El Gobierno abre la puerta a poner más dinero contra la hepatitis C

La primera cumbre del nuevo ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, con sus homólogos de las comunidades autónomas, dejó sobre la mesa el tema más espinoso que debía abordar: quién va a pagar la factura de los nuevos fármacos milagrosos contra la hepatitis C. Andalucía y Asturias, los únicos ejecutivos regionales en manos del PSOE, propusieron la creación inmediata de un fondo estatal en la línea de lo que dicen las asociaciones de enfermos. El Gobierno abrió la puerta a su colaboración, pero aplazó la decisión hasta una nueva cumbre a celebrar en marzo, una vez el comité de expertos haya fijado a qué enfermos se suministran los medicamentos, se sepa cuántos son y qué costarán definitivamente los tratamientos.

En esa nueva reunión del Consejo Interterritorial de Salud, que sería monográfica, lo más probable es que el Gobierno acabe accediendo a aportar fondos adicionales. Alonso ha venido sosteniendo y ayer lo mantuvo, que las autonomías pueden afrontar en solitario sin problemas el pago de los nuevos fármacos con los criterios de dispensación que están vigentes que podrían beneficiar entre 5.000 y 7.000 pacientes, según los cálculos ministeriales, pero admitió que si con los nuevos criterios dictados por el comité científico «se superan esos 7.000» tratamientos «se crearía un problema de sostenibilidad financiera del sistema sanitario que habrá que afrontar».

LA NEGOCIACIÓN

La cifra rebasará ese umbral con toda seguridad, dado que las estimaciones de los hepatólogos situaban en 30.000 el número de enfermos de hepatitis C en un estado avanzado que necesitan recibir de modo urgente la nueva medicación. El único factor que puede amortiguar el aumento del coste es que en la negociación que ahora mantiene el ministerio con las farmaceúticas sobre otros tres nuevos medicamentos que son aún más eficaces se consiga una rebaja sustancial del precio.

En esta negociación radica unas de las claves para entender el retraso en la toma de decisiones. El Gobierno, pero también las autonomías, parecen querer ganar tiempo hasta que se consigan unos precios más asequibles. El Ejecutivo tampoco quiere comprometer un fondo específico porque eso le debilitaría en las negociaciones. Según avanzó el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, el coste medio de un tratamiento de 12 días, que es el habitual, es de 43.500 euros. Más de 300 millones de euros para 7.000 enfermos, que de subir a 30.000 superarían los 1.300 millones.

PRESIONES

Alonso volvió a advertir contra «la irresponsabilidad de verter toda la presión en quienes están sentados en la mesa y no en otros», en referencia a las farmacéuticas. Cuando esté listo el plan de los expertos, aseguró, se pagará «lo que cueste, pero no lo que algunos quieren que cueste».

El conseller catalán de Salut, Boi Ruiz, salió muy satisfecho del consejo al interpretar que en la próxima cumbre se iba a abordar de modo global la sostenibilidad del sistema sanitario, como lleva años reivindicando la Generalitat. «Todos los ministros se habían negado hasta ahora de esto», enfatizó, aunque luego Alonso le respondió que solo se abordará la cuestión financiera derivada del coste del nuevo plan de la hepatitits C. La revisión de la financiación sanitaria deberá esperar algo más.

EL RETO DE BOI RUIZ  

Salvo en la cuestión de la financiación, los consejeros autonómicos cerraron filas con el ministerio. Todos elogiaron la elaboración del plan nacional contra la hepatitis C y aún más la de poner a éste en manos de prestigiosos expertos. Los consejeros también se unieron contra médicos y enfermos que han denunciado que los gerentes de los hospitales niegan por motivos económicos los tratamientos prescritos por los facultativos. «Los consejeros me han garantizado que se atiende a todos en base a los criterios vigentes», declaró Alonso. Especialmente vehemente fue Boi Ruiz, quien a la salida retó a demostrar que eso ocurre en Catalunya. «Que vengan a mi despacho y me lo digan. Entonces actuaré, pero nadie ha venido», respondió.