Archivada la causa penal contra cargos municipales de Santa Coloma por la reforma urbana del centro de la ciudad

Archivada. La jueza que hasta la fecha instruía la causa penal relacionada con la reforma urbana del Plan Especial de Reforma Interior ('PERI') de Santa Coloma de Gramenet, la cual investigaba a dos extenientes de Alcaldía de Urbanismo y al exdirector de Urbanismo (ahora jefe de Servicio) colomenses a raíz de una querella del vecino J. T. L., quien les acusa de prevaricación urbanística, revelación de información privilegiada y coacciones, ha decretado el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

La decisión judicial, expuesta en un auto del pasado 8 de abril del Juzgado de Instrucción núm. 5 de Santa Coloma, se fundamenta en una adhesión de la jueza a un informe donde Fiscalía pide el archivo de la causa al sostener que de la instrucción no ha quedado acreditada "la comisión de ilícito penal alguno por parte de los querellados". El pasado mes de octubre, sin embargo, la magistrada había apreciado la existencia de indicios delictivos a la hora de descartar en aquel momento el archivo de la causa, el cual había sido solicitado por los investigados.

En su escrito, la petición exculpatoria de Fiscalía critica la "indefinición" de la querella vecinal al afirmar un supuesto favorecimiento ilícito al Banco Sabadell por parte de los cargos investigados [Jordi Mas (PSC), exteniente de Alcaldía de Urbanismo y excoordinador del Área Técnica del Consorci de l'Habitatge del Área Metropolitana de Barcelona; Lidia Montero (PSC), extenienta de Alcaldía de Urbanismo; y Miquel Roig, exdirector de Urbanismo y ahora jefe de Servicio del Gabinete de Acción Territorial del consistorio]. La entidad fue propietaria de las fincas vinculadas al 'PERI'—gestionadas a través de la promotora inmobiliaria Culmia, después lo fue el fondo Oaktree Capital Management y hoy lo es el fondo Hiperion Capital Management— tras el fallecimiento del todavía anterior titular Francisco Ortega. "No se indica en la querella ni el quién, ni el cuándo, ni el qué, es decir, quién suministró información confidencial a la entidad bancaria", sostiene el Ministerio Público.

Además, Fiscalía argumenta que "no consta que exista o haya existido relación laboral" de los cargos colomenses investigados con el Banco Sabadell, de modo que considera que "no se ha acreditado por tanto un flujo entre ambas entidades (el banco y el Ayuntamiento), descartando así la "fuga de información" a la que apuntaba la acusación particular del vecino J. T. L.

Más allá de la supuesta fuga de información privilegiada, la querella pretendía probar también que el Ayuntamiento de Santa Coloma facilitó ilícitamente y sin concurso público un aparcamiento o adjudicó una finca con ilícita sobrevaloración a sabiendas de su ilicitud. Sobre estos extremos, tanto Fiscalía como la jueza de instrucción concurren en que "la inicial concesión administrativa del Ayuntamiento a favor de Banco Sabadell para un aparcamiento no llegó a aprobarse definitivamente", así como que "no consta que los querellados hayan informado favorablemente y/o votado a favor de ningún instrumento o proyecto urbanístico contrario a la normativa y a sabiendas de su injusticia".

Por último, en cuanto al supuesto delito de coacciones que también interesaba la acusación particular a partir de un corte de luz al querellante, el informe de Fiscalía sostiene que dicho corte se debe "al impago de diversas facturas, no a órdenes emitidas desde el Ayuntamiento a la compañía suministradora como forma de presión".

Consultado por este diario, el abogado del querellante, Rafael Mendoza, asegura que su cliente recurrirá el sobreseimiento provisional ante la Audiencia Provincial de Barcelona. "Del mismo modo que ganamos en apelación la nulidad de la reparcelación del 'PERI', tenemos motivos para creer que la Audiencia Provincial revocará este sobreseimiento provisional". También consultadas por este diario a lo largo de la instrucción, fuentes municipales del Ayuntamiento de Santa Coloma habían tildado la investigación de "kafkiana" por hallarse el procedimiento caducado tras haberse dilatado hasta el momento ni más ni menos que tres años. Además, desde el consistorio habían secundado la indefensión de los cargos investigados "al haberse instruido a sus espaldas sin posibilidad de que presenten prueba".

Paralelamente a la causa penal que ahora se archiva, Santa coloma ha activado a principios de este 2024 una nueva reparcelación del 'PERI', tal y como había exigido el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en la sentencía que anuló la reparcelación del 2016.

El origen de la querella vecinal

El origen de la querella del vecino J. T. L. se remonta a un corte del suministro eléctrico durante el segundo trimestre del 2019, el cual era interpretado por la querella como "coacciones" del consistorio colomense.

El vecino J. T. L. es inquilino de la finca de la C/Vistalegre, núm. 32, en torno a la cual el Tribunal Supremo le reconoció derecho a ser indemnizado (por unos 26.000 euros) al considerar este inmueble afecto —y en consecuencia, derribado a futuro— en la reparcelación urbanística de la zona en 2016. El cobro de la indemnización no se produjo y el vecino entiende que el consistorio, que le ofreció realojarlo —alternativa que considera inviable porque vive actualmente en Perú—, trató de coaccionarle para que abandonara la finca —todavía hoy a su disposición— cortándole la luz.

Precisamente sobre esa indemnización entiende el Ayuntamiento de Santa Coloma que redunda el interés tras la querella. "El objetivo de esta acción ya sabemos cuál es: que el consistorio ceda y pague más por algo que los Servicios Técnicos no consideran que haya que pagar más; quizás por eso la querella se dirija contra un técnico", afirmaron fuentes municipales a este diario.

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