Las asesinadas esta semana habían denunciado y el sistema falló

Uno de los principales problemas a la hora de erradicar la violencia machista es que las víctimas sufren los malos tratos en completa soledad; se culpabilizan de la situación; sienten vergüenza y raramente comparten su sufrimiento con su entorno, un médico o la policía. En lo que llevamos de año, de las 38 víctimas mortales, solo el 23% habían presentado una denuncia contra su agresor. Pero esta semana la situación se ha invertido. Tres de las asesinadas habían dado la voz de alarma en alguna ocasión a las autoridades, al igual que la madre cuyas hijas fueron acuchilladas en Castellón por su padre. Sin bien, el sistema no supo protegerlas, lo que ha puesto de manifiesto los fallos y ha multiplicado las voces de juristas y expertos que piden que se apliquen sin más dilación las medidas más importantes del Pacto contra la violencia machista.

La semana negra, que ha provocado que septiembre se convierta en el peor mes del año, comenzó en la madrugada del miércoles cuando un padre mató a sus hijas, de tres y seis años, con intención de infligir el máximo daño posible a Itziar, quien había interpuesto dos denuncias contra él y había reclamado protección, sin que su demanda fuera atendida por el juez. Ese mismo día, en Maracena, Granada, fue apuñalada Nuria Alonso, quien había acudido a los juzgados dos veces, pero el agresor en un proceso fue absuelto y otro se archivó porque Nuria retiró la denuncia. Y en Bilbao fue degollada Maguette Mbeugou, quien también había interpuesto una denuncia, que se había resuelto con una sentencia absolutoria por falta de pruebas.

Orden de protección

Sí disponía, por contra, de orden de protección Manuela C.S., apuñalada en Málaga el jueves. Si bien, su agresor se saltaba frecuentemente el mandato judicial y ambos habían vuelto a convivir.

La casuística es, por tanto, variada, pero en todas las muertes se aprecia que el sistema no supo evaluar que Iztiar, Nuria, Maguette y Manuela, tal como habían manifestado, corrían un grave peligro y debían por tanto ser adecuadamente salvaguardadas. Ante el fallo, diversos juristas han solicitado que se generalicen las unidades forenses especializadas, dado que la policía o el juez, en ausencia de esta valoración, en ocasiones asignan un riesgo bajo a mujeres que deberían proteger mejor. La ley integral ya previó la creación de estos equipos en los juzgados, pero solo hay 22, algunos muy saturados y en algunas autonomías no existen. Para paliar el problema, el Ejecutivo reclamará a las autonomías, que este año disponen de 100 millones extra gracias al pacto antimaltrato, que pongan en marcha nuevas unidades, según avanza la delegada del Gobierno en esta materia, Pilar Llop. El pacto de Estado prevé que haya al menos una en todas las provincias en un plazo máximo de dos años.  

La renovación de las estadísticas

El acuerdo también dispone que las estadísticas gubernamentales incorporen el resto de asesinatos y agresiones sexistas, más allá de las que se producen en el ámbito de la pareja. El Consejo General del Poder Judicial se ha comprometido a hacerlo, pero el Ejecutivo aún no ha dado el paso ante la “complejidad” que conlleva la recogida de datos, según argumenta Llop. Lo previsible, por tanto, es que la renovación de las estadísticas no se acometa en breve, pero la macroencuesta sobre violencia machista, que toca publicar este año, sí incorporará todo tipo de agresiones a las mujeres, tal como exige también el pacto.