Piden el archivo de su causa los cargos de Santa Coloma investigados por la reforma urbana del centro

Los cargos municipales del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet investigados en relación a la reforma urbana del centro de la ciudad catalana, la cual se desarrolla desde hace décadas a través del denominado Plan Especial de Reforma Interior ('PERI'), han solicitado el archivo de la causa judicial que instruye el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Santa Coloma a raíz de la querella de un vecino que les acusa de presuntos delitos de prevaricación urbanística, revelación de información privilegiada y coacciones.

En su recurso, fechado el pasado 8 de junio y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la defensa de los investigados (Jordi Mas, Lidia Montero y Miquel Roig, extenientes de Alcaldía de Urbanismo y actual director de Urbanismo, respectivamente) solicita el archivo de las actuaciones judiciales afirmando la nulidad de la prórroga de la instrucción acordada por la jueza hasta el pasado 11 de enero de este 2023.

Una jueza cita a declarar en plena campaña a cargos de Santa Coloma por la reforma urbana del centro

Siguiendo esa línea argumental, la defensa de los investigados sostiene que la instrucción terminó el 11 de julio del 2022, por lo que considera "extemporánea" y consecuentemente "nula" la prórroga acordada por la jueza hasta el pasado 11 de enero del 2023.

La defensa, por lo tanto, argumenta que la declaración judicial de los investigados, adelantada por este diario en plena campaña de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo (sobre la que iba a versar un Pleno extraordinario que se anuló por un pacto PSC-Ciudadanos), tampoco tiene validez, pese a que la comparecencia judicial prevista efectivamente tuvo lugar el pasado 22 de junio. La jueza, sin embargo, consideró que la citada declaración era oportuna porque, pese a practicarse fuera del plazo de instrucción, se acordó antes de la finalización del mismo.

En respuesta a las preguntas formuladas por la magistrada, los investigados defendieron la legalidad del 'PERI' de Santa Coloma, negando cualquier posible trato de favor al Banco Sabadell, tal y como acusa la querella, así como esgrimieron, en la línea de la respuesta oficial del Ayuntamiento de Santa Coloma, la licitud del planeamiento urbanístico pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya tumbó en noviembre del pasado 2022 su última reparcelación, decisión que el querellante considera piedra angular del caso.

El horizonte inmediato del caso no prevé la práctica de nuevas diligencias y está por ver qué posición adopta Fiscalía, bien favorable a una acusación penal, bien favorable a un archivo. El querellante, que insiste en la responsabilidad penal de los investigados y mantiene que entre el consistorio colomense y el Banco Sabadell se produjeron tratos de favor, solicitó una nueva prórroga de la instrucción que la jueza denegó a expensas de lo que decida sobre ello finalmente la Audiencia Provincial de Barcelona.

El origen de la querella vecinal

La acción penal a la que hace referencia la citación judicial del pasado 22 de junio fue interpuesta por el vecino J. T. L., quien acusó a los cargos municipales del Ayuntamiento de Santa Coloma de ser presuntamente responsables de los citados delitos en relación a su actuación relativa al Plan Especial de Reforma Interior de Santa Coloma Vella II (PERI II).

El punto de inflexión para que el ciudadano ejerciera la acción fue un corte del suministro eléctrico durante el segundo trimestre del 2019, el cual es interpretado por la querella como "coacciones" del consistorio colomense: “Una maniobra de presión sobre los legítimos derechos”, relata el texto.

El vecino J. T. L. es inquilino de la finca de la C/Vistalegre, núm. 32, en torno a la cual el Tribunal Supremo le reconoció derecho a ser indemnizado (por unos 26.000 euros) al considerar este inmueble afecto -y en consecuencia, derribado a futuro- en la reparcelación urbanística de la zona en 2016. El cobro de la indemnización no se ha producido y el vecino entiende que el consistorio, que le ofreció realojarlo -alternativa que considera inviable porque vive actualmente en Perú-, trató de coaccionarle para que abandonara la finca -todavía hoy a su disposición- cortándole la luz.

Precisamente sobre esa indemnización entienden desde el Ayuntamiento de Santa Coloma que redunda el interés tras la querella. "El objetivo de esta acción ya sabemos cuál es: que el consistorio ceda y pague más por algo que los Servicios Técnicos no consideran que haya que pagar más; quizás por eso la querella se dirija contra un técnico", afirmaron fuentes municipales a este diario, incidiendo en que la acusación "hace referencia a hechos del 2016" y que "la jueza ha tardado tres años en citar a declarar".

Los presuntos tratos de favor

Más allá de las coacciones, el núcleo de la acusación particular de J. T. L. es el presunto delito de prevaricación urbanística del artículo 320.2 del Código Penal, que castiga con prisión de hasta cuatro años, multa e inhabilitación a las autoridades o funcionarios públicos que voten a favor de la aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico “a sabiendas de su injusticia”.

Para afirmar esa “injusticia” tipificada penalmente, la querella expone presuntos tratos de favor del Ayuntamiento de Santa Coloma al Banco Sabadell, anterior propietario de las fincas -gestionadas a través de la promotora inmobiliaria Culmia- (después lo fue el fondo Oaktree Capital Management y hoy lo es el fondo Hiperion Capital Management) tras el fallecimiento del todavía anterior titular Francisco Ortega.

Esos presuntos favores se afirman a través de acciones tales como “facilitar ilícitamente y sin concurso público” un aparcamiento; “adjudicar una finca con ilícita sobrevaloración a sabiendas de su ilicitud”; o “facilitar vías de información privilegiada” a través de profesionales que, según relata el texto de la acción penal, trabajaron para la entidad bancaria después de hacerlo para la administración local, escenario que le habría granjeado a la entidad bancaria una ventaja competitiva para adquirir en septiembre del 2015 tres fincas sobre las cuales poco después (en diciembre del mismo año) se aprobaría la posibilidad de edificar.

En relación a su implicación en la acusación, fuentes del Banco Sabadell afirmaron que la promotora Culmia, la cual gestionaba las fincas implicadas en la reforma urbana colomense, actualmente ya no es propiedad de la entidad bancaria y que desconocen los pormenores de las pesquisas porque "nosotros no estamos acusados ni investigados; de hecho, en todo caso podríamos ser perjudicados".

Lee todas las noticias de Santa Coloma de Gramenet en EL PERIÓDICO Santa Coloma

Suscríbete para seguir leyendo