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La policía preguntará a las maltratadas si sus hijos corren peligro

La medida se incluye en la reformulación del sistema de valoración de riesgo de las maltratadas

Se introducirán nuevas preguntas para afinar más la posibilidad de homicidio

Patricia Martín

Manifestación contra la violencia machista en la plaza de Sant Jaume, en noviembre del 2016.

Manifestación contra la violencia machista en la plaza de Sant Jaume, en noviembre del 2016. / FERRAN NADEU

El Ministerio del Interior presentó este miércoles a representantes de los distintos cuerpos policiales, la fiscalía, el poder judicial y demás instituciones implicadas el nuevo sistema de valoración del riesgo que ha diseñado para intentar afinar mejor cuáles de las mujeres que interponen una denuncia sufren un mayor riesgo. La reunión estaba prevista antes de que se dispararan las alarmas en septiembre, cuando en una semana murieron tres mujeres y dos niñas y tanto las primeras como la madre de las menores habían interpuesto denuncia y aún así el sistema no supo protegerlas. A este caso se añade el de la mujer fallecida en Sant Joan Les Fonts (Garrotxa) el sábado, tiroteada por su exmarido, quien tenía una orden de alejamiento.

Estos y otros homicidios ponen de manifiesto la necesidad de mejorar el sistema de protección a las maltratadas y de ahí que Interior, en los próximos días, vaya a poner en marcha un nuevo protocolo contra la violencia machista, con el que se trata de determinar con mayor precisión si una víctima y, también sus hijos, corren un riesgo alto de ser asesinados o sufrir lesiones graves.

Para ello, se reformularán los cuestionarios que rellenan las afectadas cuando interponen una primera denuncia o se reevalúa su caso, con el fin de introducir once indicadores que permitan intuir mejor a la policía que la mujer, aunque minimice el maltrato que sufre, corre un “riesgo de homicidio” elevado. Con las respuestas de las denunciantes se elabora un atestado que se remite al juez, que es quien decide si procede o no acordar medidas de protección como la orden de alejamiento o el ingreso prisión provisional.

Los menores

Según explicó la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, en un receso de la reunión, aunque la mujer sea clasificada con riesgo leve, se comunicará al juzgado que los indicadores de homicidio han resultado elevados.

Asimismo, se introducirán por primera vez preguntas  dirigidas a las mujeres que son madres sobre si temen por la vida de sus hijos o que estos sufran maltrato por parte de sus parejas o exparejas. Y es que, como reconoció Botella, hay preguntas “básicas” que hasta ahora no se hacía a las denunciantes, pese a que los niños ya son considerados víctimas de la violencia machista y contabilizados en las estadísticas oficiales. En lo que va de año han fallecido tres niños y 27 han quedado huérfanos, debido al asesinato de 39 mujeres. La policía informará al juzgado si aprecia riesgo de que los menores sean maltratados.

La formación

Como complemento a la reformulación de los cuestionarios, Interior ha cursado una instrucción a las fuerzas de seguridad del Estado para que cumplan “al máximo” los protocolos contra los malos tratos ya existentes.

Por último, de aquí a finales de año, se pondrá en marcha un plan de formación en cascada con el que se prevé mejorar la preparación de los agentes implicados en el sistema de protección. En estos momentos, 30.000 policías de los cuerpos estatales y autonómicos tienen acceso al sistema de seguimiento integral VioGén, en el que hay datos de más de 500.000 víctimas, de las cuales 56.881 tienen un perfil activo, 193 un riesgo alto y sólo 6 extremo.

Con la reformulación del sistema de valoración de riesgo, Interior prevé que suba el riesgo de algunos perfiles que figuran como medio-bajo. En cualquier caso, muchos especialistas en la lucha contra esta lacra cuestionan que la valoración dependa, en muchas situaciones, de las respuestas subjetivas que den las mujeres a un cuestionario. Juristas de distintos ámbitos piden completar estas valoraciones con informes de las unidades forenses, que debería haber en todas las provincias pero no se ha completado su implementación y, las que existen, están colapsadas.