La judicialización del 'procés'

El Constitucional avala la condena de Mas por el 9-N

  • El tribunal rechaza por unanimidad el recurso del 'expresident' contra los dos años de inhabilitación

  • El exlíder convergente recurrirá la sentencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Artur Mas en una imagen de archivo.

Artur Mas en una imagen de archivo. / MANU MITRU

1
Se lee en minutos
Ángeles Vázquez
Ángeles Vázquez

Periodista

Especialista en Tribunales y Justicia

Escribe desde Madrid

ver +

El Tribunal Constitucional ha confirmado la condena que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) impuso al expresidente de la Generalitat Artur Mas y las 'exconselleres' Joana Ortega e Irene Rigau por impulsar la celebración de la consulta soberanista del 9-N de 2014. Según confirmaron fuentes jurídicas, los magistrados han rechazado por unanimidad el recurso de amparo que presentó Mas para tratar de anular las penas de dos años, un año y nueve meses, y un año y medio de inhabilitación que se le impuso, respectivamente, por un delito de desobediencia. Este criterio se hará extensible a los recursos de Ortega y Rigau. Los tres fueron absueltos del delito de prevaricación del que también se les acusaba. Mas tiene previsto recurrir la sentencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Noticias relacionadas

El alto tribunal ha deliberado este miércoles la propuesta del magistrado Pedro González Trevijano, partidario de rechazar los recursos de amparo de los condenados y, por tanto, avalar su condena por desobediencia (que ya cumplió íntegramente el 23 de febrero de 2020), al haber impulsado el 9-N, pese a las advertencias del propio Tribunal Constitucional. El TC ya había confirmado la condena de Francesc Homs, que dada su condición de diputado, estaba aforado ante el Tribunal Supremo, por lo que su condena solo podía ser revisada por el tribunal de garantías.

Homs fue condenado a 13 meses de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electos y funciones de gobierno y a una multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia grave cometido por autoridad administrativa al desoír la advertencia del Tribunal Constitucional de paralizar la organización de la consulta del 9-N. En paralelo a esta pena judicial, Mas, Ortega, Rigau y Homs, así como otros seis exaltos cargos de la Generalitat, fueron condenados a devolver casi cinco millones de euros por los gastos que supuso el 9-N.