Una jueza cita a declarar en plena campaña a cargos de Santa Coloma por la reforma urbana del centro

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Santa Coloma de Gramenet ha citado a declarar a los tres cargos municipales contra los cuales se querelló un vecino particular, en relación a la reforma del casco antiguo en el centro urbano colomense, por presuntos delitos de prevaricación urbanística, revelación de información privilegiada y coacciones.

La citación se produce a través de una providencia a la cual ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que fue resuelta por la magistrada Irene Fernández Ros el pasado 4 de mayo y que ha sido notificada este mismo lunes 15 de mayo, ya en plena campaña de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

En ella, la jueza determina que el próximo 22 de junio a las 10:00 h deberán declarar Jordi Mas (PSC), exteniente de Alcaldía de Urbanismo y ahora coordinador del Área Técnica del Consorci de l'Habitatge del Área Metropolitana de Barcelona; Lidia Montero (PSC), actual tenienta de Alcaldía de Seguridad Ciudadana y extenienta de Alcaldía de Urbanismo que no concurrirá a las municipales del próximo 28 de mayo; y Miquel Roig, actual director de Urbanismo del consistorio y anterior jefe de Servicio del Gabinete de Acción Territorial.

Extracto de la citación judicial de los cargos de Santa Coloma querellados por la reforma urbana del centro.

La querella del particular, a la cual también ha accedido este diario, fue admitida a trámite con el beneplácito de Fiscalía hace más de dos años, en noviembre del 2020, cuando dio comienzo la instrucción judicial con los primeros requerimientos de prueba documental. Fuentes conocedoras del caso subrayan que la defensa del querellante solicitó que se reactivara el expediente judicial en diciembre del pasado 2022 y en enero de este 2023.

Tal es la complejidad de la causa que la jueza, a través de un auto judicial, había prorrogado la instrucción hasta el pasado 11 de enero. Pese a que no ha vuelto a prorrogarse formalmente, la instrucción sigue hoy abierta a la espera de escuchar a los querellados el próximo 22 de junio, sin que Fiscalía haya emitido por el momento calificación penal de los hechos.

Consultadas por este diario, fuentes municipales del Ayuntamiento de Santa Coloma consideran que la querella "quedará en nada porque no tiene recorrido ni fundamento" y que "responde a un evidente interés político del querellante: lo reactivan ahora, en plena campaña, y también lo reactivaron en la campaña de las autonómicas del 2021 [se refieren en un reportaje del diario Público]", señalan fuentes del consistorio.

Un corte de luz, punto de inflexión

La acción penal a la que hace referencia la citación judicial fue interpuesta por el vecino J. T. L., quien acusa a los cargos municipales del Ayuntamiento de Santa Coloma de ser presuntamente responsables de los citados delitos en relación a su actuación relativa al Plan Especial de Reforma Interior de Santa Coloma Vella II (PERI II).

El punto de inflexión para que el ciudadano ejerciera la acción fue un corte del suministro eléctrico durante el segundo trimestre del 2019, el cual es interpretado por la querella como "coacciones" del consistorio colomense: “Una maniobra de presión sobre los legítimos derechos”, relata el texto.

El vecino J. T. L. es inquilino de la finca de la C/Vistalegre, núm. 32, en torno a la cual el Tribunal Supremo le reconoció derecho a ser indemnizado (por unos 26.000 euros) al considerar este inmueble afecto -y en consecuencia, derribado a futuro- en la reparcelación urbanística de la zona en 2016. El cobro de la indemnización no se ha producido y el vecino entiende que el consistorio, que le ofreció realojarlo -alternativa que considera inviable porque vive actualmente en Perú-, trató de coaccionarle para que abandonara la finca -todavía hoy a su disposición- cortándole la luz.

Precisamente sobre esa indemnización entienden desde el Ayuntamiento de Santa Coloma que redunda el interés tras la querella. "El objetivo de esta acción ya sabemos cuál es: que el consistorio ceda y pague más por algo que los Servicios Técnicos no consideran que haya que pagar más; quizás por eso la querella se dirija contra un técnico", agregan fuentes municipales de la administración colomense, que inciden en que la acusación "hace referencia a hechos del 2016" y que "la jueza ha tardado tres años en citar a declarar".

