La fiscalía rebaja la petición de inhabilitación para el exalcalde de Sabadell de 2 años a 7 meses

El ministerio fiscal ha reducido de 2 años a 7 meses la petición de inhabilitación para el exalcalde de Sabadell Manuel Bustos en caso de presuntos sobornos del exconcejal del PP Jordi Soriano a empresarios de la ciudad. Se trata de la pieza 33 del 'caso Mercuri', que también sienta en el banquillo de los acusados al exjefe de la Policía Municipal, Josep Miquel Duran, y al exjefe de Urbanismo Manuel Somoza. A finales de juicio, la fiscal ha destacado que los acusados no cumplieron con el deber de perseguir el delito, conocido a través de un lápiz de memoria que contendría un archivo de sonido en el que se relatarían las presiones de Soriano a empresarios por tener tratos de favor a cambio de dinero. La petición de rebaja de pena también se aplica a los otros dos acusados.

Los hechos se remontan al 2010, concretamente entre el 19 de marzo y el 2 de junio, cuando Manuel Bustos, en ese momento alcalde de Sabadell (PSC), tuvo conocimiento, según el escrito de Fiscalía, de que el entonces concejal portavoz del PP, Jordi Soriano, estaría recibiendo comisiones de empresarios por conseguir adjudicaciones en obras públicas.

Hubiera sido el tío de Bustos y presidente del Gremio de Constructores del Vallès, Melquíades Garrido, quien habría informado al exalcalde de esta situación, tras recibirla de un empresario, José Ríos, en formato de grabaciones en un lápiz de memoria. Ríos habría querido realizar unos vertidos de tierras con camiones de su empresa, Excavallès, en unos espacios destinados a ubicar tierras procedentes de la obra pública de la ronda Oeste de la ciudad.

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Los inspectores habrían privado el acceso de los camiones, y Ríos habría asegurado que tenía contactos en el Ayuntamiento, que "tenía mano", y que acabaría salirse con la suya. Los mismos abrieron un expediente por vertidos sin licencia.

Una vez le llegó la situación, según el escrito de Fiscalía, Bustos habría trasladado estos datos al jefe del área de Urbanismo del Ayuntamiento, Manuel Somoza, con quien habría acordado, según el ministerio fiscal, "silenciar a los hechos" y no emprender ninguna actuación que permitiera investigar y perseguir el supuesto delito.

Concretamente, Bustos y Somoza se reunieron el 3 de junio de 2010 con Ríos, en un encuentro en el que también participó el entonces jefe de la Policía Municipal, Josep Miquel Duran, y el responsable de la asesoría jurídica del consistorio, Marcel Galofré. El argumento para atraer a Ríos habría sido el acta que levantada por el vertido de tierras y la apertura de un expediente de legalidad urbanística.

En la reunión se abordó la relación que habría relatado Ríos con un cargo electo, según el escrito Jordi Soriano, pidiéndole explicaciones de por qué estaba acusándole, y amenazándole de que sería mejor no remover el tema "por los sus intereses empresariales en Sabadell", según el escrito de Fiscalía. Esto habría disuadido al hombre de hacer público los hechos, por lo que el Ayuntamiento no hizo ningún movimiento para perseguir las presuntas irregularidades, e incumpliendo, así, su deber como representantes públicos conocedores de una irregularidad, siempre según el ministerio fiscal.

Por todo ello, tanto la Fiscalía como la acusación de la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció pedían de entrada una pena de inhabilitación de cargo público para Bustos, Duran y Somoza de 2 años, que ha terminado reduciendo a 7 meses.

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El lápiz de memoria

La fiscal ha sido la primera en intervenir en la última sesión del juicio y con una larga exposición, destacando la rebaja de petición de penas de inhabilitación. En su relato, ha destacado la confirmación probada con base en las declaraciones de los acusados y de los testigos, así como de las escuchas telefónicas, de los hechos delictivos probados, como las conversaciones entre Somoza y el entonces concejal del PP Jordi Soriano, supuesto responsable de los contactos entre empresarios y ayuntamiento.

Todo lo ha hecho girar en torno al lápiz de memoria que Bustos recibió de manos de su tío y presidente del Gremio de Constructores del Vallès, Melquíades Garrido, donde habría informaciones relativas al trato de favor que el empresario José Ríos. "Resulta ilógico que si el señor Bustos dice que no podía acceder al contenido del lápiz de memoria no hablara con su tío para obtener una copia y se lanzara a convocar a un ciudadano a una reunión en la que estaba presente el máximo responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y de la Policía Municipal", ha relatado la fiscal.

Sin embargo, ha destacado que el lápiz de memoria no se ha encontrado entre los cientos de documentos registrados en los registros de noviembre de 2012 tanto en domicilios como puestos de trabajo y el propio Ayuntamiento de Sabadell. "Solo tenemos un audio que queda alojado en el ordenador de Melquíades Garrido", ha destacado.

"Los acusados, al saber que Soriano estaba recibiendo sobornos, decidieron de forma intencionada disuadir a José Rios, planificar una reunión con un pretexto para trasladarle el mensaje y lograron su objetivo, Ríos se deshizo del material que podría tener y no llegó a un órgano judicial, evitando perseguir una conducta delictiva", ha concluido la fiscal. En este sentido, ha destacado que precisamente Soriano es el elemento clave del entramado, y que protagoniza la pieza principal del caso Mercurio, la número 1.

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La acusación popular

En una exposición mucho más breve que la de la fiscal, el abogado de la acusación popular, la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, Raúl Garcia Barroso, consideró que ha quedado desvirtuada la versión de Bustos, que aseguraba no haber accedido al contenido del lápiz de memoria, porque hay pruebas que demuestran que contactó con Soriano una vez conocida la existencia del dispositivo. Además, destacó que el intendente Duran se presentó en la reunión con Ríos vestido con el uniforme policial y armado, lo que intimidó y "provocó miedo" al empresario, que desembocó en la destrucción del material ya disuadirle de hacer públicas sus relaciones y tratos de favor.

La defensa de Bustos reclama la absolución

El abogado de Bustos, Marc Manjarín, reclamó la absolución del exalcalde, de entrada por el tiempo que ha pasado desde los hechos, hace 14 años, y que llevó a imprecisiones en las declaraciones de acusados y testigos. También ha asegurado que muchas de las evidencias presentadas se han obtenido a posteriori, a partir de materiales e información que no tenían los acusados en los momentos de los hechos y que han ido sumándose sobre todo en el marco de investigación de la pieza principal del 'caso Mercuri'.

"Se quería presumir de que el señor Bustos poseía una información que no tenía a su alcance en aquellos momentos", ha destacado el letrado, asegurando que habría vínculos y datos que el exalcalde no conocería en el momento de los hechos. La jurisprudencia, ha dicho, exige la existencia de indicios razonables y el conocimiento de la existencia de un posible delito, pero "no se puede pensar que los datos referidos a un simple rumor fueran suficientes para activar el deber de perseguir delitos por parte del alcalde".

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