conocimiento de las autoridades" los ataques sexuales cometidos por profesores y sacerdotes. Al no denunciarlo, contribuyeron a la prescripción del delito principal: los abusos.

La querella precisa que, para la doctrina jurídica, los delitos permanentes son aquellos tipos penales que se mantienen en el tiempo. Y concreta que en el caso de los Jesuitas hubo miembros de la orden que tuvieron conocimiento de los abusos a menores pero no lo denunciaron, una actitud que "se mantiene durante años por decisión y voluntad de los mismos, prolongando y manteniendo esa situación" de omisión.

El Código Penal castiga con una pena de multa o prisión a la persona que "pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno no impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual" y también al que, "pudiendo hacerlo", no acuda a la autoridad o a sus agentes para que impidan uno de esos delitos y de "cuya próxima o actual comisión tenga noticia". 

Ocho sacerdotes bajo sospecha 

La comisión de los Jesuitas de Catalunya recibió 19 mensajes que señalaron a siete sacerdotes jesuitas. Cuatro de estos ya se conocían tras ser avanzados por EL PERIÓDICO. Se trata de Lluís Tó, Pere Sala, Antoni Roigé y Josep Antoni Garí. 

Tó, ya fallecido, fue condenado en 1992 por abusos a una niña de 8 años y, después, fue trasladado a Bolivia. Este es el sacerdote que acumula el grueso de las 19 comunicaciones recibidas en el correo jesuita. Antes de irse del colegio, ya condenado, Tó recibió un homenaje.