Rubí adquirirá viviendas para destinarlas al alquiler social

Rubí se acogerá a una línea de ayudas económicas de la Generalitat para adquirir viviendas de grandes propietarios procedentes de procesos de ejecución hipotecaria para destinarlas al alquiler social.

Así lo ha anunciado la concejala de Servicios a las Personas, Marta García, que ya ha solicitado formalmente la suscripción del consistorio a estas ayudas, gestionadas por la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat, a las que pueden acogerse aquellos municipios en los que haya una gran demanda de viviendas.

Con este acuerdo, el Govern ofrece a ayuntamientos, promotores públicos y entidades sociales la posibilidad de acceder a una línea de préstamos, bonificados por el Institut Català de Finances y cuya cantidad ronda los 80.000 euros por vivienda, para adquirir inmuebles con finalidades sociales y en régimen de propiedad temporal.

Los inmuebles adquiridos mediante esta práctica deben convertirse obligatoriamente en pisos de protección oficial destinados al alquiler social. El Ayuntamiento prevé además destinar parte de estas viviendas a resolver situaciones puntuales de emergencia.

El Ayuntamiento de Rubí se plantea ejercer este derecho, conocido como derecho de tanteo y retracto y destinado a municipios con problemas de acceso a la vivienda, pero adquiriendo sólo inmuebles que cumplan una serie de requisitos.

Entre ellos, que provengan de personas jurídicas y no de particulares, que la vivienda tenga una superficie útil mínima de entre 65m² y 70m², que no esté ocupada y que no requiera rehabilitación.

Ampliar la oferta de alquiler social

Marta García asegura que esta línea de préstamos bonificados “permitirá conseguir más viviendas y complementar la dotación económica ya prevista para adquirir en estos años 5 inmuebles destinados al alquiler social”.  

El objetivo del consistorio, dice García, es “explotar todas las vías posibles para continuar ampliando el parque de viviendas sociales de Rubí” y se complementará a su vez con trabajos en otras líneas para conseguir movilizar los pisos vacíos pertenecientes a las entidades bancarias a través de cesiones temporales y voluntarias.

Actualmente, el Parque Social de Vivienda de Alquiler de Rubí es de 327 viviendas en total, según datos del Observatori de l’Habitatge, 149 de las cuales son viviendas municipales, 178 de alquiler pero pertenecientes a otras administraciones –IMPSOL, INCASOL o AHC) y 85 más que son viviendas de alquiler social propiedad de entidades financieras.

Además, otras 85 forman parte de la Bolsa de mediación social gestionada por PROURSA, que también ha tramitado 10 contratos más del mercado privado. De las más de mil viviendas, 525 reciben ayudas al alquiler del Ministerio de Fomento y 195 de la Generalitat.

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