Acuerdo PSOE-ERC-Junts

Así se fraguó el pacto por la ley de amnistía: de la conexión Turull-Rovira al impacto de la Comisión de Venecia

La ley de amnistía deja fuera el enriquecimiento y el terrorismo y la alta traición en su versión más grave

¿Cómo afectan los cambios en la ley de amnistía a las causas del 'procés' aún abiertas?

DIRECTO | Ley de amnistía: última hora de los pactos entre PSOE, ERC y Junts

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Marta Rovira y Jordi Turull en una reunión en Suiza en junio de 2022

Marta Rovira y Jordi Turull en una reunión en Suiza en junio de 2022 / ACN

Carlota Camps
Quim Bertomeu
Juan Ruiz Sierra
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El 'no' de Junts a la amnistía el pasado 30 de enero fue un jarro de agua fría, pero había margen para reconducir la situación. A pesar de las malas relaciones de los últimos años, el teléfono volvió a sonar entre JxCat y ERC. Primero hubo unos días de luto y enfado por todas las partes. Después, unas elecciones gallegas que alejaron la ley del foco. Pero las negociaciones se retomaron, acompañadas de un nuevo silencio mediático. Las primeras señales de que el acuerdo podía estar cerca llegaron el pasado sábado. Los socialistas no prorrogaron la votación de la comisión de Justicia del Congreso para seguir negociando el dictamen y tampoco lo pidieron ni Junts ni ERC. En paralelo, el expresidente Carles Puigdemont, en una intervención en el marco del Consell de la República, ya daba por hecho que la ley sería una realidad.

En aquel momento, aún no había ningún texto acordado, pero se había producido lo que fuentes de Junts califican como una "pista de aterrizaje": el informe de la Comisión de Venecia, que según los posconvergentes fue una forma de convencer al PSOE para que se abriera a los cambios. Estas fuentes tuvieron la sensación de que los socialistas "jugaban al perro y al gato", diciéndoles a ellos que no podían aceptar sus cambios porque ERC no los quería, y a la inversa. Ante esta situación, JxCat planteó al PSOE si aceptaría el acuerdo al que llegara con Esquerra.

Los socialistas lo avalaron, pero aquí su versión coincide en lo fundamental y difiere en los detalles. "Hasta casi el final, hemos negociado en paralelo: con ERC y con Junts. Pero llegó un momento en el que vimos que no tenía sentido, porque eran ellos los que debían ponerse de acuerdo, así que les dijimos que lo intentaran", explica un miembro del Gobierno, que celebra que los dos partidos independentistas hayan logrado, cosa rara hasta ahora, trabajar de la mano.

"Llegó un momento en el que vimos que no tenía sentido negociar en paralelo con ERC y Junts, porque eran ellos los que debían ponerse de acuerdo", explican los socialistas

Al día siguiente, domingo, el secretario general de los posconvergentes, Jordi Turull, envió un mensaje a su homóloga en ERC, Marta Rovira. Se emplazaron a una llamada el lunes a primera hora, en la que acordaron poner en contacto a sus juristas para que cerraran técnicamente el acuerdo. Por un lado, Gonzalo Boye y Josep Pagès. Por el otro, Marta Vilaret. "En dos días cerraron el acuerdo", apuntan fuentes de JxCat, que también explican que el PSOE no puso obstáculos al ver que el redactado "jurídicamente era solvente" y que no había "ninguna animalada". "Estuvimos unas horas esperando, pero lo validaron enseguida", añaden. El pacto, explican en el PSOE, se cerró el miércoles a las seis de la tarde. Solo quedaba pactar el comunicado, que se envió poco después, a las ocho, 15 horas antes de la votación en el Congreso.

¿Reforma de "fondo" o "estética"?

Desde Junts aseguran que el "objetivo era compartido por todos" y que las distintas partes querían el acuerdo. Sin embargo, las interpretaciones de cada uno son diferentes. Los posconvergentes hablan de reforma de "fondo". "Ni estética, ni superficial. Hemos desconectado de los límites del Código Penal", señala el partido de Puigdemont, que calcula que la reforma blinda a entre 150 y 200 independentistas, que podrían haber sido "imputados por terrorismo". Los posconvergentes, además, sacan pecho de que su rechazo al primer texto, el pasado mes de enero, ha permitido introducir los "avisos" de la Comisión de Venecia y "afinar mucho más" las referencia al delito de malversación, separando los casos de utilización de dinero público para el procés de lo que sería "poner la mano en la caja": el enriquecimiento personal.

Para ERC, la lectura es otra. Consideran que la modificación es más "estética" que de calado, pero que se ha acabado haciendo así porque Junts necesitaba trazar un camino para virar el 'no' al 'sí' a la ley. Rovira optó por la diplomacia con una metáfora. "Hemos puesto la última gárgola en esta catedral gótica", apuntó.

Entre las dos versiones, la de que se trata de una reforma sustancial o solo superficial, los socialistas se quedan junto a ERC con esta última. Pero también quieren evitar cualquier polémica y centrarse en el acuerdo en sí mismos. "En realidad, no ha habido grandes escollos. Todos compartíamos una finalidad: incluir a todos los independentistas, porque no creemos que hayan cometido ningún delito que no sea amnistiable", explican.

Si algo ha cambiado en esta negociación respecto a las anteriores, es que Junts y ERC han podido hablar de tú a tú sin demasiados problemas, aunque no han enterrado el hacha de guerra: JxCat busca defender que los indultos quedaron cortos y que, sin su peso en el Congreso, no habría amnistía, mientras Esquerra mantiene que el texto final subre jurídicamente tanto a los encausados como el que había el 30 de enero, así que solo ha servido para "perder tiempo".

Las otras carpetas

Cuestiones relacionadas con la amnistía, pero que no formaban parte de la ley en sí misma, como la reforma del Código Penal para acotar el delito de terrorismo y la reducción de los plazos máximos de las instrucciones judiciales, no formaron parte de la negociación pura y dura, según Junts. Aun así, el partido de Puigdemont quiere abordarlas en esta legislatura, junto a la eliminación de la Audiencia Nacional

Lo que sí llegaron a plantear tanto socialistas como republicanos fue la posibilidad de establecer un compromiso por el que se aprobarían indultos para todos aquellos independentistas que quedasen fuera de la amnistía y fuesen condenados, si es que se daba ese caso. La idea fue lanzada a mediados de febrero por el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, y respaldada después por el ministro de Transportes, Óscar Puente. Pero Junts no compartía la idea. "Todavía no hay suficiente confianza para compromisos de este tipo", zanjan.

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