La oposición pide la cabeza del presidente de Aena por el caos de El Prat

Decenas de miles de pasajeros perdieron vuelos o tuvieron que presentarse en el aeropuerto del El Prat con muchas horas de antelación soportando larguísimas colas debido al conflicto laboral de los vigilantes de Eulen sin que el Gobierno hiciera nada por evitarlo durante el primer mes. Este el diagnóstico compartido por el PSOE, Unidos Podemos, ERC y el PDCat, que también han coincidido en señalar un culpable: el presidente de Aena, José Manuel Vargas, del que han pedido el cese durante la comparecencia parlamentaria protagonizada este miércoles por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

A Vargas le han achacado, además, el haber priorizado el ahorro de costes a la hora de conceder los contratos con las empresas privadas de seguridad, propiciando el deterioro de las condiciones laborales de los vigilantes. Una bomba de relojería que ha estallado en el Prat, como puede hacerlo en el futuro en otros aeropuertos.

Ninguno de estos argumentos ha servido para que De la Serna deje caer a Vargas. Al contrario, le ha defendido sosteniendo por un lado que Aena no podía inmiscuirse en la negociación laboral de una empresa concesionaria y, por otro, que se actuó desde el primer momento, aunque desde la sombra, sin proyección en los medios de comunicación.

La Guardia Civil seguirá

La Guardia Civil seguirá En cualquier caso, el ministro se ha comprometido a mantener el refuerzo de la Guardia Civil mientras “sea necesario”. Un compromiso anunciado con la vista puesta en la nueva huelga que podría empezar el 8 de septiembre si Eulen insiste en mantener los despidos y sanciones a cuatro trabajadores.

La presencia de la Guardia Civil era necesaria por una cuestión de seguridad, “al estar la alerta antiterrorista en el nivel cuatro sobre cinco”, ha asegurado el ministro, y por el riesgo de atentado aprovechando aglomeraciones de personas “como se ha podido ver”, en referencia al atentado de la Rambla.

En cualquier caso, De la Serna se ha mostrado confiado en que con el laudo obligatorio que este jueves al mediodía dictará Marcos Peña, el árbitro nombrado por el Gobierno, quedará zanjado el conflicto laboral, dado que su incumplimiento por “alguna de las partes conlleva las sanciones previstas en la legislación”. Esta semana se constituirá también el grupo de trabajo que debe establecer "un marco global" para las condiciones laborales de los vigilantes de las empresas privadas de seguridad.