El Gobierno da un nuevo impulso a las pulseras de control a los maltratadores tras el fiasco inicial
Manifestación antiviolencia machista en BCN.
Por qué confiar en El Periódico Sara María, Nuria Alonso, Maguette Mbeugou, Manoli Castillo y Anna María Giménez. Las cinco últimas mujeres asesinadas por sus parejas –y la madre de dos niñas apuñaladas en septiembre en Castellón- habían interpuesto, en algún momento, una denuncia contra su agresor y, sin embargo, el sistema no supo protegerlas. Y eso que el muro con el que habitualmente chocan las instituciones es el del silencio de las víctimas, que no confiesan su padecimiento ni a su familia ni a sus amigos más cercanos, por lo que es muy difícil ayudarlas. Por eso, cuando sí dan la voz de alarma y, aún así, acaban falleciendo, el dolor y la alarma social se acrecienta, por no mencionar que se incrementan las posibilidades de que otras mujeres se retraigan a la hora de pedir ayuda, al ver que el Estado no es capaz de protegerlas.
Ante esta situación, el Gobierno de Pedro Sánchez, que al llegar al poder se encontró con que el PP no había implantado ninguna de las medidas importantes del pacto de Estado contra la violencia machista, se ha puesto manos a la obra para intentar reforzar el sistema, que a todas luces hace agua.
Las decisiones van en varias direcciones, pero en lo que afecta a las medidas de protección, esta misma semana la delegada del Gobierno contra la violencia machista, Pilar Llop, ha pedido al Poder Judicial, la fiscalía y el Ministerio de Justicia que difundan que se han mejorado las pulseras de control a los maltratadores, con el fin de que los jueces acuerden más la interposición de un recurso infrautilizado, pese a que se ha demostrado más útil que las órdenes de alejamiento.
Burlan las órdenes de alejamiento
De hecho, ningún hombre con brazalete ha matado a una mujer y se cuentan por decenas los que burlan las órdenes de alejamiento. El problema de las pulseras, adquiridas en 2009, es que dan muchos fallos y más de la mitad de las alertas son provocadas por errores técnicos (falta de cobertura del GPS) y no porque el agresor se acerque a la víctima. De ahí que ni los abogados ni los fiscales soliciten en muchos casos esta medida de protección, para evitar las molestias a las afectadas.
Ningún hombre con brazalete ha matado a una mujer y se cuentan por decenas los que burlan las órdenes de protección
Si bien, y después de que el concurso de renovación y mejora tecnológica de los dispositivos puesto en marcha el año pasado por el PP quedara desierto por una dotación insuficiente, finalmente Telefónica se ha hecho este mes adjudicataria del servicio. El contrato implica que la empresa será la propietaria de las pulseras, que cederá mediante una especie de 'leasing' al Gobierno. Además, se ha modificado el funcionamiento, por lo que a partir de ahora se prevé que den menos falsas alarmas.
En estos momentos hay activos 1.108 brazaletes de los 3.000 disponibles, por lo que “hay posibilidad de aumentar el número de agresores vigilados con este sistema” y el Ejecutivo espera “que así sea”, según explica de la delegada del Gobierno.
La formación y el cuestionario
En declaraciones al PERIÓDICO, Llop detalla que, además de la solicitud transmitida al Poder Judicial y a la fiscalía, en los cursos de formación y reciclaje de los jueces se les explicará el funcionamiento y las virtudes del sistema. “Sería bueno extender la formación a la abogacía”, opina, puesto que los letrados también pueden solicitar las pulseras para proteger a sus defendidas.
Al impulso de las pulseras se une la reformulación del sistema de valoración de riesgo que se hace en las comisarías. Interior prevé introducir en los cuestionarios que rellenan las víctimas nuevas preguntas para intentar afinar mejor el riesgo de homicidio y determinar si los hijos de estas corren peligro.
El problema es que no se hace ningún tipo de comprobación sobre lo que contestan las mujeres, ni se cita en las comisarías al agresor, para determinar si el riesgo de maltrato es alto, medio o bajo. El juez tiene luego que decidir, pero en ocasiones no tiene muchos más datos, en unos juzgados saturados y con falta de medios humanos y materiales.
"Se debería tener en cuenta que desde el área de la psicología se puede obtener mucha información con relación a la predicción del riesgo"
Por ello, la exinspectora de policía y psicóloga Luisa Velasco reclama que los agentes estén “suficientemente preparados” y que en las comisarías y juzgados haya profesionales que den apoyo psicológico inmediato, “lo que será beneficioso para la mujer y de gran ayuda para la policía”.
Escasez de unidades forenses
En este sentido, se han incrementado las voces que exigen que se generalicen, en las sedes judiciales, las unidades forenses, que disponen médicos, psicólogos y trabajadores sociales, y pueden ayudar en la determinación del riesgo. Sin embargo, no existen en todas las provincias y muchas están desbordadas.
El Gobierno prevé impulsarlas y reclamar más a las autonomías con competencias en la materia. Pero esto no es suficiente. Sigue en vigor una disposición legal que impide que vayan a juicio muchos delincuentes machistas. Se trata de la posibilidad que tienen las víctimas de no declarar contra su pareja, la llamada ‘dispensa’. “Por miedo o presionadas, muchas de ellas no quieren declarar y la dispensa se vuelve un arma contra ellas”, explica Susana Gisbert, fiscal especializada, que reclamó a los parlamentarios, en la negociación del pacto antimaltrato, que se reforme esta norma.
"Por miedo o presionadas, muchas no quieren declarar y la dispensa se vuelve un arma contra ellas"
Una comisión de juristas está estudiando la ley de enjuiciamiento criminal y cuando emita su dictamen, el Gobierno decidirá si reforma o no la dispensa.
El seguimiento y la educación
En el fondo del problema, se encuentra además la “fuerte dependencia” que tienen muchas mujeres de su agresor, que provoca que, en muchos casos, no soliciten protección y en otros vuelvan a convivir con él. Por eso, la abogada penalista Carmen Valenzuela considera que los servicios sociales, los psicólogos y la policía deberían hacer “un seguimiento más personalizado” para evitar, por ejemplo, esos lazos entre víctima y maltratador tan dañinos.
"Es necesario incidir en la educación, por lo menos para que la mujer se dé cuenta de que está siendo maltratada"
“También es necesario incidir en la educación, por lo menos para que la mujer se dé cuenta de que está siendo maltratada”, añade. Coincide con ella la jueza de violencia contra la mujer de Barcelona Francisca Verdejo, quien incide en que lo ideal sería que no se cometiera el delito. “A nosotros nos llega el caso cuando ya han sido maltratadas. Lo que habría que evitar es que se produzca la agresión”. Para ello, considera que la mejor receta es la prevención y cumplir con las medidas de sensibilización que ya prevé la ley integral.
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