ANIVERSARIO

El representante del Estado planta a Volem acollir un año después de la gran manifestación

Refugiados, activistas, Govern y ayuntamiento denuncian que el sistema de acogida está desbordado

Norma, Baker y Lamine (de izquierda a derecha) durante el acto.

Norma, Baker y Lamine (de izquierda a derecha) durante el acto. / JOAN CORTADELLAS

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Helena López / Barcelona

Baker no parece acostumbrado a los grandes auditorios y al hablar se va separando del micrófono, lo que, a ratos, dificulta oír su discurso. Oírlo, solo oírlo. Entenderlo, cuando se le escucha, es sencillo, no solo por su sorprendente catalán, pese a llevar en Catalunya solo un año y medio. Este joven sirio logró escapar de la guerra y llegar a un campo de refugiados griego, donde conoció al chico con el que vive, otro joven de Mataró que por entonces estaba en Idomeni haciendo de voluntario. Estudia cuarto de ESO en el instituto de su ciudad de acogida, y cuando termine le gustaría hacer Integración Social, para ayudar a los demás. "En septiembre volví a Grecia, quería pasar página de aquella etapa volviendo como voluntario, pero fue muy duro. Salieron demasiados recuerdos y volví mucho antes de lo que tenía previsto", explica Baker, cuyos padres aún viven de Damasco.   

El joven forma parte de la primera mesa de debate del acto "Volem acollir, un any després de la manifestació: què ha canviat?", celebrado este domingo a las 12 del mediodía en el CCCB, exactamente un año después de la multitudinaria manifestación organizada por Casa nosta, casa vostra. A su derecha, Norma Véliz, la portavoz de Mujeres Palante, relata las enormes dificultades de las mujeres latinoamericanas para encontrar vivienda una vez superada la primera fase del plan de ayuda al refugiado -a los seis meses se les acaba el derecho a techo- y las condiciones de prácticamente esclavitud que viven muchas de esas mujeres en las casas en las que trabajan haciendo tareas del hogar. "Muchas veces internas y soportando situaciones de acoso sexual, aquí, en Catalunya", subraya Véliz. A la izquierda de Baker, Lamine Seye, exmantero y miembro de la cooperativa Diomcoop, aporta el punto de vista de los africanos que llegan a Barcelona sin más alternativa que la venta ambulante ilegal, y la situación de constante persecución en la que viven.

Tras los relatos de Norma, Barek y Lamine, suben al escenario los representantes de las administraciones catalana y barcelonesa. "¿Ven esta silla vacía? Es la que representa al gobierno español, principal responsable del control de fronteras, que jamás ha querido sentarse a responder nuestras preguntas", ha señalado el conductor del acto, miembro de la plataforma Casa nostra, casa vostra. No ha acudido el delegado del gobierno español en Catalunya, Enric Millo, ni nadie enviado en su lugar. Sí estaban el teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, y al secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat, Oriol Amorós. "Por parte del gobierno español en este año no ha cambiado nada. Se siguen vendiendo armas a países que no respetan los derechos humanos y con conflictos abiertos", ha iniciado su intervención Amorós. Asens ha añadido que el Estado no solo incumple con sus obligaciones y compromisos en la acogida de refugiados, sino que invierte en instalar concertinas, levantar muros y construir vallas los 330.000 millones que reciben de las UE para la gestión migratoria. "Si no piensan acoger, que nos den ese dinero a las administraciones que sí tenemos voluntad de hacerlo", ha señalado el edil.

70% de solicitudes denegadas

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"Además de constatar que el sistema de refugio está colapsado, y que se están dando horas para iniciar la primera solicitud para dentro de cinco meses, ahora nos encontramos con un problema nuevo. España encabeza el ránking de denegaciones. Un 70% de las solicitudes de asilo son denegadas. Con lo que esas personas se encuentran de un día para otro en una situación irregular sobrevenida", ha concluido Amorós, quien -como Asens- ha defendido que su administración sí ha hecho los deberes, pese a la falta de recursos y de competencias.

En la tercera mesa de balance del primer año de la gran manifestación, Estel·la Pareja, directora de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR) y Toni Borrell, representante de Stop Mare Mortum han recordado a los muertos en el mar: 86 personas en la frontera sur intentando entrar en España solo el último año. Han denunciado las políticas de criminalización de la solidaridad, con los casos recientes de Proactiva Open Arms y de la activista Helena Maleno. "El acceso a España cada vez es más difícil, las devoluciones en caliente siguen siendo una práctica habitual", denuncia Pareja, antes de recordar otras injusticias como el archivo de la causa contra la Guardia Civil por la muerte de 14 personas en Tarajal.