El PERI II es el plan urbanístico cuya tramitación lleva anquilosada en la ciudad más de dos décadas hasta derivar en un conflicto social abierto entre el Gobierno municipal (PSC), que impulsa la reforma urbana contra la “degradación” del centro colomense, y la plataforma vecinal Salvem el Barri Antic de Santa Coloma (próxima a la CUP), contraria al cambio urbano alegando defender el casco antiguo como patrimonio histórico local.

El último episodio de la pugna tuvo lugar en enero, cuando por orden de la alcaldesa Núria Parlon (PSC) los Mossos d’Esquadra 'desokuparon' -tras cinco años de 'okupación'- un inmueble en la Plaza de la Vila colomense, simbólico por su proximidad al consistorio, que fue derrocado durante los días posteriores. El derribo se enmarcó en la última reparcelación del citado plan urbanístico (2016), hoy anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC)a la espera de que se resuelva el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Santa Coloma.

Presuntos tratos de favor

Más allá de las coacciones, el núcleo de la acusación particular de J. T. L. es el presunto delito de prevaricación urbanística del artículo 320.2 del Código Penal, que castiga con prisión de hasta cuatro años, multa e inhabilitación a las autoridades o funcionarios públicos que voten a favor de la aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico “a sabiendas de su injusticia”.

Para afirmar esa “injusticia” tipificada penalmente, la querella expone presuntos tratos de favor del Ayuntamiento de Santa Coloma al Banco Sabadell, anterior propietario de las fincas -gestionadas a través de la promotora inmobiliaria Culmia- (después lo fue el fondo Oaktree Capital Management y hoy lo es el fondo Hiperion Capital Management) tras el fallecimiento del todavía anterior titular Francisco Ortega.

Esos presuntos favores se afirman a través de acciones tales como “facilitar ilícitamente y sin concurso público” un aparcamiento; “adjudicar una finca con ilícita sobrevaloración a sabiendas de su ilicitud”; o “facilitar vías de información privilegiada” a través de profesionales que, según relata el texto de la acción penal, trabajaron para la entidad bancaria después de hacerlo para la administración local, escenario que le habría granjeado a la entidad bancaria una ventaja competitiva para adquirir en septiembre del 2015 tres fincas sobre las cuales poco después (en diciembre del mismo año) se aprobaría la posibilidad de edificar.

En relación a su implicación en la acusación, fuentes del Banco Sabadell afirman a este diario que la promotora Culmia, la cual gestionaba las fincas implicadas en la reforma urbana colomense, actualmente ya no es propiedad de la entidad bancaria y que desconocen los pormenores de las pesquisas porque "nosotros no estamos acusados ni investigados; de hecho, en todo caso podríamos ser perjudicados".

El porqué de la complejidad de la causa

La prórroga de la instrucción del caso y la complejidad del mismo a la que alude la propia jueza son una elocuente muestra del laberíntico entramado urbanístico en que consiste el PERI II de Santa Coloma.

En noviembre del pasado 2022, tal y como informó este diario, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJ) dejó sin efecto no el plan urbanístico en sí, sino su última reparcelación del 2016. El Ayuntamiento de Santa Coloma recurrió la resolución en casación y el Tribunal Supremo todavía no la ha resuelto.

En ese otro proceso (contencioso-administrativo) al margen de la querella (penal), el origen fue una demanda de cinco de los doce vecinos afectados por la reparcelación que no estaban de acuerdo con las indemnizaciones compensatorias propuestas por el consistorio a cambio de disponer de sus fincas. “El problema es que el Ayuntamiento no ha querido sentarse a negociar con cinco vecinos”, afirmó entonces el abogado Rafael Mendoza, que también defiende al querellante J. T. L., a su vez uno de los vecinos discordantes con las indemnizaciones.

En la querella, Mendoza -quien participó en la aprobación del primer PERI como concejal de ICV en Santa Coloma y ahora integra como independiente la lista de Dolors Sabater (Guanyem) en Badalona- critica la ausencia de un texto refundido que unifique las múltiples modificaciones del planeamiento urbanístico, del que cita ni más ni menos que 14 modificaciones entre los años 2000 y 2017.

El PERI fue aprobado por el Pleno municipal colomense en 1999 -Gobierno socialista con Manuela de Madre al frente-, pero no fue hasta la Junta de Gobierno local del 18 de octubre del 2016 cuando el proyecto de urbanización se aprobó definitivamente para hacerse efectivo. Entre sus actuaciones destaca la construcción de un edificio de 12 plantas -a medio construir- en el cruce de la ampliación del nuevo tramo del paseo de Mossén Jaume Gordi.

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