La Fiscalía de Madrid vuelve a pedir que se rechace la imputación de Rajoy en Andorra

Si hay algún asunto judicial que está dando vueltas en los juzgados y tribunales madrileños es la petición de cooperación judicial cursada por las autoridades andorranas para comunicar su imputación al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y a sus ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz por un presunto episodio que podría enmarcarse en la 'operación Cataluña'. Hay un procedimiento contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y otro penal en el Juzgado de Instrucción número 32, en el que la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un informe idéntico al que interpuesto hace justo un año, en el que vuelve a solicitar que se rechace la comisión rogatoria cursada por el principado, al no apreciar que reúna las suficientes garantías y considerar que los querellados puedan gozar de inmunidad.

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La fiscal delegada de cooperación internacional de la Fiscalía madrileña, Ana Cristina Sanz Álvarez, asegura que la querella tiene una "clara finalidad política" y no presenta ningún indicios contra los políticos contra los que se dirige la querella por presuntas presiones y coacciones a la Banca Privada d'Andorra (BPA) durante una visita oficial realizada al principado supuestamente para recabar información bancaria de los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Jordi Pujol Soley, así como del presidente de ERC, Oriol Junqueras.

En su informe que según fuentes fiscales reproduce el que presentó el 19 de enero de 2023, de 16 páginas, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, explica que la comisión rogatoria cursada por Andorra atribuye a los tres exdirigentes del PP los delitos investigados son: coacciones, amenazas de una mal constitutivo de delito, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de un documento falso por parte de funcionario.

"España puede y debe examinar si concurre la doble incriminación respecto a los hechos investigados, debiendo en caso de que los hechos no sean constitutivos de delito en España o no lo sean respecto a las personas querelladas" proceder a rechazar la comisión rogatoria cursada. "En el caso presente, se desconoce el contenido de las querellas y por lo tanto con exactitud cuáles son los hechos investigados", ni una resolución de admisión a trámite que hubiera "analizado el contenido de las mismas, su verosimilitud, indicios, la concurrencia de posibles causas de inmunidad de jurisdicción, de prescripción de los delitos, un análisis de los delitos que se entiendan cometidos e imputación concreta de hechos a cada querellado".

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De ahí que considere "insuficientes" los términos genéricos y mínimos en que está redactada la comisión rogatoria "para aceptar la cooperación de las autoridades judiciales españolas en la imputación de hechos tan graves como los delitos que se enumeran, sin aportar un solo elemento indiciario o hecho concreto a los querellados. De hecho hasta aprecia que lo que se les atribuye "guarda muchas similitudes con el delito de rebelión" español.

Estrecha relación con Catalunya

Añade que "la única imputación que se describe se refiere a agentes de policía española sin identificar, ni concretar y no se menciona la participación de los querellados a quienes se solicita la notificación de las querellas y requerimiento", lo que en opinión de la fiscalía demuestra "la carencia de elementos probatorios suficientes para colaborar judicialmente en la imputación de ciudadanos españoles a partir de querellas presentadas por asociaciones que si bien son andorranas es público y notorio que guardan estrecha relación con asociaciones catalanas".

E incide en que es "público y notorio" la unión entre "dichas asociaciones catalanas (Institut de Drets Humans de Catalunya y col-lectiu de juristes catalans Drets) y andorranas para la interposición de alguna de las querellas contra altos cargos políticos de España con una clara finalidad política". Lo que considera datos "reveladores de la finalidad política que late en el procedimiento penal", en el que la justicia andorrana tampoco "ha justificado por qué es competente para investigar a ciudadanos españoles" que podrían gozar de "inmunidad" por haber visitado Andorra en "misión especial o diplomática".

La representante del ministerio público destaca que los hechos investigados datan entre 2016 y 2020, años en los que Artur Mas fue condenado por el TSJC por desobediencia en 2017, Pujol estaba siendo investigado por "blanqueo y corrupción entre otros" y Junqueras había ingresado en prisión por su responabilidad en el 1-O.

"Todos estos procesos fueron llevados por órganos judiciales españoles con las debidas garantías y si tuvieron que obtenerse pruebas en Andorra se hizo desde el más absoluto respeto a los derechos fundamentales. Así ha sido corroborado por nuestros tribunales. Si las querellas van encaminadas a poner en duda la forma de obtención de pruebas incriminatorias contra las citadas personas, ha de rechazarse además por afectar al orden público español", asevera la fiscal.