El fiscal general cercado: dos reveses judiciales y una petición de cese en el Senado

Álvaro García Ortiz enfrenta una etapa especialmente complicada al frente de la Fiscalía General del Estado. Su cuestionada confirmación como fiscal general por el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez surgido del 23-J no contó con el aval de idoneidad por parte del Consejo General del Poder Judicial por primera vez en democracia. Tras varias polémicas relacionadas con su dirección del Ministerio Público en causas de relevancia --caso Tsunami e investigación a Carles Puigdemont en el Supremo--su primera semana de mayo ha comenzado con dos importantes reveses judiciales y con la certeza de que el PP hará valer este miércoles su mayoría absoluta en el Senado para exigir su cese.

La decisión que adoptará la cámara alta no tiene virtualidad alguna, pero ahonda en una imagen de desprestigio que viene siendo alimentada desde amplios sectores de la carrera fiscal y judicial y también desde la oposición política. Entre las "razones más que sobradas" que sostiene el PP para reclamar su cese, destaca que Álvaro García Ortiz se ha negado hasta en dos ocasiones a informar al Senado sobre la ley de amnistía al insistir en que carece de competencia para emitir informes sobre proposiciones de leyes que hallen en tramitación en sede parlamentaria.

De hecho, en el último Consejo Fiscal, celebrado el pasado día 25, se incluyó un punto del orden del día relativo a esta norma después de que seis vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales, de corte conservador, forzaran discutir este asunto. Pero el resultado fue el mismo, Álvaro García rechaza realizar un informe y argumenta que este órgano tiene entre sus funciones la de informar sobre anteproyectos de ley, pero la amnistía se está tramitando como proposición de la ley del PSOE y sus socios, por lo que la consulta a los fiscales no es preceptiva.

Investigación de las filtraciones

Para exigir su cese, el PP en el Senado también censura las "filtraciones" por parte de la Fiscalía de Madrid en relación con la pareja de Isabel Díaz Ayuso "al revelar en un comunicado conversaciones y correos electrónicos cruzados" relacionados con el pacto que el empresario Alberto González Amador propuso para evitar llegar a juicio por defraudar a Hacienda.

Precisamente este lunes, la víspera de la discusión de la moción sobre García Ortiz en el Senado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hizo público que investigará por revelación de secretos a los fiscales presuntamente responsables de la emisión de la nota de prensa en la que se incluía dicha información.

La decisión de los magistrados contradice la postura de la propia Fiscalía, que fue necesario adoptar tras una tensa reunión de la Junta de Fiscales de Sala. El cónclave del máximo órgano consultivo de la carrera fiscal vino obligado por una decisión previa disconforme con la posición que sus superiores impusieron a María de la O Silva, a quien le correspondió elaborar el informe inicial y que pretendía indagar en correos internos para conocer de quien partió la orden para elaborar la polémica nota de prensa.

Por si fuera poco, también el Tribunal Supremo ha puesto esta semana en la picota al fiscal general y ha cuestionado su política de nombramientos al anular el nombramiento de su antecesora como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. La decisión obliga al Consejo Fiscal pueda pronunciarse sobre si concurría algún tipo de incompatibilidad con su desempeño por ser la esposa del exjuez y ahora abogado, Baltasar Garzón, cuya labor profesional está muy ligada al ámbito del que venía siendo responsable desde hace casi un año a través de la Fundación FIGBAR.

Lo relevante es que llueve sobre mojado. La decisión la ha adoptado la misma Sala que el pasado mes de noviembre anuló el ascenso a la cúpula fiscal de Dolores Delgado, llegando decir que con esta decisión Álvaro García Ortiz incurrió en "desviación de poder". 

Idoneidad cuestionada

La elección de García Ortiz al frente de la Fiscalía General ha sido cuestionada desde que en julio de 2022 sustituyó a Dolores Delgado cuando ésta cesó por enfermedad. Entonces el Consejo del Poder Judicial se fracturó a la hora de otorgarle el aval de idoneidad y un total de siete vocales del sector conservador aludieron a su participación en actos que han creado "una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia e imparcialidad de la institución que ha de dirigir".

Se referían concretamente a la participación de García en un acto organizado por el PSOE de Galicia en 2019 que, según los vocales conservadores "no consistió en un debate de ideas en el marco de una actividad académica, sino de una entidad (un think tank) cuya razón de ser es proporcionar sustento ideológico a un partido político", coincidiendo además con un periodo electoral. Ello hacía al entonces candidato "incompatible con la neutralidad política que cabe esperar de un miembro del Ministerio Fiscal".

Por parte Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecía García Ortiz, se calificó de "alarmante y perturbador" que el órgano de gobierno de los jueces se inmiscuyera con su análisis en la autonomía del Ministerio Fiscal. La situación se agravó el pasado noviembre, después de que el nuevo titular de Justicia, Félix Bolaños, decidiera mantenerle al frente de la Fiscalía General: el nuevo dictamen directamente le tachó de no idóneo pese a cumplir los requisitos legales.

El Constitucional quiere escuchar a García Ortiz antes de abordar una revisión del sistema disciplinario para los fiscales

Otra cuestión es la propia consideración del fiscal general en la carrera. La mayoritaria Asociación de Fiscales ha venido cuestionando sus decisiones desde antes de su nombramiento, cuando desempeñaba el papel de hombre de confianza de Delgadovcomo responsable de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, especialmente por su actuación en el denominado 'caso Stampa'.

Sobre este particular, se criticaron las decisiones adoptadas desde el órgano técnico que llevaron a alargar la investigación interna a Ignacio Stampa, uno de los fiscales de la macrocausa contra el comisario José Manuel Villarejo. Dicha investigación, abierta a raíz de unas informaciones que resultaron manifiestamente falsas, sobre la especial relación del fiscal con una de las abogadas de la acusación de Podemos, fue fundamental a la hora de no otorgarle una plaza fija en la Fiscalía Anticorrupción, lo que supuso su expulsión del caso.

Contestado en el Consejo Fiscal y en el Supremo

Una vez nombrado García fiscal general, se han venido poniendo en cuestión la práctica totalidad de sus nombramientos por parte de un Consejo Fiscal cuya composición ha evidenciado la pérdida de confianza de un sector mayoritario de la carrera en la asociación Unión Progresista de Fiscales, a la que García pertenecía junto a Delgado, y que tras las últimas elecciones ha reducido a sólo dos vocales su presencia en el órgano consultivo.

Por lo que respecta a sus comparecencias públicas, el fiscal general del Estado evita pronunciarse sobre las cuestiones de trascendencia política que debe valorar su departamento, aferrándose a una necesaria "neutralidad". Sin embargo, no ha podido evitar que las controversias internas en la Fiscalía trasciendan a la opinión pública, debido sobre todo a que el criterio final impuesto, cuya ejecución delega en su 'número 2' la teniente fiscal del Tribunal Supremo María Ángeles Sánchez Conde, viene siendo diametralmente opuesto al de los fiscales concernidos en algunos de los casos.

Así ha ocurrido tanto en el caso de la querella presentada por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid como en el procedimiento iniciado en el Tribunal Supremo contra el expresidente Carles Puigdemont por su responsabilidad en las actuaciones de Tsunami Democrátic. Un total de 12 miembros de la Junta de Fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo apreciaron terrorismo frente al criterio contrario de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que fue la postura que se adoptó finalmente en el informe elaborado por la mano derecha del fiscal general. El Supremo, sin embargo, desoyó su criterio y abrió causa a Puigdemont.