Vox registra una ley para acabar con los planes de igualdad en todas las empresas

Bajo el título "Proposición de Ley Orgánica para la protección de los derechos constitucionales de los trabajadores", Vox intentará criminalizar las huelgas empresariales, revertir la llamada 'ley Rider' y, sobre todo, acabar con los planes de Igualdad en todas las empresas. A lo largo de las 8 páginas, la formación de Santiago Abascalrecoge todas las menciones que se hacen en la legislación española a la obligatoriedad de que las empresas de 50 o más empleados tengan que elaborar un plan de igualdad.

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En la exposición de motivos apenas se hace mención a esta modificación, el partido de extrema derecha se centra en denunciar que el Gobierno "ha impulsado la elaboración de numerosas normas que vulneran abiertamente los principios que inspiran la Constitución" con el objetivo de "crear un modelo de sociedad con una ideología oficial". Todo ello a pesar de que la legislación que menciona es del año 2007. Vox finaliza asegurando que "se impone la necesidad de acometer una sanación del ordenamiento jurídico español para contribuir al progreso y al crecimiento económico".

Su receta para conseguirlo, como viene explicado en la proposición de ley que han registrado en el Congreso, es eliminar los planes de igualdad en todas las empresas. Para ello, proponen la supresión de cualquier referencia a estos en la ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y del Estatuto de los Trabajadores. Según sostienen, estos planes son un "instrumento político ineficaz y discriminatorio". La norma no saldrá adelante en ningún caso.

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Otros cambios

Vox también quiere recuperar el delito agravado de coacciones para iniciar o continuar una huelga. El artículo 315.3 del Código Penal fue suprimido en 2021 dado que implicaba una mayor criminalización de los piquetes, cuando el artículo 172 ya recoge el delito de coacciones. Además, más allá de intentar que regrese al CP, la formación de extrema derecha pretende endurecer su castigo, pasando de las penas de cárcel de un año y nueve meses hasta tres años que se contemplaban anteriormente a la pena de prisión de dos a cuatro años y seis meses.

Por último, la proposición de ley también establece la derogación de la llamada "ley Rider", que se vehiculó como una modificación del Estatuto de los Trabajadores. La norma obliga a las empresas que utilizan repartidores asalariados. Vox considera que "establece una presunción de laboralidad de la actividad de las personas que prestan servicios de reparto o distribución de productos que implica establecer barreras al mercado laboral de los repartidores, afectando tanto a su capacidad de organizar el trabajo como a su remuneración".